Desde la Frontera: Derechos humanos y Marcha a favor de la Familia

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Opinión de Blanca Vázquez Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Nuevo Laredo de El Colegio de la Frontera Norte

martes 13 de septiembre de 2016

La Constitución mexicana garantiza el derecho de todos a manifestarnos para expresar nuestras ideas; el artículo 6to constitucional es muy claro: nadie puede ser objeto de ninguna inquisición por manifestar sus opiniones. En ese sentido, las expresiones que se darán el día de hoy en la Marcha a favor de la Familia corresponden con el derecho y libertad de quienes creen que el matrimonio entre personas del mismo sexo violenta a la sociedad mexicana. Sin embargo, quienes comparten este principio olvidan que no se puede imponer -como ha sido hasta ahora- una norma a quienes disienten de ella, cuando esa misma norma discrimina a ciudadanas y ciudadanos por razón de su orientación sexual. Un derecho -el de la no discriminación- que por fortuna ya está garantizado también en la Constitución.

La Marcha a favor de la Familia no es una convocatoria de la Iglesia Católica, así se ha dicho, pero no hay duda de que en ella se expresan posiciones religiosas que concuerdan con la noción de familia en su sentido más tradicional. Sin embargo, no debemos perder de vista que en el centro del debate sobre modificaciones al artículo 4to constitucional, que permitiría el matrimonio igualitario, está el tema de derechos, y no el de las creencias. Es un derecho optar por un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no lo es imponer este modelo de matrimonio a los demás. Tengo derecho a creer que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene como único propósito la procreación de hijos, pero no tengo derecho a imponer a los demás el mismo principio. En el fondo del debate no debe estar el tema de mis creencias o la preferencia sexual de los demás, sino la garantía de derechos humanos resguardados por la Constitución para todas las personas de este país.

El próximo 13 de septiembre el Senado de la Republica llevará a cabo el Foro Matrimonio Igualitario donde se espera que las distintas fracciones políticas den su opinión. Todo ello como parte del trabajo de la comisión de derechos humanos, que deberá posteriormente acordar con las comisiones unidas de puntos constitucionales; de justicia; y de estudios legislativos, un dictamen sobre la propuesta del Ejecutivo de cambios al artículo 4to constitucional. Un dictamen en sentido contrario a la propuesta de garantizar el derecho al matrimonio igualitario sería un serio retroceso para nuestra sociedad, que iría en contra no sólo de dictámenes emitidos por la Suprema Corte de Justicia, sino de recomendaciones explícitas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hechas al poder Ejecutivo y Legislativo (recomendación No. 23/2015, pag.22).

No hay razón para no reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, así lo dijo la SCJN: “Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio”(Tesis: 1ª./J. 46/2015 (10a.)

Esperamos ver en poco tiempo las adecuaciones y cambios en el Código Civil de Tamaulipas y la Ley para el Desarrollo Familiar de esta entidad; dejando atrás la definición normativa de matrimonio que establece enunciados discriminatorios en lo relativo a este derecho, y argumentos que violentan -ahora sí- la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución mexicana.

Respetemos y celebremos el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero de la misma manera no pretendamos reducir el derecho de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales al acceso al matrimonio. No construyamos discursos y prácticas discriminatorias que dañan la dignidad humana y atentan contra una sociedad que aspira a la diversidad e inclusión. No queramos imponer nuestras creencias y modelo de vida a quienes disienten.

Por: Blanca Vázquez
Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Nuevo Laredo, Tamaulipas