Estamos ante una coyuntura fundamental donde se definirá en buena medida el futuro de nuestra Nación. No son exageradas estas palabras: está en juego la renta petrolera, la mayor riqueza con la que contamos los mexicanos. Por eso es tan importante la reforma que en un plazo perentorio el Congreso de la Unión aprobará.
Desde 1938 cuando tuvo lugar la expropiación petrolera, no había sido la política petrolera el centro de la preocupación de buena parte de los mexicanos. En 2008 el ex presidente Felipe Calderón intentó una reforma pero fracasó. Era otro momento y su presidencia carecía de legitimidad. Había llegado a ocupar el cargo en medio de un fuerte cuestionamiento. Cinco años después, el contexto ha cambiado: la firma del Pacto por México durante los primeros días de su mandato, le ha permitido a Enrique Peña Nieto capacidad para impulsar iniciativas de reforma (como la educativa) que parecían distantes.
Por eso las posibilidades de cambios constitucionales en materia energética parecen viables hoy en día. El problema son las consecuencias. Estoy convencido que en este tema, como en muchos otros, los mexicanos sabemos poco. Si bien algunos nos hemos dado a la tarea de investigar los alcances de una probable reforma constitucional, pocos tienen esta posibilidad. Lo que domina son declaraciones a favor o en contra de la reforma impulsada por el presidente.
Uno de los graves problemas de nuestra sociedad es que sabemos que lo que nos dicen que va a suceder con una medida o política o decisión gubernamental, termina siendo lo contrario. Por eso la nuestra es una cultura de la desconfianza. ¿Eso como lo combaten? Con propaganda y no con mayor información. Cuando se anuncia una iniciativa tan importante como la de reforma energética, en lugar de difundir un diagnóstico claro y preciso y las dimensiones del problema, lo que recibimos son comerciales: consumo para el convencimiento, todo parece un acto de fe. Como si fuera una solución mágica a todos los problemas.
En esta coyuntura el papel de los medios de comunicación y de los periodistas es muy importante. Es un tema que se debe debatir y la información al respecto tiene que ser equilibrada. No se vale solo difundir posturas a favor de la reforma constitucional o en contra. Se deben escuchar todas las voces y todas las posiciones. Se trata de una responsabilidad social que deben asumir los medios. Porque lo que se apruebe tendrá repercusiones serias para el futuro y la viabilidad de México como Nación.
La reforma energética es más importante de lo que en su momento fue el Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia aquel aciago año de 1994. Estamos hablando de la mayor riqueza de nuestros recursos naturales no renovables. Una mala decisión en la materia nos puede costar mucho más que el libre comercio: el futuro de nuestro país. No es demagogia: estamos ante la coyuntura que nos definirá como Nación. No lo podemos tomar a la ligera. Nuestro deber es informarnos y participar, o si no, de nuevo decidirán por nosotros.
Hasta el momento conocemos tres propuestas de reforma energética: la privatizadora del PAN, la mixta del PRI y la modernizadora del PRD. Desde luego que falta la que presentará el 8 de septiembre Andrés Manuel López Obrador. Tanto la del PRD, que fue hecha pública este lunes 19 por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como la de AMLO, deberán coincidir en los aspectos medulares. La propuesta gira en torno a la modernización de la industria, pero sin cambios constitucionales y sin abrirla a la inversión de capital privado. La discusión y el debate deberían incluso tener causes institucionales. Me temo que no hay voluntad política para que ello sea así. Serán las redes sociales, los medios de comunicación, la calle y algunos foros, donde los ciudadanos podrán participar y enterarse. Aunque parece que las decisiones sustantivas están tomadas. Ya veremos cuál será el costo de no llevar a cabo un debate incluyente y abierto.
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