Con un golpe en la mesa que fue sentido en la cabeza de los que habían abrigado esperanzas de que pronto se aprobaría alguna versión de una reforma migratoria, el líder del Partido Republicano, John Boehner, declaró la semana pasada que no habría tal este año. Con esta declaración, una vez más, el Partido Republicano cancela toda posibilidad de que se cumpla este año la promesa, tantas veces reiterada, del presidente Obama, de que habrá tal reforma legislativa. Como se sabe, el presidente Obama, y su Partido Demócrata, no cuenta con los votos necesarios para cumplir esa promesa que ha estado basada en la posibilidad de convencer a algunos legisladores del partido opuesto que sumaran sus votos a los del partido del Presidente. Esto fue lo que quedó cerrado con la declaración del jefe de la bancada «republicana», quien tiene el control de la mayoría de votos de su partido. En el fondo del debate que se da en Estados Unidos sobre la cuestión migratoria está la lucha de los dos partidos por el acceso al poder por la vía electoral, tanto del Congreso (Poder Legislativo) como de la Presidencia (Poder Ejecutivo). La creciente cercanía de las elecciones intermedias (del próximo mes de noviembre) está haciendo crecer el mutuo inculpamiento por el fracaso de ambos partidos para alcanzar la concertación del mínimo acuerdo necesario, aunque la declaración antes aludida dejó más que claro que la mayor obstrucción está en el Partido Republicano. El creciente peso del llamado «voto latino» hace que en los círculos políticos predomine la percepción de que ese obstruccionismo del Partido Republicano le costará votos a los candidatos de ese partido. Sin embargo, hay «republicanos» a quienes tal percepción no les preocupa, cuando menos a corto plazo, tal es el caso del senador estatal de Texas, Dan Patrick, quien, la semana pasada ocupó la atención de los medios texanos al referirse repetidamente a la inmigración desde México como una «invasión ilegal», aunque su participación en la competencia por la vicegubernatura del estado hace descartable esa frase, calificada por otro «republicano», Héctor de León (presidente de la Asociación de republicanos de Texas), como reflejo de un «velado racismo», el hecho destacado por el diario The Texas Tribune del 6 de febrero es que los cuatro competidores del Partido Republicano por el puesto de vicegobernador (lieutenant governor) son igualmente antiinmigrantes. Lo que para los intereses mexicanos quiere decir que los posibles sucesores del actual gobernador de Texas son iguales o peores enemigos de México que el actual, como quedó demostrado con la tesis esgrimida por el gobernador Perry, de que los acuerdos firmados por el gobierno federal de Estados Unidos (como es el caso de las Convenciones de Viena en cuyos términos se basó la resolución del «Caso Avena», de acuerdo con la cual la decisión de ejecutar al mexicano Édgar Tamayo fue violatoria de sus derechos humanos) no obligan al gobierno de Texas, por ser éste un estado soberano. La naturaleza falaz de tal tesis, hasta ahora, no ha sido eficazmente combatida por el gobierno de México a pesar de que hay en Texas, más de 30 mexicanos condenados a muerte, en igualdad de las condiciones en las que se encontraba Édgar Tamayo antes de su ejecución.
Regresando al campo estatal de la política de inmigración del país vecino, hay aspectos aún más inminentemente violatorios de los derechos humanos de los mexicanos, que en el estado de Texas. Tal es el caso de un proyecto de ley HB 2192, presentado por el legislador estatal (del Partido Republicano) Carl Seel, que convertiría en delito que un indocumentado utilice cualquier servicio público en Arizona, incluyendo el acceso a la educación pública y a los parques públicos y carreteras interestatales, so pena de confiscación de los automóviles en que se transporten. Lo inminente de esta nueva agresión a los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados (en su gran mayoría, ciudadanos mexicanos) se deriva del hecho de que la legislatura estatal de Arizona está en poder del Partido Republicano, mismos que aprobaron en 2010, la ley más racista y antimexicana de Estados Unidos. Lo peor es que aunque fuera aprobada una reforma migratoria, esta no sería una solución por ser una decisión unilateral, sobre una cuestión bilateral. La ley no puede tener efectos extraterritoriales.
