Sin duda, las luchas sociales en el siglo XXI son por los derechos humanos. Fue un gran logro para el mundo entero que, en 1948, los jefes de gobierno de muchos países firmaran –y, por ende, se comprometieran a velar y hacer cumplir– la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración que en su Artículo 1º establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y en su Artículo 3º establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Véase http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/).
Esta Declaración sin duda sienta bases importantes para intentar que el orden social imperante en el mundo tenga como sello distintivo la cualidad de “humanidad”, entendida como esa sensibilidad y compasión de las desgracias de otras personas, como lo expresa la Real Academia de la Lengua Española. Sin humanidad, no hay vida posible; de eso no debería quedarnos la más mínima duda.
Las luchas en el siglo XXI son múltiples, variadas, simultáneas, se desarrollan en distintos lugares, con disímil intensidad, repertorios de acción, motivaciones y alcance pero, en el fondo, todas esas luchas persiguen un mismo fin: ejercer nuestro derecho a tener derechos.
Pero esa defensa del ejercicio de los derechos humanos es una búsqueda del derecho a que nuestros derechos no sólo sean respetados, sino preservados y defendidos, de ahí la solidaridad inmediata y masiva que han despertado muchas luchas; una solidaridad que a veces es presencial, a veces virtual, pero siempre buscando demostrar que tal o cual lucha es una aspiración generalizada y no la visión particular de esos cuantos que son, en el momento, la cabeza visible de una colectividad que manifiesta su repudio a alguna medida específica o su anhelo de un cambio profundo.
De ahí la solidaridad hacia la lucha que encabezan los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desapareció el Estado, hace casi tres años; de ahí el respeto a los familiares de los desaparecidos por la narcoviolencia que recorren los caminos rurales buscando restos humanos para saber, por lo menos, que no se trata de su familiar o amigo; de ahí la condenación de los cruentos asesinatos de periodistas que no cesan en México.
De ahí el apoyo inmediato que brindaron personas y automovilistas a los heridos de los atentados en Cataluña y la campaña ciudadana para evitar que se difundieran los videos que pudieran mostrar a los ciudadanos heridos y así evitar el morbo y proteger un poco su dignidad; de ahí que un pueblo entero, como recién ocurrió en Guatemala, repudie la decisión de su Presidente de la República de declarar persona non grata a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); de ahí la renuncia de diversos funcionarios y asesores de Donald Trump, por estar en desacuerdo por su tibieza –como la califican algunos medios de comunicación– para condenar la violencia que provocó varias muertes, por racismo, en Charlottesville.
Ejemplos de la violación a los derechos humanos se cuentan por montones porque nuestros derechos han sido quebrantados por una persona, una colectividad o inclusive por el Estado; esas trasgresiones a veces ni se pueden contar porque su cantidad ya nos rebasa, han dado pie a que se vuelva frecuente que los ciudadanos ejerzan justicia (o ajusticiamientos) por su propia mano, lamentablemente, muchas veces se justifican, con sólidos argumentos o sin ellos, como si minimizando su existencia se resolviera un grave problema de fondo y no es así.
Sin duda, estamos en el siglo de la lucha por evitar que se sigan violando, sistemáticamente, los derechos humanos; si ignoramos esa lucha, sin duda, estaremos contribuyendo a que, poco a poco, y casi sin darnos cuenta volvamos a esa época en que la ley imperante justificaba el ojo por ojo pero, en el camino, recordemos que podemos quedarnos ciegos.
Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
