Preguntas que no pierden vigencia, que se renuevan o adquieren nuevos sentidos ante los cambios sociales. Me resulta inevitable recordar aquel libro de Historia ¿Para qué?, publicado en 1980 por Siglo XXI. Título provocador sobre todo al pensamiento pragmático que identifica verdad con utilidad, o en su forma más vulgar que pretende orientar toda forma de pensamiento a la acción, a la resolución de problemas inmediatos.
Aunque la Historia ha sido una herramienta ideológica y política para los proyectos del Estado (recordemos la época nacionalista), no es propiedad de nadie en particular, es un bien público. Lo mismo con la cultura. La existencia de instituciones gubernamentales relacionadas con la cultura es valiosa si documenta, investiga, preserva, protege y promueve las cosas de valor cultural. Visto de otra forma, estas instituciones sólo son las facilitadoras de la vida cultural y no sus rectoras. El peor de los casos se da cuando cultura se limita a lo reconocido desde estas instituciones.
La práctica de la cultura institucionalizada se mueve por múltiples facetas, desde aquellas que pretenden encapsular en los museos la vida cultural (mientras se desdeña a los productores de la misma), hasta aquellas que lidian trienio tras trienio o sexenio tras sexenio no sólo con los recortes presupuestales, sino con la ignorancia y el inmovilismo de los aparatos legislativos. Valiosas iniciativas de protección y preservación cultural esperan turno para su revisión y aprobación.
En los ámbitos institucionales locales está cobrando importancia el patrimonio inmaterial, también llamado intangible (referido al saber y la memoria como oficios, rituales, gastronomías, tradición oral, danzas, etc.), es decir, aquello que ha sido creado, practicado y apropiado por los pueblos. Antes de esto lo que se atendió con mayor interés fue el patrimonio material o tangible (objetos y sitios con valor cultural de origen religioso, tecnológico, industrial, etc.).
El patrimonio intangible representa un reto institucional: no hay otra forma de conocerlo que a través del contacto con la gente en los municipios, en las colonias, en los barrios donde se practica. Es necesario el trabajo de campo y la revisión documental, lo que implica la participación ciudadana. Es un reto porque la tradición de nuestras instituciones gubernamentales ha sido trabajar desde arriba o más claro, bajo el supuesto de que quienes saben están en las oficinas.
Afortunadamente esto cambia, poco a poco, pero cambia.
En Coahuila por ejemplo se ha creado la Secretaría de Cultura (antes fue instituto), lo que refleja un mayor interés gubernamental en el tema. En dicha secretaría está en marcha el inventario del patrimonio intangible del estado. Por su parte, en Nuevo León desde hace algunos años Conarte investiga, documenta y ha publicado varios volúmenes de este tipo de patrimonio para diferentes municipios del estado.
Conocernos como sociedad o comunidades no debe tener otro fin que el mismo saber. Legitimar la historia y la cultura por su valor práctico y redituable empobrece nuestra condición humana.
