Ayer decidió la Suprema Corte de Estados Unidos confirmar, solo en parte, el principio de exclusividad del gobierno federal en materia de expedición de leyes sobre la inmigración, por encima de la facultad de los estados para hacer lo mismo. Sin embargo, dejó a los estados el derecho de legislar sobre la aplicación de la ley (law enforcement) como la detención de cualquier persona para «pedirle sus papeles» que muestren la legalidad de su estancia en Estados Unidos. El efecto práctico de esta decisión es que deja la puerta abierta a la discriminación con base en la apariencia de la persona. Obviamente, esta decisión del máximo tribunal de Estados Unidos es pésima noticia para los cerca de 7 millones de migrantes indocumentados mexicanos en aquel país. Si bien no todos ellos residen en el estado de Arizona, la decisión de la Suprema Corte es de alcance nacional, lo que quiere decir que las legislaturas de todos los estados de allá podrán expedir o ajustar sus leyes a la decisión de la Corte que permite a la policía «pedir papeles» a cualquier persona escogida por la policía con base en el criterio de «sospecha razonable» de no estar legalmente en Estados Unidos. En la práctica, tal criterio para «escoger» a quién arrestar y a quién no, ha equivalido a la discriminación de facto con base en la apariencia de la persona, principalmente por el color de su piel. De acuerdo con esta decisión de la Corte Suprema, cualquier persona de piel morena podrá ser detenida a partir de la «sospecha razonable» de que se trata de un «mexicano sin documentos».
Si bien esa decisión de la Corte advierte que «estará observando» que no se abuse de esa autorización abierta, los hallazgos de investigaciones como las de Bess Chiu, et al, Constitution on Ice: A Report on Immigration Home Raid Operations (2009), New York, NY, Cardozo Immigration Justice Clinic, han confirmado prácticas extendidas de lo que allá se entiende por «police profiling» con referencia a arrestos policiales con base en el color de la piel de los mexicanos. Esos hallazgos de investigación ya han dado lugar a que se espere que el significado real de la decisión de la Suprema Corte sea una autorización virtual de las prácticas de «police profiling» en contra de los mexicanos en todo Estados Unidos; pues esa decisión abre la puerta para que todas las legislaturas estatales ajusten sus leyes en seguimiento de esa decisión. La decisión de marras acaba siendo ambivalente pues, por una parte dio lugar a que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, declarara jubilosa que la decisión de la Corte representó una «victoria» para su gobierno; al mismo tiempo que el presidente Obama (su oponente ante la Corte) se manifestara «satisfecho» con la decisión, sobre la base de que otras partes de la ley SB1070 fueron declaradas anticonstitucionales, como la de que se penalice el que los indocumentados busquen trabajo y otras de carácter más técnico que fueron objetadas ante la Corte por los representantes de Obama. Ellos también se declararon contentos con la decisión, pues la decisión también menciona que la Corte estará «abierta» para conocer de «nuevos litigios» referentes a casos de violación de las leyes que prohíben las prácticas de «police profiling». Obviamente que uno de los dos contendientes que se mostraron contentos con la decisión de la Corte acabará perdiendo. Pero, por ahora, la decisión de la Corte les dio bases a ambos para «sacarle raja política» a la ambivalencia de la decisión. Cabe mencionar que los jueces del máximo tribunal son mayoritariamente del partido contrario al del presidente Obama.
La misma contradicción aparece en las reacciones de los «latinos» versus los «republicanos» de Mitt Romney. Los primeros están enojados porque la decisión no fue en contra de toda la ley SB1070. A los segundos les molesta que la decisión no hubiera concedido «carta blanca» a los estados para legislar sin restricciones sobre migración. Mi conclusión es que la batalla sobre la migración está lejos de haber terminado con esta decisión de la Suprema Corte. Ella misma reconoce los cabos que quedan sueltos para «futuros litigios» que dieran lugar a nuevas decisiones del propio máximo tribunal. La de ahora representa un retroceso en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes pues «abre» la puerta a los estados para practicar «police profiling» que ha constituido el agravio mayor que los latinos le han reclamado al presidente Obama.
Gracias otra vez a Mariana Bustamante por su valiosa asistencia.
