Cuando el valor de la muerte es más lucrativo que la vida misma: seis meses de guerra y el negocio que la sostiene

Introducción

El Hay frases que funcionan como diagnóstico. «Cuando el valor de la muerte es más lucrativo que la vida misma» no describe la maldad de una persona, sino una estructura de incentivos: un sistema en el que cada misil disparado se convierte en un pedido nuevo y cada guerra prolongada, en una cartera de contratos. Este artículo pone a prueba esa idea con datos de mayo a octubre de 2026, un semestre marcado por la guerra contra Irán, la ofensiva rusa sobre las ciudades ucranianas y la guerra de drones en Sudán.

La pregunta guía es: ¿en qué medida la persistencia de las guerras se explica por el poder económico y político de la industria armamentista? El recorrido tiene cuatro pasos. Primero, un balance de las muertes documentadas. Segundo, la contabilidad paralela de ventas, pedidos y presupuestos. Tercero, los mecanismos de influencia sobre los gobiernos y los límites de esa tesis. Por último, las acciones que podrían cambiar la ecuación.

1. El balance: seis meses medidos en vidas

Conviene empezar con una advertencia: no existe un conteo mundial consolidado para mayo-octubre de 2026. Cada conflicto se mide con métodos distintos y casi todas las cifras son mínimos verificados. La referencia más sólida es anual. El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP) registró unas 244,600 muertes por violencia organizada en 2025, el segundo año más letal desde el genocidio de Ruanda, con ocho conflictos entre Estados, un récord desde 1946 (Uppsala University, 2026). Si ese ritmo se hubiera mantenido, el semestre sumaría alrededor de 120,000 muertes; es una extrapolación ilustrativa, no un conteo.

En julio, la ONU documentó 437 civiles ucranianos muertos y 2,610 heridos, el mayor número de víctimas en un solo mes desde marzo de 2022 (UN News, 2026a). La reanudación de los ataques contra Irán en julio dejó 53 muertos hasta el día 22, según el Ministerio de Salud iraní, que no distingue entre civiles y combatientes (The Times of Israel, 2026). Casi todas estas cifras subestiman la realidad.

2. La otra contabilidad: ventas, pedidos y presupuestos

Mientras se cuentan los muertos, otra contabilidad crece. Las 100 mayores empresas de armamento facturaron 679,000 millones de dólares en 2024, un récord y 5.9 % más que el año previo; las estadounidenses concentraron 334,000 millones, casi la mitad (Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], 2025). «Los productores capitalizaron la alta demanda», resumió Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI. Su colega Zubaida Karim observó que el rechazo por la conducta de Israel en Gaza parece haber tenido poco efecto en el interés por las armas israelíes.

El gasto militar mundial llegó en 2025 a 2.9 billones de dólares (un billón equivale a un millón de millones), su undécimo año consecutivo de aumento, y absorbió 2.5 % del producto mundial, la proporción más alta desde 2009 (SIPRI, 2026).

En el tercer trimestre de 2026, RTX vendió 25,000 millones de dólares, 11 % más que un año antes, y su división Raytheon creció 14 %, impulsada por programas navales y de defensa aérea, entre ellos Patriot, Standard Missile y Tomahawk; su cartera de pedidos alcanzó un récord de 340,000 millones (RTX, 2026). Lockheed Martin reportó una cartera récord de 292,000 millones, que incluye 52,500 millones de un contrato plurianual de interceptores PAC-3 (Lockheed Martin, 2026).

Aquí se cruzan las dos contabilidades. Los interceptores que impulsan esas utilidades son del tipo que hoy escasea en Kyiv: Zelenski afirmó que su gobierno lleva casi un mes esperando que el Pentágono apruebe misiles para sus sistemas Patriot y NASAMS (Basmat, 2026). Para la víctima, cada ataque es una pérdida; para el balance de un fabricante, es demanda de reposición. La desproporción tiene cifra: según el Instituto para la Economía y la Paz, la inversión mundial en construcción de paz equivale apenas a 0.52 % del gasto militar (Institute for Economics & Peace [IEP], 2026). Medio centavo por cada dólar: quizá la traducción más exacta del eje de este texto.

3. Del mercado al poder: influencia, dependencia y límites

En 1961, el presidente Dwight D. Eisenhower advirtió que los gobiernos debían protegerse de la «influencia injustificada, buscada o no» del «complejo militar-industrial» (National Archives, s. f.). Hoy pueden distinguirse tres canales de esa influencia.

