El 4 de enero pasado se publicó en el periódico La Jornada un artículo que cabeceaba “Pobreza abona a que mexicanos desarrollen diabetes y obesidad”. El argumento principal del documento indica que las políticas públicas contra la obesidad no han incluido el estudio del vínculo entre pobreza, desnutrición y obesidad.
En efecto, la primera estrategia nacional para abordar el problema de la obesidad fue el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA) que se estableció en México como seguimiento a un modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para dar prioridad de atención y control de las enfermedades no transmisibles en las agendas mundial, regional y nacional.
En México el Plan Nacional de Desarrollo (2013) incluyó la estrategia de proteger, promover y prevenir la salud estableciendo líneas de acción. Una de estas líneas fue la de instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
En materias de regulación gubernamental destaca el ANSA en que se emitieron los lineamientos generales para el expendio de alimentos en los establecimientos de consumo escolar en los planteles de educación básica.
El acuerdo implica la participación de diferentes sectores del gobierno para promover las siguientes acciones para el control de la obesidad: a) impulsar la realización de la actividad física al menos 30 minutos en los escolares, b) incentivar la igualdad de género en la práctica del deporte, impulsar, c) a través del currículo escolar, el consumo de agua potable y el alfabetismo nutricional, d) garantizar la instalación de bebederos en escuelas públicas, e) promover y facilitar la disponibilidad de agua y bebidas no alcohólicas con bajo contenido calórico en colaboración con la industria alimentaria, f) generar lineamientos para proveedores de alimentos escolares encaminados a disminuir el consumo de azúcares y g) impulsar un acuerdo secretarial para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica.
En el periodo que va desde la aplicación del ANSA y la actualidad han transcurrido cinco años en los cuales se han identificado limitaciones como la ausencia de mecanismos para hacer vinculatorios los acuerdos y la falta de estrategia de evaluación de resultados. Esta línea de acción intenta tener impacto en la población de niños en edad escolar.
Sin embargo, en México existe un gran problema de obesidad en la población adulta que está relacionada en gran medida con el consumo de alimentos de alta densidad calórica particularmente entre la población de menores ingresos. Si se toma en cuenta que el nivel de pobreza alimentaria para 2012 fue de prácticamente un quinto de la población en México (CONEVAL) y que el impacto de la crisis económica de 1995 aumentó la pobreza alimentaria al pasar de 21.2 por ciento en 1994 a 37.4 por ciento en 1996, es factible que la población con pobreza alimentaria no disminuya en el mediano plazo producto de la crisis económica y política por la que atraviesa actualmente el país.
En ese sentido, no se ve cómo el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, como política pública, pueda atenuar el impacto que el incremento de las gasolinas está teniendo en la economía familiar y por ende en la calidad de la alimentación de la población. Lo que el acuerdo enfatiza es que “no habrá aumentos injustificados en los precios de bienes y servicios” que más parece un intento de conjurar el descontento social que dar solución al problema.
Felipe Javier Uribe Salas
Piedras Negras, Coahuila, a 10 de enero 2017.
