La semana pasada de nuevo se efectuaron algunas audiencias en el Congreso estadounidense, en las cuales se cuestionó el papel de los grupos delictivos mexicanos.
Entre ellas destacó la comparecencia de Anthony Blinken, secretario de Estado. Adicionalmente se publicó un Informe de la DEA (Administración de Control de Drogas) -24 marzo 2023- en el cual se fundamentó el auge de los grupos criminales en varias ciudades mexicanas, en especial de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DEA cumple este año 50 años -1 julio 2023- de haberse fundado, desde entonces la agenda con México es una de las más importantes en el ámbito internacional.
En el primer caso, en una comparecencia el pasado miércoles 22 marzo ante el Comité de Asignaciones del Senado, el secretario Anthony Blinken fue cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham si los cárteles, y no el Gobierno mexicano, tienen el control de partes de México. Nuevamente interrogado por Graham acerca de la efectividad de las políticas de lucha contra los cárteles, Blinken consideró que es necesario “hacer más” para combatir esa violencia (El País, 22 marzo 2023).
Desde la perspectiva del secretario Blinken uno de las estrategias en los que Estados Unidos puede colaborar con México para combatir el tráfico del fentanilo es dotar a los puestos fronterizos de la tecnología más moderna para detectar la presencia de esa sustancia (El País, ibídem). Desde su perspectiva, el 96% del volumen que entra en Estados Unidos lo hace por los puestos fronterizos estadounidenses. El secretario de Estado también mencionó que designar a los cárteles de la droga organizaciones terroristas no es la mejor estrategia para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Igualmente la portavoz del presidente Biden, Karine Jean-Pierre, descartaba de nuevo este miércoles 22 de marzo en su rueda de prensa diaria la propuesta de catalogarlos como terroristas a los grupos delictivos mexicanos (El País, ibídem).
La comparecencia del secretario Blinken reiteró los lugares comunes del posicionamiento de algunos congresistas estadounidenses hacia México. Los cuales no consideran entre otros elementos: la existencia de una estrategia binacional en proceso de implementación vía el Acuerdo Bicentenario; el alto consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos por el fracaso de la política de prevención y reducción del consumo; las escasas acciones del gobierno de Estados Unidos contra los grupos delictivos que distribuyen las drogas sintéticas en territorio estadounidense.
Acorde con el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2021 (INCSR por sus siglas en inglés), elaborado por el Departamento de Estado se revela que en todo 2019 se registraron en ese país 72 mil muertes por sobredosis (DW, 22 marzo 2021). En 2020, tan solo de enero a mayo, la cifra llegó a 80 mil. México se encuentra en la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas del planeta.
El aumento de la distribución de drogas sintéticas por parte de los carteles mexicanos está comprobado por el número de decomisos de parte del gobierno de Estados Unidos. En 2019, en la frontera con México, se decomisaron vía terrestre 1.187 kilos del fentanilo; en 2020 decomisaron más del doble, 2.939 kilos. Por vía aérea en 2017 provenientes de México se incautaron 49 kilos, y en 2020, 71 (DW, ibídem). Para el año fiscal de 2022 (octubre 2021 a septiembre 2022), las autoridades fronterizas estadounidenses decomisaron 155 mil kilogramos (kgs) de mariguana, mientras que de metanfetaminas fueron 175 mil kgs, en cambio de cocaína 70.3 mil kgs y de fentanilo se decomisó una cantidad inferior: 14.7 mil kgs (CBP, 2023). En cambio de octubre de 2022 a febrero de 2023 los mayores decomisos siguen siendo de mariguana (55.8 mil kgs) y metanfetaminas (59.2 mil kgs) (CBP, ibídem).
Hay que destacar que los principales actores que generan el trasiego del fentanilo hacia Estados Unidos son de origen estadounidense o mexicano- estadounidenses. Lo mismo sucede con los traficantes de migrantes irregulares. En suma, los posiciones de los congresistas estadounidenses están sesgadas y no reconocen que el problema del tráfico de drogas es global, transnacional (Bailey y Chabat, 2002), regional, binacional y transfronterizo.
El Informe de la DEA del pasado 24 marzo refleja el fracaso de la Iniciativa Mérida, época de la gestión del ex secretario Genaro García Luna, que si bien detuvieron y erradicaron al Cartel de Tijuana, permitieron el auge de otros grupos como los carteles de Sinaloa y Jalisco (CJNG). La DEA fue creada en 1973 por el presidente Richard Nixon con los objetivos de controlar, reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de narcóticos en Estados Unidos, mediante la aplicación de estrictas leyes y programas conjuntos en los países donde se produce y por donde transita la droga. En el caso de México, tales objetivos en lugar de disminuir el tráfico de drogas ilícitas han aumentado tanto a territorio mexicano como estadounidense en los últimos 50 años.
El Informe de la DEA es una respuesta a la solicitud del senador Chuck Grassley -republicano por Iowa- quien a través de una carta, pidió a la DEA y al FBI que informarán de toda la información que tenían respecto al ex secretario Genaro García Luna, (El Financiero, 23 febrero 2023), ya que se sospecha que ambas agencias toleraron las actividades del ex secretario mexicano.
El Informe de la DEA (marzo 2023) también refleja de manera implícita la ausencia de una estrategia de investigación e inteligencia binacional para erradicar el avance de los grupos crimínales, tanto en México como en Estados Unidos. Si bien la DEA tiene una presencia en cerca de 10 ciudades mexicanas, desde la época del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena (1985) su impacto en lugar de reducir la actividad delictiva, sigue aumentando. Un indicador se refleja en el tráfico internacional y binacional del fentanilo hacia México y luego Estados Unidos.
También la DEA se ha caracterizado por casos de corrupción: despidió el año pasado –marzo 2022- a su director en México, Nicholas Palmeri, por sus nexos con abogados que defienden a narcotraficantes. En marzo de este año el Departamento de Justicia ya había anunciado otra investigación de su Oficina de Asuntos Internos contra Palmieri por “uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados” (El País, 29 enero 2023). En 2020, uno de sus agentes – José Irizarry- fue condenado a 12 años de cárcel por lavado de dinero para los carteles colombianos (Los Angeles Times, 24 marzo 2023).
Con el arribo del presidente López Obrador se decidió cerrar la unidad de élite de la policía mexicana de investigación antidroga, que durante más de 25 años trabajó con la DEA. El presidente defendió su decisión acusando a la DEA de “estar infiltrado por la delincuencia. (El País, ibídem).
Después de casi dos años y de haber gastado por lo menos 1,4 millones de dólares, la DEA –a través de su administradora, Anne Milgram- publicó el viernes 24 marzo una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción de la DEA y ofreció una serie de recomendaciones demasiado generales (Washington Post. 24 marzo 2023).
Como se aprecia el papel de la DEA ha sido muy cuestionable a 50 años de su fundación, lo que implica mejorar la eficacia global y transnacional del combate a las drogas con una estrategia tanto policiaca, pero especialmente en materia de prevención y tratamiento, con la finalidad de reducir el alto consumo de opiáceos que caracteriza a la sociedad estadounidense.
Dr. José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
