Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos del consumo de drogas legales e ilegales y de ser utilizados en y para el tráfico de las mismas, entendiendo que son ellos quienes determinarán el crecimiento, desarrollo y trascendencia de las futuras generaciones, de la sociedad y de la humanidad; pero son sus propias características las que les mantiene en una permanente situación de vulnerabilidad, de ahí la necesidad de garantizar el pleno goce de sus derechos.
Los gobiernos tienen la obligatoriedad de adoptar todas las medidas necesarias para protegerles contra el uso de drogas e impedir que se les utilice en la producción y el tráfico de estas. Así, la normatividad mexicana establece que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, recibir atención médica gratuita, así como generar mecanismos de prevención, tratamiento, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones.
Se consideran “drogas duras” aquellas que provocan dependencia física y psicosocial, y “drogas blandas” las que crean menor dependencia. Algunos autores como Pablo Rossi afirman que todas son básicamente veneno, afectando gravemente a quienes se drogan, por lo que no aprenden, no producen, no se comportan civilizadamente, no son solidarios, no respetan, ni reconocen límites y con frecuencia están imposibilitados para salir de su adicción de forma autónoma.
Algunas dependencias del área de la salud indican que estos consumidores con frecuencia experimentan ataques de pánico, alucinaciones y convulsiones, elevando las posibilidades de tener consecuencias más severas, como problemas de memoria, ansiedad, depresión, pulmones, hígado, riñones, corazón o alteraciones en sus habilidades motoras, incluso la muerte por sobredosis.
La legalización de las “drogas blandas” se ha debatido intensamente, planteando la posibilidad de regularlas al mismo nivel que el tabaco y el alcohol, donde distintos estudios exponen aspectos a favor, argumentando principalmente sus propiedades curativas o terapéuticas, así como la libertad individual de consumir, en tanto que los puntos en contra sustentan su postura desde el derecho a la salud y la obligatoriedad del Estado de protegerla, donde las consecuencias de su consumo sin prescripción médica provocan las afectaciones antes mencionadas.
No obstante la relevancia del tema, México no cuenta con cifras oficiales actualizadas, ya que la última ENA se realizó en 2011 y la Encodat, en 2016, limitando la posibilidad de dimensionar la situación actual en torno al tema; sin embargo, instituciones como Ficosec y el observatorio ciudadano realizan encuestas sobre prevalencia de adicciones, identificando que de las personas que presentan adicción, iniciaron su consumo antes de los 17 años; aspecto que coincide con publicaciones afirmando que en algunos contextos se observa cómo al menos cada hora es detenido un menor de entre 12 y 17 años principalmente por narcomenudeo (Vargas, 2019).
Lo anterior es sumamente preocupante, ya que en México la población de 0 a 17 años es de casi 40 millones de personas, y que de acuerdo a Unicef, el 51%, vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, configurándose por tanto como un grupo en situación de alta vulnerabilidad, además Conadic afirma que el 50% de los consumidores de drogas blandas son menores, ya que la disponibilidad de estas sustancias favorecen que el inicio en su consumo sea cada vez a más temprana edad, cuyo primer contacto se estima es desde los 11 años, además instituciones como la FGE afirman que a mayor consumo de drogas, mayores índices delictivos.
En este país hay un acceso limitado a tratamiento profesional para superar las adicciones, muestra de ello es que para 2018, a nivel nacional solamente se contaba con 43 centros –de rehabilitación– públicos, aunque se estimó la existencia de aproximadamente 2 mil 300 centros privados, de los cuales solo el 16% tenía registro ante las autoridades de salud y el 12 % cumplía con la regulación gubernamental, sin contar que los costos de tratamiento privado son muy elevados, por lo que quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema solo pueden ingresar a centros de bajo costo conocidos como anexos o granjas, que generalmente operan al margen de la ley, sin supervisión oficial.
Desde esta realidad, la legalización de las drogas constituye un gran riesgo para niñas, niños y adolescentes, dada su alta situación de vulnerabilidad, toda vez que no existen condiciones de seguridad, protección y rehabilitación adecuadas, que garanticen sus derechos humanos. Es indispensable resolver los temas prioritarios en torno al tema, antes de considerar la posibilidad de legalizarlas, sobre todo si quienes están en riesgo son el presente y el futuro de la sociedad, porque como vemos… ¡No todo el verde es vida!
Dra. Rosa Isabel Medina Parra
El Colegio de la Frontera Norte
