De El Colef: ¿De vuelta a casa?

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Opinión de Artemisa López León Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte

miércoles 19 de abril de 2017

La Semana Santa es una época de recogimiento y reflexión; esta conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo sigue teniendo gran arraigo entre la comunidad católica mexicana y es un buen pretexto para vacacionar en lugares maravillosos.

Mientras en México se conmemoraba la Semana Santa, en Italia y Guatemala fueron aprehendidos Tomás Yarrington Ruvalcaba y Javier Duarte de Ochoa, dos exgobernadores mexicanos que fueron localizados, de acuerdo con el gobierno mexicano, por la cooperación conjunta de México con las agencias de inteligencia pares en otros países.

Ninguno de los exgobernadores opuso resistencia a su detención; tal vez porque, en el momento de su captura, hubo videocámaras que no sólo dejaron constancia del acontecimiento, también se hizo una amplia y expedita difusión de la información, típica de la era virtual que vivimos.

Yarrington y Duarte eran buscados por la Interpol, fueron expulsados del Partido Revolucionario Institucional a finales del año pasado, se encontraban prófugos de la justicia, se movían con soltura usando identidades falsas y fueron localizados en bellos parajes turísticos.

El domingo de ramos, en una conocida plaza de Florencia, Italia, fue aprehendido Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004; su detención se debió a un orden aprehensión girada por el gobierno mexicano por sus vínculos con el narcotráfico y su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno de Estados Unidos también giró una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero, defraudación, y declaraciones falsas a los bancos de Estados Unidos y violación a las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas.

El sábado de gloria, en un lujoso hotel de Panajachel, Guatemala, fue detenido Javier Duarte Ochoa, quien gobernó Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016, cuando pidió licencia para dejar el cargo. A Duarte también se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita así como del desvío de miles de millones de pesos a través de diversas empresas fantasma. Aunque no se le ha vinculado directamente al narcotráfico, es vox populi que durante su mandato aumentaron los homicidios a periodistas, el número de desaparecidos y, con seguridad, fueron muertos varios de los cientos de personas que se encontraron en diversas narcofosas.

Ni tardo ni perezoso, el Presidente de la República habló de ambas detenciones durante su primer evento público después de concluir el periodo vacacional. Peña Nieto expresó que estas capturas eran un mensaje firme y contundente del estado mexicano contra la impunidad, afirmó que quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos, volvió a reiterar que las cosas buenas cuentan y cuentan mucho. Con este mensaje, el Presidente también ratificaba que se desligaba de dos exgobernadores de su partido que ahora se han vuelto personajes incómodos.

Sin embargo, la detención es el primer paso de un largo proceso; el siguiente es la extradición. En el caso de Duarte, se ha hecho público que acepta volver a casa para ser juzgado pero el procedimiento puede tardar seis meses; Yarrington no quiere ser extraditado aunque México ya lo solicitó, formalmente y por la vía diplomática; el caso de Yarrington se complica un poco más porque la solicitud de su búsqueda en Italia se debió al interés primordial de los Estados Unidos, no del gobierno mexicano.

Estas mediatizadas aprehensiones son importantes y se suman a otras más, como la de Guillermo Padrés Elías, de Sonora (2009-2015), quien fue detenido a finales del año pasado. Sin embargo, aún quedan otros exgobernadores que deben ser capturados; uno de ellos es César Duarte Jáquez de Chihuahua (2010-2016) que, se rumora, se encuentra en los Estados Unidos; otro es el tamaulipeco Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien no tiene ninguna orden de aprehensión en México pero sí en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude bancario; sin mencionar que hay más exgobernadores que han sido denunciados por diversos delitos.

Traer a casa a los exgobernadores para que sean juzgados es una estrategia importante para sentar un precedente que permita intentar limitar el abuso del poder. Sin embargo, la extensa lista de gobernantes que han infringido la ley, sumado a que su elección fue democrática, nos debe llevar a reflexionar seriamente sobre nuestro ejercicio del derecho al voto, pues el primer escaño para decidir el destino de una nación.

Esa reflexión podría ser una meta para tener en mente, durante las semanas que dura la Pascua que recién inicia.

Artemisa López León
Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte