La noche del 4 de junio, México y el mundo –dicen algunos medios de comunicación– seguían los resultados preliminares de la elección para gobernador en el Estado de México, considerada como un observatorio, preámbulo, o quizá un temido Deja Vu, de lo que podría ser la elección presidencial del 2018.
Aún estamos en etapa de que los partidos o candidatos presenten sus inconformidades para impugnar la elección y a esto se suman las más de doscientas denuncias por delitos electorales cometidos durante las campañas, que ya investiga la fiscalía especializada.
Desde entonces, no han parado las controversias y las acusaciones de compra de votos, uso de recursos públicos para favorecer candidatos y otras prácticas que, sumadas a una falla técnica durante la prueba para el conteo rápido, ponen en duda que las elecciones hayan sido libres y, por tanto, parece no haber garante de que se haya respetado la preferencia de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto.
Los ánimos se han caldeado más porque los resultados preliminares arrojan una diferencia menor al 3% entre el ganador –Alfredo del Mazo Maza que compitió por la coalición del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social– y su seguidora en las preferencias ciudadanas –Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena–.
A eso se agrega un recuento de más de tres mil casillas –otras solicitudes de recuento, aún no han procedido– pero, en ese recuento, los números no cuadraron o, quizás, en las casillas se utilizó un extraño sistema de sumas y restas que, más bien, parece la versión moderna del conocido relleno de urnas.
Como si la polémica por el proceso electoral del Estado de México no estuviera en su máxima expresión, Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del INE, durante una conferencia de prensa, afirmó que eran descaballedas las acusaciones de fraude electoral porque, explicó, un fraude es un crimen electoral.
De acuerdo en la definición de fraude del Consejero. Sin embargo, parece que pierde de vista que, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, “descabellado”, es un adjetivo que hace referencia a lo que va fuera de orden, concierto o razón. Hubiera sido bueno preguntarle al consejero qué adjetivo englobaba las acusaciones presentadas o qué sustantivo era adecuado utilizar si no consideraba que un proceso que parece estar plagado de irregularidades, debiera ser definido como fraude.
Quizá el estrés que genera estar al tanto de unas elecciones en las que el mundo ha puesto el ojo, las múltiples, variadas y sofisticadas irregularidades que han ido saliendo a relucir y lo abrumador del proceso electoral en el Estado de México –sin olvidar las impugnaciones en Coahuila y los resultados en Nayarit y Veracruz–, contribuyeron a que el consejero Murayama no se diera cuenta que, ese mismo 4 de junio por la noche, las noticias internacionales mostraron que no era descabellado considerar un posible fraude electoral y darle su debida relevancia.
Me refiero a la amplia difusión que tuvo la aprehensión de Roberto Borge Angulo, quien fuera gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016 y denunciado por la asociación “Somos tus ojos, transparencia por Quintana Roo”.
Borge fue aprehendido en Panamá, pues pesan en su contra denuncias por venta irregular de bienes del Estado, desvíos de recursos y despojos. Esta rápida detención se suma a otras que, durante los últimos meses, se han hecho de varios exgobernadores mexicanos que han sido acusados de diversos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo.
Si bien la rapidez para detener a un presunto culpable muestra que el procedimiento de búsqueda y captura parece estar mejorando, la aprehensión de tantos exgobernadores también evidencia que debemos elegir, correctamente, a la persona que dirigirá los intereses de un estado.
El primer paso para ello, es tener la certeza de que el procedimiento democrático electoral es confiable y, en el Estado de México, no parece descabellado ponerlo en duda.
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0048941
Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte/Matamoros
