[:es]Flavino Rios, ex-Secretario de Gobierno y ex-Gobernador Interino de Veracruz fue detenido –y remitido a pasar un año de prisión preventiva- porque presuntamente facilitó la huida del muy buscado ex-Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) y han exigido que se admita y resuelva un amparo contra la propia PGR para que se finque responsabilidad a Tomás Zerón de Lucio –actualmente investigado por el Órgano Interno de Control de la Función Pública-, por la manipulación de pruebas en el caso.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a través del recurso de revisión, ha resuelto que una instancia de gobierno federal debe entregar la información que se le requiere en un formato que sea accesible para el solicitante, toda vez que cuenta con recursos técnicos para hacerlo.
Y si puede hacerlo, así debe hacerlo; sin cobijarse en el argumento de que “las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder a una solicitud de acceso a la información”, como lo establece el criterio 09/10 del INAI.
El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de una instancia gubernamental atendió la denuncia de un caso que llevaba más de un año sin solucionarse y resolvió que hubo trato discriminatorio hacia una persona y falta de equidad en un procedimiento.
¿Qué nos indica todo esto? Son botones de muestra de que los tiempos cambian.
Hace varias décadas, los gobernadores eran intocables y sus deseos eran órdenes; Wil G. Pansters, en su análisis de la cultura política mexicana, afirmaba que ésta se cimentaba en el personalismo; ese personalismo tomaba la forma de presidencialismo y se reproducía, sin más, en todos los niveles de gobierno. El grado de autoritarismo y sumisión era tan grande que, hace poco más de medio siglo, un gobernador se jactaba de aplicar la ley de los tres hierros a sus opositores: encierro, entierro y destierro.
La regulación de la actuación de los servidores públicos ha sido una preocupación ancestral pero, sin duda, como lo explica Osornio Corres, bajo el mandato de Miguel de la Madrid, se dieron pasos importantes, pues las modificaciones que se hicieron a la ley permitieron crear la Secretaría de la Contraloría General de Nación.
La famosa y coloquialmente conocida Contraloría es el primer antecedente de la Secretaría de la Función Pública que opera hoy en día, y de la que dependen el Órgano Interno de Control y los Comités de Ética, dos instancias muy importantes para prevenir la mala actuación de los servidores públicos y, en su defecto, fincar responsabilidades.
Con la entrada del nuevo milenio y la alternancia en el poder a nivel federal, surgió la primera Ley de Acceso a la Información y de ahí se desprendió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos que, poco a poco, dio mayor relevancia a la transparencia.
Hace casi dos años, a partir de otro cambio en la ley de acceso a la información, este Instituto se transformó en el INAI que nos ha permitido a los ciudadanos conocer información que, mucho tiempo fue tratada como privada pero que siempre debió ser pública.
Los cambios, como afirma Joe Foweraker, son específicos, diferenciados y graduales; y hay etapas en la vida de una nación que varios y variados cambios convergen para alimentar la esperanza de que es posible un México distinto.
Por eso, hoy día, vemos a servidores públicos encarcelados por su presunta ayuda a que otra autoridad evada sus responsabilidades; por eso, las víctimas recurren al amparo para intentar que las autoridades asuman las consecuencias de sus actos y omisiones; por eso, se instruye a las instancias a que jueguen limpio y hagan su mayor esfuerzo por brindar la información que les soliciten; por eso la propia Secretaría de la Función Pública ha creado instancias para prevenir y sancionar los abusos de autoridad.
Sin duda, los tiempos cambian, nos guste o no, estemos preparados o no; y las instancias gubernamentales, de todos los niveles, deben asumir el reto.
Artemisa López León
Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte[:]
