En los últimos meses he podido observar de forma más frecuente a niños trabajando en los cruceros de la ciudad de Monterrey hasta la madrugada, en medio de los autos, poniendo en riesgo su integridad física.
Basta con observar como ejemplo el crucero en la avenida Eugenio Garza Sada y Alfonso Reyes por las tardes y noches. Mientras los niños de entre 10 y 12 años limpian los vidrios de los autos, venden dulces o piden dinero, sus padres los observan sentados desde las banquetas.
Es de preocuparse que en una sociedad como la nuestra veamos con naturalidad a niños trabajando en las calles. Resulta también preocupante que las autoridades encargadas de proteger a los menores de edad, tales como el DIF municipal y estatal no tengan una estrategia para atender estos casos. No deberíamos como sociedad ser ciegos ante la necesidad de esos niños.
El trabajo infantil es un fenómeno complejo que requiere abordarse desde una perspectiva integral de política pública, que incluya como un primer paso el conocimiento de las condiciones socioeconómicas particulares de la familia del infante y las dinámicas caso por caso dentro de ellas. Se requiere después de la intervención gubernamental para construir capacidades que no están presentes en esas familias, lo que requiere a su vez de una acción intersecretarial, que prevea mínimamente desde apoyo educativo, psicológico y nutricional para esos niños, así como capacitación y vinculación laboral para sus padres.
Desconozco si los niños que trabajan y piden dinero en los cruceros de Monterrey van a la escuela, pero de hacerlo, es probable que su rendimiento escolar se vea comprometido e incluso que enfrenten un alto riesgo de deserción.
He investigado el trabajo infantil en las calles, particularmente en la recolección de cartón en ciudades como Buenos Aires, Argentina y Cali, Colombia, así como a niños boleros chamulas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En todos esos casos lo que se denota es por un lado, una necesidad apremiante en sus hogares por tener un ingreso, debido al desempleo o bajos salarios de sus padres, que hacen en el límite más rentable para ellos tener a sus niños trabajando que estudiando. En la mayoría de los casos los niños dejan de asistir a la escuela por la necesidad de obtener un mayor ingreso y el bajo rendimiento ocasionado por las extensas jornadas de trabajo. Becas como las otorgadas por programas como Prospera si bien son positivas prevén un ingreso mucho menor que el que estos niños obtienen en la calles.
La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo infantil como “aquel que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, dañando su desarrollo físico y mental“.
En tanto, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización para las Naciones Unidas en su artículo 32, señala “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En ese sentido, más que un enfoque abolicionista, se considera el trabajo infantil como indeseable en aquellos casos en que interfiere con el derecho a la salud, la educación y la dignidad de los niños, lo que representa más bien un enfoque proteccionista.
Precisamente ese riesgo está presente entre los niños que trabajan en las calles de Monterrey y urge su atención.
Dr. Jesús Rubio Campos
Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte
