El pasado 28 de noviembre de 2022, las autoridades de Ciudad Juárez, en colaboración con policías estatales y de la guardia nacional, aquella que tiene que cuidar la paz social, desalojaron a migrantes venezolanos de un asentamiento ubicado a las orillas del Río Bravo https://www.youtube.com/watch?v=SzPqCY5pj0A, en este desalojo privo la violencia física y las actitudes carentes de empatía, e incluso xenofóbicas, de la población local. De lo acontecido, aparte de la vergüenza sentida de que en nuestro país se registren aún esos eventos, que me recordaron cuando se desalojaba a los denominados “paracaidistas” de asentamientos irregulares o las redadas de comerciantes informales, en donde se destruía sus pertenencias y mercancías con lujo de violencia, este evento muestra la injusticia de un sistema social global injusto que expulsa a las personas de sus lugares de origen, y le niega el derecho a una vida digna. Sea la falta de recursos económicos, la inseguridad, las crisis económicas, el autoritarismo gubernamental, las personas se ven obligados a migran a otros espacios para una situación mejor. Sin embargo, en los países a los que han llegado no han sido bien recibidos. Dado que en estas localidades también existe crisis económica, como Chile, o de inseguridad, como México, por lo que se le rechaza y centran en ellos como los causantes de las privaciones sociales y el abandono gubernamental en los que han vivido, desde hace décadas, como es el caso de las ciudades fronterizas, caracterizadas por fuertes atrasos en servicios públicos.
El desalojo de venezolanos en Ciudad Juárez, deportados por orden de un juez que freno el denominado Título 42, no es el primero que acontece en la frontera. Antes había habido un desalojo del campamento migrante en Matamoros en enero de 2020, bajo la explicación de garantizar las condiciones de vida y sanitarias de los migrantes, y otro más que se realizó entre enero y marzo de 2021, que coincidió con la esperanza de que la elección de Biden aceleraría la regularización de migrantes centroamericanos, aunque algunos analistas expresan que las situación ambigua de la política migratoria de Estados Unidos favoreció el desmantelamiento del campamento, que había sido demandado por los habitantes de la colonia Jardín, cercana al Río Bravo. Lo que llama la atención del desalojo de migrantes venezolanos es la violencia con la que se hizo, aspecto que debería ser tomado en cuenta por las autoridades encargadas de las políticas migratoria de ambos lados de la frontera, pues esta puede incrementarse, a raíz de las carencias sociales y de servicios públicos en las ciudades fronterizas.
Los desalojos de migrantes no solucionan la problemática migratoria y si por el contrario la complica, por ejemplo, el cierre del campamento migratorio en Matamoros, que supuestamente mejoraría sus condiciones de vida, por el contrario, las empeoró. En virtud de que una parte importante de estos migrantes se desplazó a Reynosa, una ciudad con fuertes rezagos sociales, en donde se asentaron en el centro de la ciudad, en condiciones por demás precarias, otros más fueron canalizados a albergues. La situación se complicó con la llegada de nuevos migrantes, la desinformación y de personas que lucran con la migración humana, atrajeron oleadas de migrantes a la frontera norte. La mayoría de esta migración fue haitiana. Según sus testimonios “recibieron la información de que se iba a abrir la frontera, y por Matamoros era más fácil cruzar”, la misma explicación dieron los migrantes que arribaron de manera masiva a Ciudad Acuña.
La mayor parte de los analistas, basados en los testimonios de los migrantes, han exaltado la temporalidad de la estancia migratoria, existe un consenso en que los migrantes de cualquier nacionalidad, incluso los desplazados mexicanos del sur, no quieren quedarse en las ciudades fronterizas, sino cruzar a Estados Unidos, lo cual es cierto, y hace poco adecuados el programa de inserción laboral, sobretodo en maquiladoras, que el gobierno federal exalta como una forma de incentivarlos a permanecer en el país. Estudios recientes muestran que son muy pocos los que se quedan, hay nacionalidades como los centroamericanos y los venezolanos, que han expresado claramente su deseo de no permanecer en México, el caso de los migrantes haitianos parece ser diferente dado que un porcentaje de ellos se ha asentado en distintas ciudades mexicano. Si la no permanencia es la característica central de estos migrantes las políticas migratorias, deberían partir de otra perspectiva, en donde la comunicación fluida y abierta con su contraparte norteamericana debería ser fundamental. En esta negociación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación podrían tomar un papel más activo, y sobre todo involucrar a los actores y autoridades fronterizas que cuentan con la experiencia y el entendimiento de la problemática migratoria que han experimentado y vivido desde hace décadas.
Finalmente, habría que decir que los desalojos de migrantes tampoco solucionan los problemas sociales, como la dotación de servicios, la recuperación de la seguridad, etc, de las ciudades fronterizas, porque estos son problemas estructurales que los gobernantes de todos los niveles no han podido solucionar. Por el contrario, estos desalojos violentos pueden incentivar la animadversión y xenofobia contra los migrantes por parte de una población, cansada de las fuertes carencias urbanas y sociales que ha experimentado por décadas, algo por demás preocupante en una región donde la inseguridad se ha enseñoreado como es el caso de Nuevo Laredo. Estas poblaciones deberían concientizarse de que los migrantes no son los causales de sus problemas, o del afeamiento de sus ciudades, sino de un sistema económico, político y social desigual, en donde la equidad y la justicia siguen brillando por su ausencia.
Dra. Cirila Quintero Ram´írez
El Colegio de la Frontera Norte
