El 17 de octubre pasado se cumplieron 72 años de la reforma constitucional que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1953 las mujeres logramos la igualdad de derechos políticos y aunque parece que hemos avanzado en algunos aspectos la realidad es que aún queda mucho por hacer, muchos prejuicios y estereotipos por cambiar y muchas prácticas políticas que erradicar.
Al igual que hace 72 años, la lucha de las mujeres desde distintos ámbitos ha empujado la implementación de acciones afirmativas para lograr una mayor representación numérica en la esfera política –como primer paso–que con el tiempo nos lleve a una representación sustantiva que efectivamente refleje una agenda de intereses de las mujeres. Comenzamos en los años 90 con las cuotas de género 30-70 y 40-60 en la integración de candidaturas; luego se incorporó el principio de “paridad de género” (2014) en los procesos electorales; y más tarde (2019) se establece el principio de “paridad en todo” (paridad horizontal y vertical).
Las reformas constitucionales, con el paso de los años, han llevado a que cada vez más mujeres ocupan cargos de poder político. En los gobiernos locales de Tamaulipas, por ejemplo, se ha avanzado desde el proceso electoral de 2016 y 2018 cuando 17 alcaldías quedaron en manos de mujeres presidentas municipales. En 2021 se eligió a 18 mujeres y 23 en la elección de 2024. Es decir, en más de la mitad de los municipios tamaulipecos una mujer encabeza gobierno el día de hoy.
Este resultado parece un avance importante, y lo es si solo pensamos en la representación descriptiva o numérica de mujeres en posiciones de toma de decisiones. Incluso podemos decir que comparativamente en Tamaulipas se ha logrado más avance en la participación política de mujeres, a nivel local, que en las entidades vecinas de Nuevo León o Coahuila. Sin embargo, aquí viene el truco, los partidos políticos se niegan a ceder el poder económico y político que significa gobernar municipios urbanos con los mayores tamaños de población y los mayores presupuestos públicos.
Así, por ejemplo, en la elección de 2016 doce de las 17 alcaldías ganadas por mujeres fueron en municipios rurales con menos de nueve mil habitantes; en 2018 fueron electas 14 mujeres –de las 17 ganadoras–en municipios rurales o semiurbanos con menos de 15 mil habitantes. No cambió mucho el resultado en la elección de 2021 y en la última elección de 2024 –de nueva cuenta– 91% de los municipios donde ellas ganaron son aquellos con menor tamaño de población y reducido poder político como para incidir en la agenda pública.
Lo anterior no significa que gobernar un municipio rural sea menos relevante que uno urbano. Significa que en la agenda política los pesos políticos importan, y ese peso se representa por el tamaño del padrón electoral local y la relevancia económica en términos del presupuesto público. En esa lógica qué poder político tiene una alcaldesa en un municipio que gobierna mil habitantes con un presupuesto público ínfimo. Mínimo o nulo.
El indicador de participación política en Tamaulipas dice que 53% de los Ayuntamientos están gobernados por mujeres, 30% de la población estatal (datos de 2020). Sin embargo, una parte importante de estos datos –cerca de la mitad– los aporta el municipio de Nuevo Laredo, donde se reeligió a la alcaldesa para un segundo periodo, y otro tanto lo aportan Tampico y El Mante donde mujeres encabezan gobierno desde el año pasado. Entonces, 20 de 23 municipios con una alcaldesa electa en 2024 representan solo al 6.4% de la población tamaulipeca, ¿esto puede traducirse en representación sustantiva de las mujeres? No.
Lo cierto es que en Tamaulipas se repite el mismo patrón que en otras entidades, los partidos políticos le han sacado la vuelta al objetivo de paridad política dejando en manos de mujeres principalmente las candidaturas en municipios rurales. En ese sentido, es necesario impulsar mecanismos para evitar que esto continúe repitiéndose.
Blanca Delia Vázquez Delgado
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey.
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