Los científicos y profesores de México no sólo se enfrentan a salarios precarios, falta de inversión en ciencia y tecnología, sino también a la rapiña de algunas editoriales académicas donde se ven obligados a publicar sus artículos. El acceso a esa producción está restringido a quienes pueden pagar una cuota por el documento o una suscripción tan alta que solo la pueden pagar las bibliotecas. En la coyuntura actual de cambio de gobierno, es necesario buscar la democratización del conocimiento a través del libre acceso a la producción de investigadores mexicanos generada principalmente con recursos públicos.
Cuando se crea el Sistema Nacional de Investigadores en los ochenta, como medida para mejorar los salarios precarios de la academia se establecieron una serie de requisitos para hacerse acreedor a ese estímulo, entre los cuales se encontraba publicar sus resultados en revistas científicas nacionales o internacionales. Esto garantizaba no solo cumplir con los estándares de calidad científica, sino con la difusión del conocimiento. Con el desarrollo de la informática y del internet a mediados de los noventa, las editoriales académicas pudieron reducir costos al eliminar la necesidad de imprimir copias de las revistas y de distribuirlas por correo. En los noventa, las editoriales buscan la fusión de tal manera que las empresas más grandes empezaron a acaparar el mercado de las publicaciones. Actualmente 50% de las publicaciones científicas a nivel mundial se realizan a través de las compañías Elsevier, Springer, Taylor & Francis y Wiley-Blackwell.
Esta mafia de editoriales se ha convertido en un monopolio con estrategias de negocios agresivas donde, bajo el poder de mercado que han adquirido, pueden establecer cuotas de suscripción altas y condiciones injustas para los usuarios, incluidos los propios autores de esas publicaciones. El objetivo de estas editoriales no es diseminar el conocimiento, sino impedirlo y restringirlo para que quienes quieran acceder a él tengan que pagar. Los márgenes de ganancias de estas compañías fluctúan entre 20 y 35%, pues no pagan por su principal insumo (el artículo de investigación) ni por los controles de calidad (dictaminadores que revisan la solidez teórica y metodológica de los artículos) y venden el producto final (artículos) a precios exorbitantes.
Ante estas prácticas depredadoras han surgido voces para poner un alto, por ejemplo, un profesor en Cambridge empezó una campaña entre la comunidad para boicotear a Elsevier mediante el rechazo a publicar o dictaminar para ellos. Otros intentos han ido más allá, por ejemplo, Aaron Swartz, un joven estadunidense, descargó millones de artículos de la biblioteca digital JSTOR para distribuirlos gratuitamente; o Alexandra Elbakyan, quien creó la página Sci-Hub.tw, donde se pueden descargar millones de artículos científicos gratis. Ambos casos tuvieron consecuencias trágicas. Esta lucha no puede ser a nivel individual, sino a través de la intervención de los gobiernos y las universidades, primero negándose a pagar las cuotas exigidas por estas editoriales y, segundo, estimulando las publicaciones en revistas de acceso libre, de sociedades científicas y de editoriales universitarias cuyo fin es difundir los hallazgos científicos. Para empezar, el CONACYT podría adherirse a los principios del Plan S, iniciado en Europa por 11 organismos financiadores de investigación, quienes a partir de 2020 exigirán que cualquier artículo financiado con recursos públicos debe publicarse en revistas de acceso libre para la población, quien ultimadamente es la que paga por esa producción.
Dra. Belem Vásquez Galán
El Colegio de la Frontera Norte