Cruzo la frontera Tijuana-San Diego más de dos veces diarias, pues duermo la mayor parte del tiempo en el sur de San Diego y tengo mi oficina en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), donde trabajo la mayor parte del año, en Tijuana. Por eso, todos los días me toca ver un espectáculo de miseria que dan, en promedio, cerca de mil personas que viven guarecidas en pequeñas viviendas llamadas coloquialmente «ñongos», construidas con desechos de láminas de metal o de cartón, pedazos de tela, periódicos y trozos de basura. Al sitio, a unos metros de la línea fronteriza, le llaman «el bordo». En general los ñongos son viviendas tan precarias que se pueden destruir y construir de un día para otro. Ahí suelen habitar de dos a tres personas. Según datos de una investigación de la doctora Laura Velasco, del Colef de Tijuana, la mayoría de quienes pernoctan en «el bordo» son gente en condiciones de pobreza extrema. La mayoría son hombres y tres cuartas partes del total carecen de documentos de identidad. Lo que se ve a simple vista es un conglomerado de gente que vive en los ñongos y viste con desechos de ropa, muy sucios y desaliñados, algunos semidesnudos. Entre ellos hay gente que fue expulsada de Estados Unidos horas antes o la noche anterior, entre ellos puede haber delincuentes, drogadictos y dementes, tanto como migrantes indocumentados sin más antecedentes que su mala suerte de haber sido arrestados y expulsados. Algunos de ellos pueden parecer mexicanos, sin serlo. Usualmente, centroamericanos que, al ser arrestados en Estados Unidos, declararon ser mexicanos para evitar ser deportados a sus países de origen y que planean regresar a Estados Unidos a la mayor brevedad posible. Este podría ser el caso, aunque es muy raro, de gente de otras nacionalidades. Lo evidente es que se trata de gente en condiciones deprimentes, que sobreviven temporalmente en albergues muy cercanos «al bordo», donde solo les ofrecen de comer y donde tratan de no hacerlo repetidamente con las mismas personas.
A los investigadores del Colef les llamó la atención encontrar, entre sus entrevistados en «el bordo», un nivel de escolaridad ligeramente superior al promedio de los oficialmente deportados por Tijuana y a un 52 por ciento de habla inglesa, además de un 7 por ciento de habla indígena (de alguna de las lenguas indígenas de México) y un 4 por ciento sin escolaridad y un 3 por ciento con escolaridad universitaria del estado de California.
En mi opinión, este «enclave» de «el bordo» debería ser objeto de una mayor atención de parte de los tres niveles de gobierno, empezando por un monitoreo sistemático de las características socioeconómicas y de salud de esa población. No solo representa varios niveles de riesgo para la población de Tijuana, incluyendo los que pueden impactar su salud, sino una «Responsabilidad de Estado» respecto al respeto y protección de los derechos humanos de esa «población flotante». Ciertamente, algunos de ellos son víctimas de estereotipamiento como «gente indeseable» y de discriminación, de parte de autoridades gubernamentales de los tres niveles y de la sociedad de Tijuana. Sobre todo como víctimas de abusos de parte de las policías que operan en Tijuana. Así lo declararon el 93 por ciento de los entrevistados por el Colef en «el bordo». Un hallazgo importante fue el de que casi un 40 por ciento de los entrevistados ahí dijo proponerse regresar a Estados Unidos. Más de la mitad de ellos dijeron estar ahí por haber sido expulsados por autoridades de ese país. Esto indica que cualquiera de la problemática que más llame la atención, se trata de una de carácter bilateral cuya solución solo puede ser un acuerdo entre los dos países. Mientras eso se logra, esa problemática debería ya estar insertada en las agendas de las relaciones bilaterales de los tres niveles de gobierno de los dos países. Esto es tan importante como lo es que no pasará mucho tiempo sin que el potencial de esa problemática adquiera niveles de conflicto bilateral. Esto puede derivarse de problemas de salud, incluyendo las adicciones a las drogas o en problemas de violencia derivados del potencial de actividades delictivas que está asociado a las características de ese «enclave» fronterizo ubicado en Tijuana. Por lo pronto, la medida gubernamental más racional y más urgente es la de monitorear todas las características de ese fenómeno, pues se trata de algo cambiante.
