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La respuesta seguro no es una, ni fácil, si nos preguntamos cuánto vale la vida de un migrante en México.
La pregunta de cuánto vale la vida de un migrante en México no es nueva. En el 2021, en una publicación en El Universal, Carlos Heredia Zubieta, profesor del CIDE, respondió: no vale nada, al menos la vida de los migrantes centroamericanos; debido al asesinato y tráfico de estos en México ya sea antes, durante o después de cruzar las fronteras del país. En el mismo tenor está la reflexión que hizo Laura Carlsen durante ese año, en un trabajo publicado en el portal de Americas Program: en una región con tantos precedentes de violación de derechos de los migrantes, parece que sus vidas valen poco o nada.
Esa es una forma de responder cuánto vale la vida de un migrante, pero también hay otra. Judith Cabrera, del Border Line Crisis Center, se preguntó lo mismo. A la luz del caso de Esther, una migrante ecuatoriana y su familia, Cabrera responde: la vida de un migrante, como la de cualquier persona, es invaluable, hasta que en el mercado del secuestro de migrantes que prevalece en México, se le pone precio. El esposo, dos hijos, más un tío y hermano de Esther, fueron raptados en Caborca y, para liberarlos, los captores pedían 2 mil 500 dólares por cada uno.
En México suceden cosas inhumanas e inverosímiles, como la relatada, pero en otros países además son bizarras. Hace poco, el periodista John Machado ha afirmado que en Ecuador los coyotes han implementado un sistema de compensación para familiares de migrantes que murieron o desaparecieron mientras iban bajo su resguardo. Sí, así como se lee. Se trata de una letra de cambio, de un acuerdo notariado en el que a cuenta gotas les pagan 15 mil dólares en promedio para obtener su silencio, para evitar denuncias futuras que pongan en riesgo su libertad o, mejor dicho, un negocio tan lucrativo como es el tráfico de migrantes.
Como se observa, la vida de un migrante tiene precio, al menos el que definen secuestradores o coyotes en momentos, lugares y circunstancias específicas. No son los únicos. Recientemente, las autoridades mexicanas han hecho lo mismo. El contexto es la desgracia que tuvo lugar en una estación migratoria situada en Ciudad Juárez, a fines de marzo de 2023. Ahí murieron 40 migrantes de Centro y Sudamérica debido al incendio provocado al interior de una celda, donde permanecieron encerrados incluso cuando las llamas y el humo se acrecentaron. Esto ya se sabe, de echo tuvo mucha difusión en los medios de comunicación.No te pierdas:San Fernando: migrantes, desaparecidos y una influencer
Lo que poco se difundió fue que recientemente el Instituto Nacional de Migración le solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida “especial” de 140 millones para iniciar un proceso de indemnización, de reparación del daño a los familiares de las víctimas. Esto equivale a 3.5 millones de pesos por cada migrante muerto. Ese fue el valor definido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sí, ese fue el valor signado por cada vida, o, mejor dicho, por cada muerte; porque aquello de reparar el daño con esa cantidad, definitivamente imposible.
Como se observa, ponerle precio a la vida de un migrante depende del cristal con que se mira. Desde la perspectiva del derecho a la vida, ese derecho consagrado en el artículo 3º. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la vida es tan valiosa que no tiene precio, como la libertad y la seguridad de la persona. Por el contrario, en el plano de la violación de derechos humanos en las fronteras, de políticas migratorias restrictivas y disuasivas, de la criminalización de los migrantes; la vida de un migrante no vale nada, es desechable; o sí tiene un precio que es fijado por secuestradores, traficantes de migrantes o autoridades del Estado.
Se trata de una discusión que puede ser llevada al plano filosófico, sociológico y jurídico, pero quizás se ilustra mejor y de forma más sencilla desde la cinematografía. Al inicio de 2020 se estrenó la película Worth, una producción estadounidense dirigida por Sara Colangelo, basada en el libro de Kenneth Feinberg, What Is Life Worth? La película aborda el dilema enfrentado por un grupo de abogados contratados por el gobierno de los Estados Unidos, para compensar a los familiares de las víctimas del conocido ataque terrorista del 9/11 en Nueva York.
En los hechos y en el filme, el gobierno estadounidense crea un Fondo de Compensación para las Víctimas del 11-S. Los abogados definen el valor de la vida de cada víctima calculando las ganancias potenciales que cada una habría generado durante el resto de su vida y acorde a la posición laboral que tenía cuando murieron. Obviamente el Fondo no era un gesto humanitario, sino una estrategia para prevenir demandas contra el gobierno y proteger a las compañías de aviación. Y por supuesto, la fórmula era poco ética. Después de encontrar resistencia por parte de familiares de las víctimas y de conocer varias historias, los abogados se dan cuenta que su fórmula es poco ética: las personas no son cifras y, por lo tanto, ni la vida ni el dolor humano tienen un precio. Son invaluables.
Valdría la pena preguntarse: cuál fue la fórmula que utilizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para definir que la vida de cada migrante fallecido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, valía 3.5 millones. Mejor aún: sería importante conocer –y transparentar- cuál fue el proceso de reflexión y de sustento jurídico para definir esa cantidad. De las fórmulas empleadas por secuestradores o traficantes de migrantes, mejor ni hablar, porque ya se sabe que ahí la ética y los derechos humanos etéreos, en particular en las ciudades fronterizas de este país. ¿Cuánto vale la vida de un migrante en México? La respuesta seguro no es una, ni fácil.
Dr. Óscar Misael Hernández-Hernández
El Colegio de la Frontera Norte
