La asistencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 23 de febrero, a los festejos del 84 aniversario de la CTM, asombró a propios y extraños, especialmente por sus declaraciones durante su campaña presidencial y al inicio de su mandato en torno a su lucha contra los sindicatos charros y los líderes sindicales eternos, en donde la CTM se constituye en el principal representante de estas prácticas.
Estas declaraciones anunciaban un embate a esta central obrera, y así lo evidenció el conflicto de Matamoros, dominado por el sindicalismo cetemista, en donde uno de los objetivos centrales fue: la lucha contra el charrismo sindical. Para algunos analistas también estas declaraciones vislumbraban el término del corporativismo sindical, es decir, la finalización de la asociación sindicato y gobierno; para otros, como la que escribe, asistíamos a un neocorporativismo en donde solo se cambiaba la organización sindical central, pasando de la CTM a la Confederación Internacional de Trabajadores, fundada por Napoleón Gómez Urrutia, líder apoyado abiertamente por AMLO al inicio de su mandato. Sin embargo, aspectos como el outsourcing parecen haberlos alejado.
Algunos analistas, como el Profesor Lorenzo Meyer, han explicado la asistencia al evento cetemista como una acción necesaria para seguir adelante con el proyecto de transformación iniciado, dado que estos liderazgos son funcionales pero no constituyen un retroceso en sus objetivos iniciales de democratización sindical. Quien escribe es más escéptica; me parece el encuentro muestra que dos de las promesas centrales de este gobierno: la democracia y la autonomía sindical aparecen cada vez más lejanas. A continuación algunos puntos de porqué el escepticismo.
En la parte de democracia sindical, como lo he escrito, no basta enfatizar la libertad individual de elegir liderazgos o contratos colectivos, sin una educación previa e información suficiente de lo que esto representa. La elección laboral dista de ser una elección individualizada; se trata de una elección que debería ir asociada al mejoramiento de los trabajadores en general. Pero pensar de manera colectiva, en un sistema en el que se ha enfatizado lo individual, la competencia, se hace imposible si no hay un trabajo previo de educación y suficiente comunicación entre los trabajadores. Esta actividad le corresponde a los sindicatos y/o a los mismos trabajadores, quienes no han asumido dicha tarea.
La democracia sindical tiene otros enemigos; primero, los líderes acomodaticios, oportunistas, pragmáticos, que buscan las formas de evadir, sin cumplir los requerimientos actuales, utilizando las más variadas estrategias: despidiendo trabajadores conflictivos en alianza con las empresas, separándose de organizaciones consideradas charras o corruptas y formando nuevas organizaciones sindicales, con el nombre de independiente o autónoma, pero que mantienen en su esencia el liderazgo vertical, estableciendo alianzas pragmáticas con el gobierno, como una forma de legitimarse y sostenerse. Otro enemigo de la democracia es la persistencia de las viejas prácticas sindicales en cuanto al reconocimiento de líderes y recuento para titularidad de contrato colectivo, en donde las juntas de conciliación siguen desempeñando un papel importante, dado la ausencia de un presupuesto suficiente para implementar la maquinaria legal que se necesita para los nuevos cambios laborales que se proclamaron en la Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019.
El mismo caso que fue utilizado como ejemplo de que la democracia sindical estaba en marcha: el reconocimiento del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industria y Servicios (SNITIS), emergido del Movimiento laboral de Matamoros en el 2019, está mostrando las limitaciones formales y logísticas para esta democratización. Después de su reconocimiento el 5 de junio de 2019, el SNITIS inició la campaña por la titularidad de los contratos colectivos de decenas de maquiladoras en Matamoros. El naciente sindicato ha interpuesto sus demandas en las juntas locales de conciliación, especialmente las radicadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin embargo, en el proceso ha existido errores legales, por parte de estas juntas, que han llevado a dilaciones importante en cuanto a la fecha de recuento para la titularidad, de haber sido previstas en diciembre de 2019, están recorriéndose hasta el otoño de 2020. Lo que cuestiona la eficiencia que exaltó la Secretaría del Trabajo en este proceso. El caso de Matamoros enuncia otro obstáculo a vencer en la búsqueda de sindicatos democráticos, relacionado con la demanda por la titularidad de contrato colectivo. Un primer paso para la búsqueda de la titularidad ha sido la renuncia a la pertenencia del sindicato actual y el consecuente no descuento de las cuotas sindicales, quedando sin afiliación sindical y a la espera de su, esperada, adhesión al nuevo sindicato. Sin embargo, el transición no es fácil, ni está garantizada, en algunos casos las cuotas sindicales han sido retenidas por la autoridad en espera de la decisión legal en torno a la titularidad de contrato; en otras, se han entregado a los trabajadores, quienes sin un sindicato por el momento han recibido un mayor ingreso y empiezan a cuestionarse las ventajas de seguir afiliados a un sindicato y visualizan la posibilidad de no sindicalizarse más. Lo que constituiría un retroceso en la fuerza organizativa que ha existido en esta localidad, y que para nada aporta a la democracia sindical y el fortalecimiento de los trabajadores
Finalmente, dos aspectos relacionados con la autonomía sindical. Primero, en una nota sobre la nueva reforma laboral escribí que la exigencia y obligatoriedad que hacía esta legislación en torno a cambiar los estatutos de las organizaciones sindicales, me parecía una injerencia en los asuntos internos de los sindicatos, dado que una parte importante de estos estatutos proviene de una historia propia, y no se puede por decreto homogeneizar estatutos sindicales. Por otra parte, el cambio no es meramente formal sino amerita ser explicado, debatido y consensuado con los trabajadores, de manera que los cambios sean no solo el ajuste a un requerimiento externo sino realmente proveniente de la participación de los trabajadores y de una historicidad de la organización, en ese sentido cabe la posibilidad de que los cambios exigidos por los impulsores de las reformas no sean las prioridades que tienen los trabajadores. La misma situación se repite con la validación de los contratos colectivos. Ambos procesos ameritan información y participación de los trabajadores, de sus organizaciones, de las empresas y de las autoridades laborales, como informantes de lo que significan los cambios pero no como dirigentes de los cambios que hay que hacer. Segundo, la autonomía sindical también se refiere a separarse de la autoridad gubernamental y regresar a las bases trabajadoras. Los sindicatos al enlazarse abiertamente con las autoridades en turno, en eventos como los enunciados al inicio de este artículo, atan su existencia a voluntades políticas más que a su legitimidad emergida de los trabajadores, que puede darles ventajas coyunturales pero no garantiza su persistencia si esta voluntad política cambia. Los sindicatos mexicanos, en ese sentido, están escogiendo el camino más fácil para sobrevivir pero no para convertirse en auténticos representantes de los trabajadores, con el aval, al parecer, del gobierno actual.
