2009 y 2010 son referente internacional del Open Data porque, en esos años, Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente, hicieron pública información gubernamental que era inaccesible a los ciudadanos. Desde entonces hemos visto importantes avances, en todo el mundo, en el acceso a la información gubernamental. Hoy en día, resulta prácticamente inconcebible un gobierno que no sea abierto, al menos en el discurso, al menos en una democracia, al menos en occidente.
La apertura de datos del orden público, en todos los niveles de gobierno, se considera fundamental en los regímenes democráticos porque, como lo hacía notar Gustavo Ernesto Emmerich, hace casi dos décadas, la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a dar legitimidad y credibilidad al sistema político; ambas son referente y freno sustancial para el abuso de poder de las autoridades gubernamentales, máxime cuando se trata de una persona que ostenta un cargo por voluntad del pueblo y para servir al pueblo.
México, orgullosamente, puede considerarse pionero en esas iniciativas de Open Data. El 11 de junio de 2002, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó, por decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En su artículo 33, esa Ley estableció que habría un Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Ese instituto, hoy conocido como INAI, por sus siglas, se creó para ser el encargado de la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información; para resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y para proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
En estas dos décadas, mucho camino se ha andado y ya no sólo contamos con una Ley Federal, también con una Ley General de Transparencia y estas disposiciones creadas por decreto han sido replicadas en todos los estados de la república mexicana, al igual que los institutos estatales creados para brindar acceso a la información pública y proteger los datos personales.
La primera ley de transparencia en los estados fronterizos del norte de México se emitió el 12 de agosto de 2005 en Baja California y la última reforma se hizo el 15 de julio de este año, en la Ley de acceso a la información pública para el estado de Coahuila de Zaragoza. Al día de hoy, todos los estados fronterizos cuentan con un instituto de acceso a la información y su respectivo sitio Web que también, con el paso de los años, a tenido mejoras, en la manera de navegar por el sitio y de presentar los datos.
Una de las novedades más visibles a destacar es que, al entrar al sitio Web del ITAIT (Tamaulipas), se despliega un banner que da acceso a los documentos que incluyen las medidas de apremio dictadas a los servidores públicos, las últimas amonestaciones públicas y la calificación que obtuvieron los sujetos obligados en su más reciente verificación.
Sumado a ello, a finales de 2020, se dieron a conocer los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información que fueron de observancia obligatoria para el INAI, los organismos garantes y los sujetos obligados de todo el país, en sus diferentes ámbitos (federal, estatal y municipal). Por ello, en 2021, entró en operación, a nivel nacional la Plataforma Nacional de Transparencia que permite acceder a la información pública de todo el país, hacer solicitudes de información y quejas, si se considera necesario.
Hace poco menos de tres lustros, el mundo entero exigía acceso a la información gubernamental, hoy existen vías para saber lo que hacen los servidores públicos en su toma de decisiones y el manejo presupuestal. No ha sido una lucha fácil, al menos no en la frontera norte que aún tiene resistencias para brindar información, pero eso será tema de otra columna.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
