Entre abril y mediados de septiembre de 2022, los estados de Texas y Arizona enviaron más de 13 mil personas en autobús a las ciudades santuario de Washington DC, Nueva York y Chicago. Aprovechando del discurso a favor de los migrantes de estas ciudades demócratas, los estados fronterizos republicanos involucrados han abierto un nuevo frente en el debate sobre la migración en Estados Unidos: por un lado, al inclinarse por acciones teatrales y simbólicas (por ejemplo, enviar centenares de personas directamente a la casa de la vicepresidenta del país). Por otro lado, al transformar la división partidaria entre republicanos y demócratas de una lucha entre niveles de gobierno (federal contra estatal en este caso) a una lucha entre entidades locales (es decir, entre estados federativos o ciudades).
Para entender cómo llegamos a este punto, cabe recordar que desde el inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos han recurrido a una medida extraordinaria para detener a los migrantes irregulares, misma que proviene del campo de la política de salud pública: el “Título 42”. Esta medida permite la expulsión, sin posibilidad de contestación, de extranjeros irregulares que podrían representar un riesgo para la salud pública. Desde que empezó la pandemia en 2020, el Título 42 ha sido utilizado para justificar 1.8 millones de expulsiones, lo que ha afectado a miles de personas que buscaron asilo en Estados Unidos, pero que debido a esta medida de salud pública, no les fue permitido hacer una solicitud de asilo ante las autoridades de dicho país.
Desde 2020, mediante un acuerdo bilateral, México aceptó recibir a los migrantes irregulares expulsados de Estados Unidos de nacionalidad guatemalteca, hondureña o salvadoreña. Sin embargo, desde hace dos años ha habido un incremento importante en el número de migrantes provenientes de otros países: durante el año fiscal de 2020, solo 18% no eran de México, Guatemala, Honduras o El Salvador; en 2021, este porcentaje subió a 44% y en el último año llegó a 75%. Ante este escenario, el presidente estadunidense Joe Biden ha buscado que México agregue ahora también a los migrantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos a la lista de migrantes expulsados que recibe. Los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas complicadas con los gobiernos de estos tres países, lo que limita la opción de enviar sus ciudadanos de vuelta, como en el caso de otras nacionalidades. En efecto, si las autoridades estadunidenses no pueden enviar a estas personas migrantes a México o de vuelta a su país de origen, se quedan en Estados Unidos, normalmente en los estados fronterizos donde llegaron.
Para ciertos líderes republicanos de esos estados fronterizos, usar a las personas migrantes como accesorios en el conflicto político sobre la migración tiene sus ventajas. Por ejemplo, estas tácticas podrían funcionar para las estrategias electorales de los gobernadores de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, quienes están intentando conseguir un nuevo mandato en los comicios de este 8 de noviembre. Ante los ojos de sus seguidores están tomando acciones visibles y concretas para afrontar la llegada de un número récord de migrantes que ha arribado a la frontera sur en los últimos meses. Además, sus seguidores aprueban que están alimentando el conflicto con los demócratas, quienes perciben como responsables de la ola migratoria actual.
Del lado de las localidades afectadas, las reacciones han sido variadas, aunque todas han sido críticas de estas prácticas. Por un lado, ciertos lugares han caído en la trampa republicana. Por ejemplo, la alcaldesa Muriel Bowser, de la ciudad de Washington DC, quien ha pedido en dos ocasiones ayuda de la guardia nacional por la llegada de 6 mil 500 migrantes a su ciudad de más de 700 mil personas. Las acciones de la alcaldesa han sido recibidas con burla y júbilo por parte de los partisanos republicanos, quienes denuncian lo que ellos perciben como la hipocresía de las políticas santuario de las ciudades demócratas del norte. Por otro lado, otros lugares han tratado de cambiar la narrativa, como en la pequeña isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, donde la comunidad se movilizó para acomodar y ayudar a 50 migrantes venezolanos, quienes llegaron sin aviso previo.
De manera inesperada, este conflicto político puede tener resultados positivos para los migrantes. En la mayoría de los casos, los migrantes enviados desde Texas y Arizona han recibido comida, orientación y transporte gratis para llegar a lugares posiblemente más cerca de su destino final y que tienen una tasa de aprobación de solicitudes de asilo más alta que en las localidades fronterizas. Sin embargo, estos beneficios vienen a costo de convertirse en peones de un juego político, donde los actores principales no ponen los derechos humanos y la seguridad de los migrantes en primer lugar, lo que puede tener consecuencias peligrosas en caso de que se cambie la coyuntura. Por la misma razón, esta situación representa una oportunidad para las ciudades y localidades santuario, quienes tienen la posibilidad de mostrar liderazgo y proponer soluciones que tomen en cuenta los desafíos que afrontan las localidades fronterizas, pero también respeten los derechos humanos de esas personas en búsqueda de asilo y protección internacional.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte
