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De dulce o de chile: la militarización de la frontera y la cuenta que Estados Unidos no quiere hacer

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Opinión de Alejandro García Galván de El Colegio de la Frontera Norte

jueves 21 de mayo de 2026

Introducción: 

Hay refranes que caben en una servilleta y explican un país entero. En México decimos “de dulce o de chile” cuando hay que escoger entre lo agradable y lo que pica, entre el placer inmediato y el ardor que viene después. Desde enero de 2025, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington eligió el chile en la frontera sur: soldados que detienen, zonas militares donde antes había ranchos, y más de 1,400 migrantes —la mayoría mexicanos— acusados de entrar a áreas militarizadas cerca de Santa Teresa, Nuevo México. La estrategia se expandió hasta cubrir casi un tercio de la frontera bajo control federal directo, y el número de imputados por “trespassing” en esas zonas ya supera los 1,400. 

La pregunta no es solo jurídica —si la doctrina de “propósito militar” puede eludir la Posse Comitatus (fuerza del estado)—, sino económica: ¿cuánto cuesta ese picor y qué sabor dulce se pierde cuando se expulsa la mano de obra que lo producía?

El chile: la factura del aseguramiento

Primero, detener. El costo diario de un adulto bajo custodia de ICE es de 187,48 dólares, y la estancia promedio subió a 73,6 días tras la expansión de 2025. Multiplique: cada detención cuesta al contribuyente unos 13.800 dólares solo en cama y comida, sin contar traslado ni tribunales. 

¿Escala? Entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026 se realizaron unas 400,000 detenciones de migrantes en operaciones interiores. Si aplicamos la estancia promedio, hablamos de más de 5,500 millones de dólares en detención básica en 15 meses —y eso antes de sumar los vuelos. 

Porque el gobierno también vuela. ICE planea gastar 38,300 millones de dólares hasta 2025 para ampliar centros a 92,600 camas, dentro de un paquete de 170,000 millones para enforcement. El Congreso, con la “budget bill” de 2026, añadió 45,000 millones para duplicar la capacidad a más de 100,000 camas, más 14,000 millones para operaciones de deportación y 3,500 millones para reembolsos estatales. 

Segundo, militarizar. El Pentágono proyecta 5,000 millones de dólares para operaciones fronterizas bajo la administración Trump, y ya desvió 3,600 millones de construcción militar a 11 proyectos de barrera, más otros 1,000 millones quitados al mantenimiento de cuarteles. El despliegue no es simbólico: desde abril de 2018, las tropas activas en la frontera han costado 132 millones y la Guardia Nacional otros 103 millones, para un total documentado de 235 millones que iba camino a 550 millones antes de 2020. En la segunda presidencia, solo los despliegues urbanos costaron 496 millones en 2025, y la CBO proyecta 93 millones mensuales en 2026. 

Tercero, contratar. Aunque el número exacto de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza fluctúa con cada autorización, el DOD ordenó 1,500 efectivos adicionales y activos aéreos tras la declaratoria de emergencia. Cada mil guardias cuestan entre 18 y 21 millones al mes según la CBO, lo que convierte la frontera en una nómina permanente. 

Sumemos con prudencia: 5,500 millones en detención básica + 45,000 millones de expansión + 14,000 millones en deportaciones + 5,000 millones del Pentágono + 4,600 millones en barreras y desvíos + al menos 1,100 millones anuales en tropas (93×12). Estamos cerca de 75,000 millones de dólares en dos años solo para “asegurar” —sin contar jueces, fiscales ni el costo humano de separar a 145,000 niños estadounidenses de sus padres.

El dulce: lo que esos mismos trabajadores ponían en la mesa

Ahora cambie el ángulo. Los mexicanos indocumentados no son una estadística abstracta: en 2019 generaron 92,000 millones de dólares en ingreso familiar y pagaron 9,800 millones en impuestos. El conjunto de indocumentados —donde México es el primer origen— aporta 96,700 millones anuales en impuestos, 59,400 millones al gobierno federal y 37,300 millones a estados y municipios. Y si hablamos del ecosistema latino inmigrante en su conjunto, su trabajo sostiene 4.1 billones de dólares del PIB estadounidense. 

Ese dulce tiene sabor local. En agricultura, entre 50% y 70% de los trabajadores son indocumentados. Cuando entre marzo y julio de 2025 salieron 155,000 trabajadores del campo por miedo a redadas, hubo pérdidas de cosecha, cuellos de botella y alza de precios. Brookings calcula que la caída de inmigración reducirá el gasto del consumidor entre 60,000 y 110,000 millones en 2025-2026. En California, solo la escasez en cítricos dejó 13 millones en pérdidas y fruta pudriéndose. 

No es ideología, es aritmética de supermercado: menos manos → cosecha más lenta → menos oferta → precio más alto. El Departamento del Trabajo lo admitió en 2025 al conceder que sin mano de obra estable los agricultores contratarían más H-2A, lo que no resuelve el hueco estructural.

Comparativo: picor inmediato contra dulzura compuesta

Pongamos frente a frente dos escenarios para los 400,000 detenidos desde enero de 2025.

