En un mundo que enfrenta una emergencia climática sin precedentes, la pérdida acelerada de biodiversidad y una contaminación sin fronteras, existe una crisis igualmente devastadora pero a menudo invisible: la gestión inadecuada de sustancias y desechos peligrosos. Como lo ha advertido recientemente Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos, no podemos abordar la crisis ambiental global sin entender que la degradación del medio ambiente es, ante todo, una violación directa y masiva de los derechos humanos fundamentales.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la autoridad ambiental federal actualizado a junio de 2025; existen 1,142 de estos sitios registrados en el país. Algunos son llamados eufemísticamente “zonas de sacrificio”, donde los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el medio ambiente han resultado notoriamente insuficientes. En estas zonas “de sacrificio”, se ha normalizado desde hace décadas la prevalencia de aguas, tierras y aire contaminados por desechos tóxicos y así las enfermedades, con graves afectaciones a la salud pública: cáncer, abortos espontáneos, autismo. Un caso ya famoso (por sus malas razones) y cercano: Juanacatlán y El Salto, Jalisco. Pero hay muchos más a lo largo y ancho de la geografía mexicana.
México es un país con una extensa biodiversidad, una industria importante y una población de 130.9 millones de personas según el INEGI (2026). Esto, junto con la importancia que tienen actividades como la agricultura, la minería, y la producción de hidrocarburos, genera una significativa cantidad de contaminantes y residuos peligrosos. Ello sin duda impone desafíos para el disfrute efectivo de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y también en la CPEUM (Constitución mexicana), como el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, derechos culturales; de los pueblos originarios y también al derecho a vivir en un medio ambiente saludable, libre de tóxicos. Pero precisamos con urgencia que las normas constitucionales dejen de ser solo un catálogo de buenas intenciones.
Es claro, o debería serlo, que la civilización que conocemos depende intrínsecamente de un medio ambiente sano. Así, cuando este se degrada, se vulneran derechos fundamentales tan básicos como la vida, la salud, la alimentación, el agua y el desarrollo. Por eso el reconocimiento del derecho fundamental a un medio ambiente sano, saludable y sostenible no es un lujo, sino una condición indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos. Sin embargo, la realidad en muchas regiones del mundo demuestra que este derecho sigue siendo letra muerta para las comunidades más vulnerables.
En una historia perfectamente trazable de injusticia ambiental internacional, los casos documentados son un testimonio en blanco y negro de esta realidad. En Arica (en el neoliberal Chile), la comunidad convive con 19,139 toneladas de tóxicos abandonados por la compañía sueca Boliden, lo que significa un legado de muerte y enfermedad que ha cobrado la vida de numerosos habitantes. En Costa de Marfil, el buque Probo Koala derramó residuos tóxicos que envenenaron a la población, exponiendo la terrible realidad en la que «Europa intoxica África». En la Terra dei Fuochi, Italia, la quema ilegal de desechos ha convertido vastas extensiones en cementerios ambientales. También en la Sierra Gorda de Querétaro, pero podríamos hablar del caso de la Minera México del tóxico oligarca Larrea en Cananea, Sonora y la consiguiente crisis ambiental del Río Bacanuchi-Sonora que afecta hasya hoy a miles de personas ante el inmovilismo de las autoridades, pero también de otros casos donde el manejo inadecuado e ilegal de sustancias peligrosas continúan amenazando la salud de las comunidades locales y su entorno.
Estos casos y otros muchos no son incidentes aislados. Son la consecuencia de un modelo económico que privatiza los bienes comunes, externaliza los costos ambientales y humanos y reclama cínicamente “resiliencia” a la ciudadanía, trasladando así los efectos de su actuación a terceros sin responsabilidad y afectando desproporcionadamente a diferentes grupos sociales y comunidades en situación de vulnerabilidad: pueblos originarios, ancianos, mujeres, niños y niñas, trabajadores, y comunidades empobrecidas, porque el racismo y la discriminación ambiental son una realidad que exige respuestas urgentes.
De ahí que un enfoque transversal de derechos humanos para la política pública ambiental es urgente para encontrar respuestas y soluciones, que no pueden ser meramente legales, técnicas o regulatorias. Dicho enfoque transversal debe poner a las personas y a sus comunidades en el centro de la gestión ambiental. Esto implica transparencia, garantizar el acceso a la información, la participación significativa y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú, suscrito y ratificado por el Estado mexicano y por tanto obligatorio en México desde 2018. Significa también proteger a las personas defensoras del ambiente, quienes a menudo arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y medios de subsistencia. Los principios de no discriminación, prevención, precaución y «el que contamina-paga», deben dejar de ser meras declaraciones para convertirse en pilares normativos, prácticos y de política pública. El derecho a la ciencia es igualmente crucial, pues necesitamos información veraz y accesible para tomar decisiones informadas. El papel de los estándares y acuerdos internacionales, como los Convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata, junto con el Protocolo de Montreal y las directrices de la Organización Mundial de la Salud, proporcionan un marco normativo básico y esencial.
Sin embargo, su implementación efectiva sigue siendo un desafío monumental en México. La elaboración de estándares internacionales robustos en materia ambiental es un reto pendiente, al igual que la creación de un tratado internacional vinculante sobre la contaminación por plásticos. A nivel nacional, la protección ambiental debe integrarse en todas las ramas del derecho: desde el constitucional, que consagra los derechos fundamentales y los tratados internacionales; pasando por el administrativo, que regula permisos y normas; el civil, que establece la responsabilidad por daños; hasta el penal, que debe tipificar la contaminación ilegal y el ecocidio como crímenes graves.
Los retos son inmensos y el tiempo de actuar se agota. La proliferación de sustancias químicas sintéticas, la contaminación por plásticos y microplásticos (hasta en la Antártida), la falta de estándares internacionales armonizados son solo algunos de los obstáculos. Falta en México una ley general de sustancias químicas y plaguicidas altamente peligrosos, pues existe una contaminación grave en ríos emblemáticos y tan importantes como Sonora, Tijuana, Atoyac, Lerma, Tula, Grande de Santiago y otros, acompañado de un aumento crítico en la minería de mercurio que es altamente contaminante y una saturación real e inminente de sitios contaminados.
Así, la gestión ambientalmente racional de las sustancias y desechos peligrosos no es solo un imperativo ético o una obligación legal, sino una condición para la supervivencia civilizatoria. La sociedad mexicana puede y debe exigir a nuestros gobiernos y a las corporaciones privadas que asuman su responsabilidad. La salud de nuestro planeta y la dignidad de millones de personas dependen de ello. Actuar con la urgencia que la crisis exige, porque no es viable permitir que la contaminación ambiental siga siendo un crimen silencioso. La justicia ambiental está imbricada en la justicia social, y ambas son evidentemente indivisibles
Enrique Pasilla Pineda
El Colegio de la Frontera Norte, Estancias postdoctoral.
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