En unos días entrará en vigor la Ley SB-4, firmada en mayo pasado por el gobernador Greg Abbott, de Texas. No sin razón, esta ley tiene en alerta a representantes consulares, organizaciones defensoras de derechos humanos, pero fundamentalmente a la población inmigrante sin autorización de residencia en ese estado.
Antes que Texas, leyes similares se han autorizado en Arizona (SB1070), Alabama (HB56), Carolina del Norte (HB318 y SB145) y Georgia (HB87). Sin embargo, este caso genera mucha más incertidumbre por la cantidad numérica de inmigrantes en estatus indocumentado que vive en esa entidad. Según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), para el año 2014, residían en Texas un millón 470 mil inmigrantes no autorizados –mayoría de origen mexicano–, lo que representa un 13.4 % de la población total con igual estatus en los Estados Unidos. Texas es el segundo estado con mayor cantidad de inmigrantes sin permiso de residencia en aquel país, solo por debajo de California donde reside el 27.4 %.
El caso de Texas configura un escenario preocupante no solo por el riesgo de un clima racista, de hostigamiento y criminalización contra inmigrantes, sino también por el tamaño y características de este grupo de población en estatus indocumentado. Datos del MPI refieren que 423 mil de estos inmigrantes están casados con otra persona en igual condición no autorizada, es decir, ninguno de los dos tiene documentos de estancia legal, y 509 mil tenían (en el año 2014) por lo menos un hijo menor de 18 años que es ciudadano estadunidense. Es decir, la posibilidad de que se presenten deportaciones que deriven en separación de familias es muy elevada, con las consecuencias negativas que impactan en el bienestar de hijos y padres.
El perfil sociodemográfico y económico de esta población inmigrante no autorizada muestra que se trata en su gran mayoría de personas jóvenes en edad productiva, y reproductiva, entre los 25 y 44 años de edad, muchos de los cuales (medio millón de personas) habrían residido allí por más de 18 años –a fecha actual. Una gran parte de estos inmigrantes tienen un perfil de educación básica, pues 39% de los adultos mayores de 25 años solo cuentan con ocho o menos años de educación, y 70% de ellos no habla bien el idioma inglés, o de plano no lo hablan. Estas condiciones son propicias para que se den violaciones a los derechos de las personas en estatus indocumentado, durante los procesos administrativos y legales de deportación.
Se trata, además, de población con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos, ya que 38% de todos los inmigrantes con estatus indocumentado forma parte de hogares con ingresos menores a 24 mil dólares anuales (datos de 2014). Sin embargo, llama la atención que 610 mil inmigrantes no autorizados, 41% del total que reside en Texas, es propietario de la casa que habita. La evidencia previa demuestra que la deportación de migrantes desde Estados Unidos, no solo puede derivar en separación familiar, daño psicológico a menores, etcétera, sino también genera incertidumbre económica ante posibles pérdidas patrimoniales de los inmigrantes deportados por autoridades migratorias de aquel país.
En ese sentido, el escenario debe preocuparnos a todos, pero fundamentalmente a las autoridades gubernamentales quienes tienen la responsabilidad de apoyar a los migrantes mexicanos ante esas situaciones. En las ciudades fronterizas colindantes con Texas existen organismos públicos y sociales de apoyo a migrantes, incluyendo a migrantes deportados, por lo que esperamos todos ellos cuenten con una estrategia de acción frente a la entrada en vigor de la Ley-SB4 el 1 de septiembre.
Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