El primer canal es el cabildeo: en Estados Unidos, el sector de defensa gastó casi 200 millones de dólares en 2025, un salto de 24 %, según OpenSecrets; Dan Auble, investigador sénior de esa organización, sostiene que las empresas «claramente obtienen más de lo que pagan» (Marshall-Genzer y Soderstrom, 2026). El segundo canal es el presupuesto: la solicitud del Pentágono para el año fiscal 2027 asciende a 1.5 billones de dólares, 42 % más, e incluye 64,500 millones para sistemas de nueva generación que abarcan interceptores Patriot y THAAD (Noury, 2026). El tercero es la dependencia tecnológica. Durante más de una semana, el servicio de Starlink funcionó restringido para Ucrania, lo que, según funcionarios ucranianos, dificultó la interceptación de drones rusos; Elon Musk acusó a Kyiv de violar los términos del servicio, y ni él ni el gobierno estadounidense asumieron la responsabilidad (Dysa, 2026). Con independencia de quién dio la orden (Reuters, citando fuentes, la atribuye a la Casa Blanca), el episodio mostró que la defensa de un país en guerra puede depender de un interruptor en manos privadas.

Hablar de «control», sin embargo, exige cautela. El gasto militar estadounidense cayó 7.5 % en 2025 principalmente porque no se aprobó nueva asistencia militar financiera para Ucrania (SIPRI, 2026), y 289 organizaciones pidieron al Congreso rechazar el presupuesto de 2027 (Noury, 2026): las empresas presionan, pero no deciden solas. Además, las armas también protegen; para Kyiv, cada Patriot que no llega se mide en vidas civiles. La evidencia sugiere menos un gobierno títere que una convergencia de intereses: Estados que buscan seguridad, empresas que buscan utilidades y amenazas reales que alimentan a ambos. Sin contrapesos, esa convergencia inclina las decisiones hacia la compra antes que hacia la prevención.

4. ¿Qué haría la vida más rentable que la muerte?

Si el problema es una estructura de incentivos, las respuestas también deben serlo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo planteó a propósito de Sudán: los esfuerzos de paz deben abordar de frente «el flujo continuo de armas que alimenta el conflicto», y pidió poner fin a las transferencias usadas en abierto desprecio del derecho internacional humanitario (UN News, 2026b). De ahí se desprenden cuatro líneas de acción.

La primera es el control efectivo de las transferencias: rastrear el origen de los drones y municiones usados contra mercados y campamentos, y condicionar las licencias de exportación al comportamiento de quien compra. La segunda es la transparencia: registros públicos y comparables del cabildeo, de los contratos y del paso de funcionarios a la industria, para que la influencia pueda medirse y discutirse. La tercera es presupuestal. Si la construcción de paz recibe medio centavo por cada dólar militar, mover una fracción mínima del gasto hacia la prevención, la mediación y la reconstrucción multiplicaría los recursos de la vida sin desarmar a nadie.

La cuarta línea mira hacia nuestro entorno. México demandó a fabricantes estadounidenses de armas de fuego por el tráfico que alimenta la violencia de los cárteles, pero en junio de 2025 la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió, por unanimidad, que una ley federal de 2005 los protege de esa demanda; según una estimación citada por ABC News, al menos 200,000 armas fluyen cada año hacia el sur de la frontera (Dwyer y Pereira, 2025). La frontera muestra que la lógica no pertenece solo a guerras lejanas. También aquí el blindaje jurídico protege al negocio mientras el daño cruza la línea.

Nada de esto es ingenuo. Supone reconocer que la seguridad necesita armas, pero que una política de seguridad que solo paga la guerra termina financiando su repetición.

Conclusión

La frase del título no es una exageración retórica si se lee como descripción de incentivos. En seis meses, miles de muertes documentadas convivieron con carteras de pedidos récord y presupuestos militares sin precedentes. Los datos no prueban que las empresas de armamento gobiernen el mundo; muestran algo más incómodo: que los sistemas políticos han permitido que la guerra sea un negocio predecible y la paz, una partida marginal. Cambiar esa ecuación no exige buena voluntad, sino reglas: transparencia sobre la influencia, control de las transferencias y presupuestos que paguen la vida. Mientras eso no ocurra, el valor de la muerte seguirá cotizando más alto que el de la vida. La pregunta queda abierta para cada sociedad: ¿cuánto vale una vida en la contabilidad de su Estado?

Tres preguntas para no dormir tranquilos

1. Si la construcción de paz recibe medio centavo por cada dólar de gasto militar, ¿qué tendría que cambiar en la forma en que medimos la seguridad para que la vida «rinda» más que la muerte?
2. ¿Cómo se expresa la lógica del negocio de las armas en la frontera entre México y Estados Unidos, y qué responsabilidades corresponden a gobiernos, empresas y sociedad de cada lado?
3. ¿Qué mecanismos de transparencia, control de exportaciones o presupuesto podrían impulsar universidades, legisladores y ciudadanía para reducir la influencia de la industria armamentista sin dejar indefensas a las poblaciones atacadas?

¿Y usted, qué piensa?

Referencias Bibliográficas

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José Alejandro García Galván
El Colegio de la Frontera Norte, Dirección General de Asuntos Académicos.

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