Escenario chile (detener y deportar):

  • Costo directo detención: ∼5,500 millones
  • Expansión y operación ICE: ∼59,000 millones (45+14)
  • Militarización y barreras: ∼10,600 millones (5+3,6+1+1,1 anualizado)
  • Total bienal aproximado: 75.000 millones
  • Beneficio fiscal: cero (el detenido no trabaja, no paga ISR ni sales tax mientras está bajo custodia; el gobierno además paga su manutención)

Escenario dulce (regularizar y retener):

  • Si esos 400,000 trabajadores tuvieran el perfil promedio del mexicano indocumentado de 2019 (ingreso ∼$23,000/año por hogar ajustado), generarían unos 9,200 millones en ingreso anual. Aplicando la tasa efectiva de impuestos observada ($9,8bn / $92bn ≈ 10,6%), aportarían cerca de 975 millones anuales solo en impuestos directos, sin contar contribuciones indirectas vía consumo.
  • A escala nacional, mantener el flujo migratorio evita la contracción de consumo de 60,000-110,000 millones que Brookings proyecta.
  • En agricultura, evitar la salida de 155,000 trabajadores preserva cadenas de valor que, según productores de California, valen decenas de millones por condado y estabilizan precios al consumidor. 

Es decir, por cada dólar que el gobierno gasta en encerrar, deja de ingresar al menos 0,13 dólares en impuestos directos del trabajador —y pierde mucho más en actividad económica inducida. El chile pica dos veces: pagas para detener y pagas más en el súper.

¿Por qué duele más el chile ahora?

Porque la militarización cambió de escala. Ya no son patrullas de apoyo: son zonas de defensa nacional donde un teniente coronel describe detenciones por “trespassing” y los migrantes pasan directo a CBP. La excepción de “propósito militar” se vuelve regla, y con ella se normaliza el uso del presupuesto de defensa para tareas civiles. 

Ese desvío tiene costos invisibles. Cuando el Pentágono quita 1.000 millones a cuarteles para la frontera, degrada la calidad de vida de sus propios soldados. Cuando desvía 3.600 millones de construcción militar a muros, pospone hangares, hospitales y escuelas en bases. Es el chile que pica al que lo sirve. 

La lección del refrán

“De dulce o de chile” no es un dilema moralizante; es una prueba de consistencia fiscal. El dulce —permitir que trabajadores mexicanos y centroamericanos sigan en agricultura, construcción, cuidado y servicios— genera impuestos, abarata alimentos y sostiene el PIB. El chile —detener, encerrar, desplegar— genera contratos, camas y titulares, pero no genera valor.

La evidencia oficial es clara: ICE cobra 187 dólares diarios por detenido, mientras ese mismo trabajador, libre, pagaba en promedio más de 2,400 dólares anuales en impuestos federales y estatales según los datos por país de origen. En 73 días de detención, el gobierno gasta lo que tardaría un año en recaudar de él. 

Y no olvidemos la externalidad: cuando 155,000 personas abandonan el campo, no solo sube la lechuga. Sube la presión sobre programas de asistencia, caen las ventas minoristas en pueblos agrícolas y se erosiona la base tributaria local que depende del IVA y del predial pagado indirectamente por rentas.

¿Y la seguridad?

Nadie propone fronteras abiertas. Pero la seguridad eficiente distingue entre amenaza y mano de obra. Militarizar un tercio de la frontera para procesar a jornaleros por “trespassing” es como usar un martillo para pelar una tuna: funciona, pero desperdicia fruto y lastima la mano. 

Los 1,400 imputados en zonas militares son el síntoma de una doctrina que prefiere el espectáculo del uniforme al cálculo del contador. El costo de oportunidad es el dulce que no probamos: esos mismos 1,400, trabajando seis meses en cosecha, habrían generado unos 16 millones en valor agregado y cerca de 1.7 millones en impuestos —en lugar de costar más de 19 millones en detención (1.400 × 73,6 días × $187,48).

Cierre: elegir con la boca y con la cabeza

México conoce el chile. Lo usamos para despertar, no para castigarnos. Estados Unidos está eligiendo el picor como política permanente, y la cuenta llega en tres sabores: presupuesto federal inflado, precios de alimentos más altos y comunidades agrícolas vaciadas.

Si la decisión fuera solo gastronómica, cada uno escogería a su gusto. Pero cuando el menú lo paga el contribuyente, conviene recordar que el dulce —el trabajo formalizado, con impuestos y derechos— no solo sabe mejor: sale más barato.

El refrán no pide ingenuidad. Pide medir. Y los números, con fuentes oficiales en la mano, dicen que llevamos dos años pagando por el chile mientras tiramos el dulce a la basura.

Preguntas de Reflexión para el Lector

  1. Si detener a un trabajador cuesta más de lo que recauda de él en un año, ¿qué umbral de “seguridad” justifica mantener esa política sin una reforma laboral paralela?
  2. ¿Aceptaría pagar precios de alimentos más altos a cambio de ver soldados en la frontera, sabiendo que 50-70% de la mano de obra agrícola es indocumentada?
  3. Entre militarizar y regularizar, ¿qué opción fortalece realmente la soberanía fiscal de Estados Unidos a diez años vista?

¿Y usted, qué piensa?

Referencias Bibliográficas

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