La diputada federal por Tamaulipas, Rosa María González Azcárraga, y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, lanzó en días pasados la idea de que en la entidad se necesita una Secretaría de Migración. Quienes residen en la frontera, tamaulipeca en particular, saben sobre la problemática de la población migrante nacional y extranjera asentada en estas comunidades en espera de realizar solicitud de asilo o sobre la población mexicana deportada y/o devuelta por la autoridad migratoria de Estados Unidos, además de los flujos de población nacional y extranjera que transita por la entidad con el objetivo de llegar a aquel país de manera no autorizada. Sin embargo, antes de ensanchar la estructura de la administración pública estatal con una Secretaría más es conveniente pensar su propósito y alcance, además de revisar la experiencia de la instancia actual: el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.
Durante los últimos diez años gran parte de los gobiernos estatales en el país han expedido leyes, reglamentos o creado instancias de atención a migrantes o a la problemática migratoria. Es difícil precisar en términos generales sus resultados por la diversidad de propósitos con los que fueron expedidos los distintos marcos normativos o creadas las estructuras para la atención del tema. Lo que es verdad es que el alcance de leyes, reglamentos o instancias no deriva solo de las delimitaciones, desde su conceptualización, de los grupos de población beneficiada, sino también de los recursos humanos y financieros disponible y/o asignados. Se trata de voluntad política (¿o conveniencia política?) para posicionarse respecto a la problemática de movilidad de población que emigra, llega a residir, transita y/o permanece temporalmente o por periodos extendidos en la entidad.
En 2011, en la coyuntura del asesinato de 72 de migrantes y las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, se creó el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes como organismo público descentralizado, luego desconcentrado, supeditado a la Secretaría General de Gobierno. Una instancia que en distintos momentos –de acuerdo al interés político y experiencia de sus directivos– ha tenido capacidad de gestionar diversos recursos para llevar a cabo su trabajo. Un problema con esta figura es que, más allá de sus logros y apoyos concretos para personas nacionales en situación de movilidad, tiene confusiones respecto a la definición, y por tanto atención, de migrantes internacionales.
Cuando se creó el Instituto no se vislumbraba programas de control migratorio como el MPP (Migrant Protection Protocols) y quizá por ello no se revisó con detalle la definición de migrantes deportados, entendidos erróneamente en el decreto como migrantes de nacionalidad extranjera. Una noción que en el contexto del MPP y en función de la dirección del movimiento migratorio (sur-norte o norte-sur) implica atribuciones legales del ámbito federal (Ley de Migración e Instituto Nacional de Migración) o posibilidades de atención desde los ámbitos locales.
No hay duda de que el apoyo otorgado a la población migrante mexicana que transita por Tamaulipas ha sido y es importante, al igual que las actividades pensadas para la población de origen tamaulipeco residente en Estados Unidos, pero no quedan claras las tareas y/o programas de atención para personas migrantes extranjeras que en la coyuntura actual transitan o están en espera dentro del territorio estatal. De ahí que antes de sumar una Secretaría del Migrante, debe pensarse en su alcance y propósito en términos de grupos de atención, garantía de derechos humanos y competencias del ámbito estatal; además de debatirlo con la sociedad tamaulipeca, ¿Qué se buscaría? ¿A quién se querría atender? ¿Cómo se buscaría atender? ¿Cuál ha sido la experiencia y/o aprendizaje hasta ahora? Primero es conveniente responder algunas preguntas.
No hay duda de que el apoyo otorgado a la población migrante mexicana que transita por Tamaulipas ha sido y es importante, al igual que las actividades pensadas para la población de origen tamaulipeco residente en Estados Unidos, pero no quedan claras las tareas y/o programas de atención para personas migrantes extranjeras que en la coyuntura actual transitan o están en espera dentro del territorio estatal. De ahí que antes de sumar una Secretaría del Migrante, debe pensarse en su alcance y propósito en términos de grupos de atención, garantía de derechos humanos y competencias del ámbito estatal; además de debatirlo con la sociedad tamaulipeca, ¿Qué se buscaría? ¿A quién se querría atender? ¿Cómo se buscaría atender? ¿Cuál ha sido la experiencia y/o aprendizaje hasta ahora? Primero es conveniente responder algunas preguntas.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
