Me uno a quienes se congratulan porque el gobierno federal haya cumplido con su obligación legal de hacer cumplir la ley al lograr la recaptura de El Chapo Guzmán y de hacerlo en intachables condiciones de legalidad. Esta es una ocasión propicia para hacer votos por que el cumplimiento del deber continúe apareciendo como la más alta motivación de quienes tienen a su cargo hacer que se cumpla la ley. También es ocasión para mantener un espíritu crítico ante las expresiones de triunfalismo gubernamental, pues como lo ha denunciado Amnistía Internacional y lo ha confirmado el padre Alejandro Solalinde además de los datos sobre secuestros y homicidios masivos producidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agravio de los transmigrantes centroamericanos, en materia de respeto a los derechos humanos, el gobierno de México tiene aún tareas pendientes como para cantar victoria.
Nada de lo anterior se aplica al último asesinato de un indocumentado mexicano a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza del gobierno federal de Estados Unidos. Según lo informado el 20 de febrero por la embajada de México en Washington, el martes anterior, el inmigrante mexicano de nombre Jesús Flores Cruz fue muerto, después de ser perseguido por un agente de la «migra» hasta una barranca cercana a la garita de Otay en donde fue abatido a tiros. Aun se sabe poco sobre las circunstancias de este fatal incidente, excepto que hubo otros dos indocumentados que fueron arrestados, que iban también perseguidos junto al migrante muerto -que aún no se conoce su versión de los hechos-. Como en otros 20 casos de indocumentados muertos por agentes de la Patrulla Fronteriza, las versiones oficiales, en todos los casos, siempre justificaron a los agentes involucrados arguyendo que dispararon por sentir amenazada su vida al ser atacados con piedras por los indocumentados muertos. En el mayor número de esos casos, los testigos presenciales negaron que hubiera habido tales ataques de parte de los indocumentados muertos; sobre todo en los casos de Ramiro Gómez Acosta y Guillermo Martínez quienes fueran muertos por balas expansivas (de uso prohibido por tratados internacionales aun en las guerras) que les penetraron por la espalda mientras corrían rumbo a la cerca fronteriza (véanse mis comentarios sobre estos casos en este espacio publicados el 05 de junio de 2007 y 19 de diciembre de 2012). Ante tal abuso de poder y tal impunidad, yo he insistido en criticar la impotencia de nuestro gobierno ante tal recurrencia de esos abusos y el silencio de nuestros legisladores ante tal impotencia. Consciente de la asimetría de poder entre México y Estados Unidos, yo he sugerido que: 1) los cónsules de México en Estados Unidos, en su capacidad legal de agentes del Ministerio Público, levanten una «acta de hechos» en cada caso de mexicanos muertos por agentes de la Policía Fronteriza, contra «quien resulte responsable», recogiendo las declaraciones de testigos y de más dictámenes periciales sobre lo ocurrido y 2) proceder a hacer la consignación que proceda conforme a las leyes mexicanas, ante un juez, con la petición de que ese juez solicite (por vía de la Cancillería) el arresto del agente responsable y su extradición a México para ser juzgado conforme a nuestras leyes por el homicidio de un mexicano en el extranjero. 3) Por la vía diplomática, el gobierno de México dejaría claro que, en caso de que el gobierno de Estados Unidos no accediera a las peticiones del juez de la causa, el de México correspondería no accediendo a las peticiones de extradición que emitiera el gobierno de Estados Unidos. Esto último podría empezar como respuesta a la anunciada petición de extradición de El Chapo Guzmán. Lo importante sería usar esta idea para provocar una negociación bilateral sobre el procedimiento más adecuado para evitar la impunidad de la práctica de los agentes de la migra de seguir matando mexicanos sin consecuencia alguna, como evidentemente ha ocurrido hasta ahora, con los 20 casos de muertes de mexicanos a manos de agentes de la migra sin que pase absolutamente nada, incluyendo la cobertura de los agentes involucrados, evidenciada por la negativa, en todos los casos, de proporcionar los nombres de los agentes identificados por los testigos presenciales como los responsables de esas muertes. Cabe hacer notar que esa idea, nuevamente expuesta, es totalmente congruente con lo que establecen las leyes mexicanas, solo que ha faltado lo que una buena masa necesita para el horneado de un buen pan.
