En 1819, tras largas negociaciones, la corona de España ratificó un tratado de límites con los Estados Unidos que establecía los dominios del monarca español en Norteamérica. Meses más tarde, en 1821, el México independiente asumió esos linderos como propios. Una de las condiciones fundamentales para la existencia del estado moderno era el territorio y España, Estados Unidos y México trataron de definirlo y consolidarlo a partir de diversas prácticas: diplomacia y tratados internacionales, exploración, elaboración de cartografías, establecimiento de puestos militares, planes de colonización y burocracia. Desde el siglo XVIII la corona española había intentado demarcar físicamente sus dominios y autorizó el establecimiento de una línea de fuertes en el septentrión novohispano. Estos puntos militares tenían la misión de ser una barrera frente a los ataques de los indios indómitos en un afán por separar a la “civilización” de la “barbarie” representada por los pueblos nativos, pero también fueron puestos de avanzada que tenían como misión ampliar el control del monarca sobre tierras que nominalmente se encontraban bajo su soberanía. Los presidios no resultaron muy efectivos en su objetivo de hacer valer la autoridad real, pero sí constituyeron marcas que delimitaban el espacio de jurisdicción efectiva de la corona. Tras la guerra México-Estados Unidos de 1848, el lindero entre ambos países se asemejó al trazo de la línea de presidios. El dominio del territorio septentrional tanto de la corona española como de la república mexicana había tenido como límite efectivo aquellos puestos militares.
La demarcación de la frontera México-Estados Unidos en 1848 modificó los territorios nacionales, lo que implicó esfuerzos gubernamentales para consolidar la nueva frontera, así también la reorganización de vínculos y redes de relaciones socioeconómicas que se volvieron trasnacionales. Estas redes podían entrar en contradicción con las medidas estatales encaminadas a controlar sus territorios pero que también se adaptaron a esas decisiones. Como el ejemplo más inmediato se puede referir a los indios apaches y comanches que tenían sus áreas de caza que incluían vastos terrenos en México y Estados Unidos pero que también robaban ganado que se integraba a una amplia red comercial en la que intervenían mexicanos y norteamericanos. La participación de indios, mexicanos y norteamericanos en el robo de ganado llegó a un punto álgido en la década de 1840 pero la práctica del abigeo y las redes comerciales permanecieron hasta finales del siglo XIX aún cuando la participación de los indios disminuyó paulatinamente debido a la decisión del gobierno norteamericano de confinarlos por la fuerza en lugares determinados.
A partir de la colonización, de la decisión de ubicar a los habitantes en ciertos lugares geográficos, de limitar la movilidad de los indios a partir de procedimientos burocráticos los gobiernos buscaban organizar el espacio para mejor controlar los recursos y a la población. En una estructura federal de gobierno como el de México a mediados del siglo XIX, dos escalas jurisdiccionales se acompañaban de ciertas ideas de soberanía local. En este ámbito se observan claramente dos formas de construir el territorio: una más bien jurídica que aspiraba a materializarse a partir del ejército, la burocracia y las políticas públicas y otra una fundada en relaciones e intereses socioeconómicos que se articulan de manera cotidiana. Los afanes estatales por acotar y definir espacios geográficos, jurisdiccionales e incluso culturales se encontraron con grupos humanos nativos y no nativos que tejían relaciones sociales y económicas anteriores a estos designios y que resistirían la injerencia del Estado en su vida cotidiana y su derecho a decidir sobre territorios que consideraban como propios.
Ana Lilia Nieto Camacho
El Colegio de la Frontera Norte
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