Hace poco comentamos aquí que a menudo se necesita una crisis para motivar el cambio. Y que la presión pública sobre las instituciones puede conducir el cambio anhelado. En el caso de Nuevo León, y en particular la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), la crisis por la escasez de agua en la ciudad ha puesto en mayor evidencia algunas de las estructuras de la organización social existentes, que van desde las caducas concesiones de agua puestas en evidencia, hasta los pactos y arreglos emergentes de quienes tienen acceso desigual al vital líquido (https://www.puec.unam.mx/index.php/component/content/article/2183-la-crisis-hidrica-en-monterrey-una-alerta-para-otras-zonas-del-pais.html). Desde el punto de vista social, la ciudad ha vivido una efervescencia en la creación de redes de apoyo (presenciales y virtuales) que anuncian formas emergentes de organización social para conseguir agua. Y aún más importante, observamos quiénes son las y los protagonistas de la gestión del agua a nivel de unidad familiar.
Los protagonistas del agua
Por otro lado, los observatorios, entendidos como organizaciones institucionalizadas, nacen en Europa en los años 80 para atender asuntos urbanísticos y económicos mediante la gestión de mejores datos y conocimiento. En el tema del agua existe una diversidad de Observatorios de Agua en América Latina y el Caribe, coordinados desde la academia, sociedad civil y autoridades de gobierno a niveles geográficos locales, nacionales y multilaterales. Estos observatorios producen además de valiosa información, redes humanas con diversos actores que tienen la capacidad de incidir en las políticas públicas, favoreciendo a la toma de decisiones sustentadas técnicamente con la mejor evidencia disponible.
En el estado de Nuevo León, uno de los temas que más nos preocupa actualmente es el tema de los recursos hídricos, en especial después de la crisis del 2022 durante el fenómeno meteorológico de La Niña que ocasionó una gran disminución de las lluvias, sequía de las presas, y múltiples cortes y desabasto de agua a la Zona Metropolitana y los municipios marginados, empobrecidos y con menor urbanización de la ZMM. Esto puso en jaque a los diferentes niveles de Gobierno: federal, estatal y municipales, quienes han respondido con inversiones de enormes cifras monetarias para tratar de borrar de nuestra mente que algo así se puede repetir, aunque esto conlleve a considerar soluciones bastante cuestionables, como lo es el trasvase Monterrey VI desde el río Pánuco, desde el estado de Veracruz.
Además de la inversión en infraestructura gris relacionada con las ingenierías civiles e hidráulicas (lo que tendría que incluir la reutilización de aguas tratadas y pluviales, pavimentación permeable y techos verdes, entre otros), pensemos en la infraestructura verde (conservación y restauración de ecosistemas, ríos y cuencas, etcétera), pero también en “infraestructura institucional”. En este sentido, un Observatorio del Agua sería un instrumento de gestión institucional y organización social que nos ayudaría a conocer detalladamente una parte de la realidad que nos interesa. Por ejemplo, ¿qué aspectos debería estudiar e informar un Observatorio del Agua en Nuevo León? ¿Quiénes deberían o podrían participar? ¿Quién financiaría esta nueva institución? ¿Cómo se aseguraría la imparcialidad y transparencia de los datos y reportes generados? ¿En qué formatos se debería presentar la información a la sociedad y a las personas funcionarias de Gobierno que toman las decisiones finales en la gestión hídrica?
Éstas y otras preguntas diversas son las que nos tendríamos que hacer antes de diseñar un observatorio social del agua. Pero es urgente avanzar en este sentido, para construir una mayor confianza colectiva para la co-gestión del recurso hídrico. Es claro que nuestro contexto nacional nos viene incentivando a dejar atrás las estructuras verticales de gobernabilidad y se les exige a las autoridades mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Más aún, lo anterior se vuelve obligatorio ante la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en México en el año 2021, por lo que cabría preguntarse: ¿Cómo está Nuevo León implementando dicho acuerdo internacional en la gestión hídrica?
Ante esta exigencia, un Observatorio Social del Agua (OSdA) es sin duda una oportunidad para mejorar y democratizar la gestión hídrica en Nuevo León. Y podría ser una pieza clave e innovadora para encaminarnos hacia la toma de decisiones con inclusión de la vasta diversidad de actores sociales que intervenimos en el ciclo del agua en la entidad. Por lo que les invitamos apreciados lectores a reflexionar sobre el mejor uso de nuestros recursos, el más estratégico de los cuales es el conocimiento, para seguir impulsando su desarrollo sostenible y la garantía de importantes derechos humanos como es el agua, un ambiente sano, empleos dignos, etcétera, en nuestra entidad.
Cuauhtémoc Osorno Córdova y Blanca C. García Quiroz
Maestría en Gestión Integral del Agua de El Colegio de la Frontera Norte.
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Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte.
