Hace unos días, el estado de Texas junto con otros seis estados federativos presentaron una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos con el objetivo de terminar el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). DACA, creado en 2012 por el presidente Barack Obama, ha cambiado la vida de más de medio millón de jóvenes mexicanos que no cuentan con estatus legal. Los mexicanos representan casi el 80% de los llamados “Dreamers”, que llegaron a Estados Unidos cuando tenía menos de 16 años, y que en la mayoría de los casos nunca han conocido otro país.
Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación se ha complicado. Los diputados republicanos han sido muy críticos del programa y la amenaza de una demanda por parte del gobierno de Texas fue la razón principal que motivó a Trump, en septiembre de 2017, a anunciar la terminación de DACA. Desde entonces, una serie de resoluciones legales, no solo han protegido el programa, sino han abierto la posibilidad de que DACA siga creciendo si el gobierno federal no presenta mejores argumentos en su contra.
Ante esta situación, Texas y sus aliados decidieron tomar acción, apoyándose en el éxito que han tenido en el pasado. Hace cuatro años mediante otra demanda, Texas logró que se cancelara una ampliación de DACA que hubiera beneficiado a los padres de los “Dreamers”. La demanda actual está frente al mismo juez de ese entonces, lo que plantea la posibilidad real de decisiones contradictorias por parte de diferentes jueces federales en el país. En tal caso, el futuro de DACA tendrá que ser decidido por la Corte Suprema. Más aún, otra pregunta es ¿qué será la postura del gobierno federal en los procedimientos jurídicos actuales?. Aunque Texas y los demás estados están demandando a la administración de Trump, esta última está también en contra del programa.
Las mayores victorias que han tenido los adversarios de Trump durante los últimos meses han ocurrido en las cortes. Al asignar mayores recursos a la creación de “centros de defensoría” en los consulados mexicanos, el gobierno mexicano parece haber entendido que el sitio de lucha contra la política migratoria del gobierno federal estadounidense ya no son los pasillos de Washington, sino los tribunales del país. Sin embargo, falta mucho todavía para asegurar un seguimiento real, sobre todo en el sistema paralelo de las cortes de inmigración. Por otra parte, aunque el tema de los “Dreamers” ha sido poco comentado en las campañas electorales actuales en México, dependiendo de su evolución en los tribunales estadounidenses, podría volverse un asunto mayor para el próximo presidente de la república.
Finalmente, la cuestión migratoria en Estados Unidos muestra cada vez más la politización del sistema judicial en ese país. En ausencia de una decisión política sobre el caso de los “Dreamers”, los proponentes de DACA buscan jueces federales en favor de su posición mientras que sus oponentes hacen lo mismo. De igual manera, los migrantes que están ante tribunales de inmigración en estados republicanos pueden llegar a tener tasas de deportación varias veces mayores que en los tribunales de estados demócratas. Quizá es imposible que la justicia sea completamente ciega, pero la situación actual va por un camino que no es sano para la democracia estadounidense.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte