El artículo cuarto se limita a señalar que “La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo disponible en la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución”. Es decir, el Congreso tiene la facultad de crear esas leyes para asegurar el derecho a la salud.
Visto en retrospectiva, la adición al artículo cuarto de la Constitución, del derecho a la salud, representó el antecedente sine qua non para la formulación de la Ley General de Salud (LGS) publicada en febrero de 1984 y marca el inicio de una serie de reformas estructurales en salud en México como la descentralización de los servicios de salud, los programas de salud dirigidos a la población “pobre” como “Pronasol” e “IMSS Solidaridad”, la creación de los sistemas locales de salud para fortalecer a las Jurisdicciones Sanitarias, la ley del IMSS de 1995, la reforma de salud de 2004 que establece la creación del Sistema de Protección Social de Salud cuya figura principal fue El Seguro Popular, y a principios de 2007 la Ley del ISSSTE.
Todas estas reformas sólo pueden ser entendidas en el contexto de una política de reestructuración que lleva a la transformación de un sistema de salud de carácter predominantemente público a uno dominado por las fuerzas del mercado que no han resuelto los problemas de salud de la población en México, por el contrario, han agudizado las contradicciones y desigualdades. Este es el panorama que encuentra la nueva administración federal que iniciará sus funciones a partir del primero de diciembre próximo.
Más allá de las propuestas de campaña del partido Morena en el terreno de la salud no se vislumbra el establecimiento de principios por los cuales se regirá la nueva administración y que al mismo tiempo marquen una diferencia con la inercia que tienen hasta el momento las políticas neoliberales en salud. La dificultad de intervención estriba en la forma como está estructurado el sistema de salud.
Se habla por ejemplo, de una reestructuración del Seguro Popular e incluso de cambiar su nombre. Ciertamente este programa tiene una serie de problemas que le impiden cumplir con los objetivos para los que fue creado, como insuficientes recursos financieros, materiales, humanos, desvío de recursos, tráfico de influencias, restricciones al paquete de servicios, escasos padecimientos cubiertos por los gastos catastróficos, etc.
Pero el seguro popular es sólo un término de la ecuación, tenemos también a las instituciones de seguridad social y al sector privado en medicina. Por cierto, desde la promulgación de la LGS ésta le dio certeza jurídica a la existencia del sector privado en salud representando otro elemento con el que hay que trabajar desde una visión de política pública. Por su parte la visión neoliberal sobre la salud en México cuenta con una serie de ideólogos que al final de cada administración federal lanzan análisis que fundamentaban las nuevas tendencias a seguir en salud y publican sus asertos en revistas de alto impacto.
Por ejemplo, la nueva tendencia es restringir los servicios de salud de las instituciones de seguridad social al paquete de servicios que ofrece el seguro popular. Por fortuna, pensamos que con la nueva administración eso no va a ocurrir pero ¿dónde están los ideólogos de la propuesta de Morena? Hace falta una visión de conjunto sobre salud y operadores que la pongan en práctica cambios sustantivos.