Este martes 16 agosto el presidente Biden firmó la Ley Reducción de la Inflación que tiene varios objetivos: la reducción del costo de la energía, disminuir la crisis climática, la reducción del precio de los medicamentos con receta, la disminución del déficit y el pago de impuestos de las grandes empresas.
Luego de 18 meses de negociaciones, el Senado estadounidense aprobó el 7 de agosto una propuesta de Ley, que tendrá efectos en la calidad de vida de la población de origen mexicano en Estados Unidos, luego de los efectos socioeconómicos de la pandemia del COVID-19.
La Ley y sus diferentes dimensiones podría ser otro factor de polarización política, ideológica y social en la sociedad estadounidense, considerando las restricciones a la inversión privada. La otra lectura de la Ley es que favorece la inclusión social y se pretende avanzar hacia una sociedad más justa. Esta Ley es la de mayor inversión pública, impacto social y ambiental en la historia de los Estados Unidos y era una prioridad del presidente Biden en su agenda social, económica y ambiental.
La Ley Reducción de la Inflación pretende movilizar unos 430.000 millones de dólares en diez años y a generar ingresos que se estiman en unos 740.000 millones. La propuesta original Build Back Better planteaba 3.5 billones en el Senado, la cual fue rechazada por el senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin.
El mensaje que ha enfatizado el presidente Biden es que ha avaló una Ley que beneficia a las familias, la cohesión social y promoverá el crecimiento económico. Temas que impactan en la población de origen mexicano de bajos y medianos recursos.
En materia de agenda verde, se incentivará la compra de vehículos eléctricos con el objeto de reducir un 40% las emisiones de carbono para el año 2030. Para las familias incluye incentivos, créditos fiscales y ayudas para la compra de coches eléctricos con un presupuesto de 369.000 millones. Una interrogante es si la Ley permitirá fortalecer una política ambiental de resiliencia de los bosques frente alos incendios que afrontan el oeste del país, cuya intensidad e impacto se atribuye al calentamiento global.
Para tal efecto, será importante promover una política integral fundamentada con una eficaz gestión y políticas de ambiente y cambio climático, cultura –laboral, doméstica, social- lo cual no forma parte de la cultura estadounidense, muy propensa al dispendio. La Ley también considera créditos fiscales a las industrias más contaminantes para apoyarlas en su transición energética.
El impacto de la agenda verde en la relación con América del Norte y en particular en las fronteras norte y sur mexicanas dependerá de la capacidad gubernamental de los países de gestionar las oportunidades de una eficaz asociación en la agenda de cambio climático, según las prioridades ambientales.
Las iniciativas del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y la Cumbre de Líderes de América del Norte consideran la importancia e impacto del cambio climático en términos de sequía, evolución hacia autos eléctricos, aumento de temperatura, que provocaran incendios y en general se afecta el ambiente.
El año pasado las prioridades del DEAN se enfocaron en promover el desarrollo económico y social sostenible en el sur de México y América Central y generar resiliencia ante el cambio climático. En cambio la Cumbre de Líderes de América del Norte ha planteado promover una América del Norte más verde y limpia, con base en invertir y promover fuentes de energía renovables.
Estas dos iniciativas gubernamentales en América del Norte promueven la vinculación con una agenda de cambio climático, con lo cual se abre una oportunidad –en el marco de la Ley – a iniciativas bilaterales para fortalecer una política ambiental y de cambio climático común entre México, Estados Unidos y Canadá. Otra dimensión del cambio climático se asocia al impacto en la emigración irregular de los países centroamericanos hacia Estados Unidos, tema que se concibe como parte de la seguridad nacional y global del gobierno estadounidense (The White House, 2021).
Entre los años de 1998 y 2020 se estima que los fenómenos climáticos y geofísicos causaron 312.000 muertes y afectaron a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (Pisani, 2022).
En tal sentido, la Ley Reducción de la Inflaciónpodría ser una opción de financiamiento para gestionar iniciativas de gestión y proyectos asociados al cambio climático y que regulen los flujos migratorios irregulares de Centroamérica hacia México y los Estados Unidos.
Según las proyecciones del Banco Mundial (2021), si los impactos del cambio climático no son tan fuertes, para el año 2050 podría haber entre 1,4 y 2,1 millones de “migrantes climáticos internos” en México y Centroamérica. De ahí la prioridad de seguridad nacional y global que le concede el gobierno estadounidense al cambio climático y sus impactos en la emigración irregular.
La Ley de Reducción de la Inflación es de las más importantes en la historia económica y ambiental en Estados Unidos e implicó diversas iniciativas en los últimos 18 meses del presidente Biden en el marco de la pandemia del COVID-19. Con ello se pretende fortalecer el papel gubernamental, mediante cambios en las leyes fiscales, inversiones en infraestructura física y social y un mayor gasto en atención médica, educación y ambiente.
Una cuestión es si esta Ley impactará en favor de los candidatos demócratas en la elección de este noviembre, en la que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños). Sin embargo, la polarización política e ideológica y los impactos económicos –aumento histórico en la inflación acumulada del 6,3%– en la sociedad y economía estadounidense plantean la interrogante del impacto de la Ley en las elecciones intermedias de noviembre.
Dr. José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
