Diversas organizaciones empresariales a través del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Juan Manuel Hernández Niebla y del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, el pasado miércoles 12 de febrero hicieron entrega a los juzgados federales del amparo colectivo contra la homologación del IVA en la frontera. En total se incluyeron 58 mil 008 firmas de ciudadanos que decidieron interponer el recurso contra una medida que consideran ignora la realidad que se vive en la frontera.
Se trata de un amparo de grandes proporciones, sin precedentes en la historia fronteriza. El paquete de firmas incluye a ciudadanos de los cinco municipios de Baja California; San Luis Río Colorado, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua y Baja California Sur. Si bien respecto a la población que vive en las franjas fronterizas, las casi 60 mil firmas parecerían pocas, no podemos negar que sumarlas no ha sido fácil.
Desde que la reforma hacendaria se discutía creció la preocupación de los habitantes de la frontera, sobre todo por el incremento contemplado del IVA, que pasaba del 11 al 16 por ciento, homologándose con el resto del país. La crítica se enderezaba contra la miopía centralista que hablaba de eliminar los “privilegios” de los que gozábamos aquellos que vivíamos en la frontera. Desde la frontera se les recordaba que el diferencial con respecto a este tipo de impuesto que se cobra en el otro lado, que es del 8 por ciento, generaría una desaceleración de la economía local, pérdida de empleos y, sobre todo, fuga de aquellos consumidores que cuentan con documentos para pasar a Estados Unidos.
La historia de los seis estados del norte mexicano no puede comprenderse al margen de la de los cuatro estados del sur de Estados Unidos. Es una historia de interacción en todas las dimensiones de la vida social, económica y cultural. Sin embargo, el caso de Baja California no tiene parangón. Es la única entidad mexicana que colinda con un solo estado de la Unión Americana y se trata de nada menos que con la considerada octava economía del mundo; además, sus cinco municipios pueden ser considerados como fronterizos. La dependencia con California es indiscutible; el comercio y la industria son una buena muestra. Para tratar de proteger el desarrollo nacional se instituyeron regímenes especiales e impuestos diferenciados. De ahí la importancia de medidas como el aumento en las tasas del IVA. Pero de ahí también la respuesta de la clase empresarial bajacaliforniana y su decidido activismo para impulsar el famoso amparo.
Es muy complicado para un gobierno justificar el alza de impuestos. Son medidas antipopulares fácilmente capitalizables por los partidos políticos opositores y por diversos actores. En el caso del alza al IVA, éste había sufrido un aumento de un punto porcentual en 2009, cuando pasó del 10 al 11 por ciento, mientras que en el resto del país cambió del 15 al 16 por ciento. Esos mismos cinco puntos porcentuales habían subido en el resto del país al pasar del 10 al 15 por ciento en 1995, pero en la frontera se mantuvo en 10 por ciento.
No puedo afirmar que la derrota del PRI en el año dos mil se debió a aquel aumento del IVA del 5 por ciento, pero creo que debemos admitir que influyó. En estos momentos los ánimos se encuentran caldeados en la frontera. La percepción negativa del gobierno de Enrique Peña Nieto sin duda se ha visto acrecentada con la entrada en vigor del incremento al Impuesto al Valor Agregado. Pero sin duda su partido ha sufrido el mayor desgaste, tanto así que hay una certeza generalizada entre los priistas: ven como algo muy remoto refrendar los triunfos distritales el próximo año cuando habrán de renovarse las diputaciones federales. Al gobierno federal y al PRI fronterizo les urge que las bondades anunciadas al aprobarse las reformas estructurales pronto se traduzcan en bienestar social, empleo y seguridad. Mientras ello no suceda, el costo de la cuesta de enero se podría prolongar hasta el 2015, cuando habrá de renovarse la Cámara de Diputados.
