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Es innegable que la percepción de inseguridad ha aumentado en Nuevo León en el último año. Aunque algunos delitos patrimoniales como el robo a casa habitación han disminuido significativamente, el crecimiento de delitos de alto impacto como el homicidio doloso o la extorsión han creado una sensación de mayor miedo al crimen y la violencia en la población de la entidad. Las balaceras en las avenidas de la ciudad y las ejecuciones de personas en lugares públicos son una muestra de que algo se ha descompuesto en cuanto a la presencia del crimen organizado en Nuevo León.
Se podría argumentar que la entidad es víctima de su propio éxito, la migración y el crecimiento desordenado ha creado condiciones criminógenas propicias en la periferia de la ciudad para el desarrollo de jóvenes que quieran dedicarse a una vida criminal. El alto poder adquisitivo en la zona metropolitana hace que la misma sea altamente atractiva para el desarrollo de mercados ilegales. En ese sentido no sorprende que una gran cantidad de grupos criminales organizados operen en la Zona Metropolitana de Monterrey.
La entidad es una zona propicia para llevar a cabo con éxito actividades como el narcomenudeo, huachicol, tráfico de migrantes y extorsión. Muchas de estas actividades requieren control del territorio y la complicidad de la autoridad, de ahí que exista una alta competencia criminal. En palabras de Durán-Martínez, el peor escenario de violencia tiende a presentarse cuando se combinan alta competencia criminal y poca capacidad de la autoridad para hacer valer el estado de derecho. Eso parece estar sucediendo en Nuevo León.
La salida de los Beltrán Leyva de San Pedro Garza García (municipio que habían operado por muchos años), la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación a la entidad, la disputa entre el Cártel del Noreste y Cártel del Golfo por municipios como Cadereyta, el crecimiento de las pandillas que se han convertido en filiales de grupos criminales en la zona norte de Monterrey, entre otros aspectos, han generado un entorno de alta competencia criminal al interior de la Zona Metropolitana de Monterrey. Esto se ha combinado con un gobernador ausente en materia de seguridad, una creciente disputa política entre los grupos que dirigen a las instituciones de seguridad y justicia, y un ejército que ha dejado sola a Fuerza Civil. El resultado ha sido un escenario que recuerda aquellos terribles años 2010 y 2011. No son pocas las autoridades en materia de seguridad y justicia que advierten un posible regreso a las dinámicas de violencia y criminalidad que caracterizaron esa época en Nuevo León.
Mientras las patrullas de Fuerza Civil se enfrentan casi a diario contra grupos criminales en las brechas rurales de Nuevo León, las autoridades en materia de seguridad y justicia están más ocupadas en el pleito político entre el PRI-AN y MC por la designación del gobernador interino. El Gobierno federal y el Ejército parecen sentirse cómodos con la situación actual. Los grandes empresarios parecen no haber dimensionado el tamaño del deterioro en materia de seguridad (por más robos a transeúntes que prevengas, si se están matando en las esquinas difícilmente se puede argumentar que las cosas van bien).
Es cierto, en los últimos dos años se ha detenido a más integrantes del crimen organizado e incautado más droga que en muchos años. Sin embargo, la violencia y el crimen siguen creciendo. Claramente la estrategia no está funcionando. Fuerza Civil no puede sola con el problema. Se requiere una mayor participación del Ejército. El empresariado y sociedad civil necesitan reaccionar e involucrarse nuevamente en la construcción de mejores condiciones de seguridad, como lo hicieron en aquellos años terribles. Los actores políticos deben dejar de distraer recursos de las instituciones de seguridad y justicia para perseguir rivales políticos.
La solución a la crisis de inseguridad que atraviesa Nuevo León no pasa por llenar cárceles (ya saturadas) con nuevos detenidos. Tampoco es suficiente tener 5 Black Hawks sobrevolando la entidad. Los programas sociales no son una solución a corto plazo. Se requiere una sociedad cohesionada capaz de mandar un mensaje creíble en el siguiente sentido: estamos listos para brindar la ayuda necesaria a las personas en mayor riesgo que creen no tener otra opción que una vida ligada al crimen, pero también estamos preparados para responder en conjunto en caso de seguir con actividades criminales que no serán toleradas. Nuevo León ha logrado salir de situaciones similares en el pasado. Desgraciadamente hoy los principales actores parecen estar distraídos o tener otras prioridades.
José Andrés Sumano Rodríguez
El Colegio de la Frontera Norte
