El fin de semana, en esa revisión rápida de los titulares de las noticias que acostumbro hacer a través de un buscador de Internet, me di cuenta que habían destituido a Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pero no caí en cuenta de la gravedad de la situación. Era fin de semana, mea culpa.
Simplemente llamó mi atención que se removiera al titular de esa fiscalía cuando recién arrancaba el proceso electoral 2018 y las últimas noticias que había visto, sobre el tema, aludían al registro de candidatos independientes y, en las horas previas, pues referían a la validación que hacía el Tribunal Electoral de Coahuila de la controvertida elección para gobernador.
Archivé esta remoción en mi cabeza sin reparar en las implicaciones que podía tener esta remoción hasta que mi buscador de noticias empezó a mostrar, constantemente, el nombre de Santiago Nieto Castillo y leí que se hablaba de una parálisis en el senado que me hizo recordar la crisis que se vivió en la Cámara de Diputados, hace unas semanas, por motivos claramente políticos. Hasta entonces me detuve a reflexionar un poquito sobre el tema.
Conforme leía sobre el asunto, era casi imposible no vislumbrar un complejo entramado. No sólo se trata de la remoción, en el inicio del proceso electoral, del titular de un importante cargo para asegurar que las elecciones de 2018 sean válidas y confiables, a ojos de una ciudadanía que hace un buen rato ha dejado de confiar en los partidos políticos y tiene serias dudas de la labor que realizan las autoridades encargadas de velar por una democracia procedimental efectiva.
El entramado es complejo por tratarse de la remoción del llamado fiscal incómodo–por la imparcialidad que se atribuye a sus acciones y decisiones–; por las irregularidades legales que ponen en entredicho dicha; por la legitimación de esa decisión, por parte de la PGR, en un discurso que se finca en la trasgresión al código de conducta que la PGR atribuye al titular de la FEPADE; y por un trasfondo político que parece relacionarse con el caso Odebrecht en México, particularmente, con las declaraciones que hizo Nieto Castillo, a medios de comunicación, sobre Emilio Lozoya, el exdirector de Pémex.
Este entramado que aún no termino de entender ha traído a mi mente una máxima de la cultura política de la pirámide –según llama Wil G. Pansters a esa cultura caracterizada por orientarse hacia el centro, estructurarse verticalmente y tener como cimiento al personalismo– que conocí, hace muchos años, leyendo a Claudio Lomnitz: “a mis enemigos la ley, a mis amigos todo”. Para Lomnitz, esta máxima refleja un modo de acción política en el que la aplicación de la ley se utiliza como mecanismo de exclusión y diferenciación; en el caso de Santiago Nieto Castillo, es evidente que la exclusión era la razón de fondo.
Sin embargo, en la vida sociopolítica de una nación nada está escrito ni puede controlarse totalmente el efecto que tendrán algunas decisiones y, en esta ocasión, el senado ha dado la sorpresa al reventar, dos veces, la sesión programada para discutir este caso; en un primer momento tomaron la tribuna para impedir que continuara la discusión del formato de votación (pública o secreta) para decidir sobre la remoción de Santiago Nieto; después, fue la falta de quórum la que impidió seguir con la discusión.
En las próximas horas, veremos si se impone la cultura política piramidal que tiene a su principal exponente en el priísmo tradicional o si la cultura política de la ciudadanía logra consolidarse en el Senado que, debemos tener presente ante el proceso electoral 2018, se integra por los llamados representantes de la nación que fueron elegidos por nosotros, los ciudadanos.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte