En la coyuntura actual del declive de la pandemia por covid-19, la frontera de México con Estados Unidos permanece cerrada para ciertos grupos poblacionales. Miles de personas migrantes llevan esperando meses o años la oportunidad de ingresar al país vecino, entre ellas desplazadas internas y solicitantes de asilo que buscan ejercer su derecho a la protección internacional. El mecanismo “en turno” que el gobierno estadunidense está empleando para gestionar el ingreso selectivo de población a su territorio es el llamado Título 42, que comenzó a instrumentarse como medida de salud pública con la llegada de la pandemia a EU, en marzo de 2020 y que ha funcionado como una especie de muro normativo. Hoy en día, sin embargo, la legitimidad inventada que respaldó la aplicación de esta medida ha perdido peso frente al cese de la pandemia y su continuidad hace evidente el uso político que se le dio desde un inicio para fines de control migratorio.
Recientemente, esta normativa ha sido fuertemente criticada por algunos congresistas demócratas y organizaciones civiles defensoras de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos. Esto se debe a que, en nombre del Título 42, el gobierno estadunidense ha expulsado de manera exprés a miles de personas de diferentes nacionalidades, migrantes que intentan ingresar de manera irregular, pero también quienes han huido de sus países de origen a causa de temor fundado por persecución o potencial persecución, amenazas, violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de los derechos humanos. En la terminología del derecho internacional, este último grupo de personas ya son refugiadas, pero para ser reconocidas como tal, es necesario que presenten sus solicitudes de asilo, en este caso en Estados Unidos, para que su caso sea analizado. Sin embargo, la imposibilidad de presentar dichas solicitudes ha transgredido las convenciones internacionales sobre el refugio, lo que justificó un fuerte cabildeo para que Biden terminara con dicha medida.
Pero desde la lógica anti-inmigrante y de seguridad nacional de algunos gobiernos estatales, esta violación al derecho internacional es lo de menos. La principal preocupación para los integrantes del ala republicana y para algunos demócratas es la urgencia de frenar la llegada masiva de personas migrantes que auguran ocurrirá en cuanto se dé fin a la instrumentación del Título 42. Por ello, luego de que Biden anunciara el fin de esta normativa para el próximo 23 de mayo, una Corte federal en Luisiana, con el apoyo de otros 21 estados, interpuso una Orden de Restricción Temporal con el fin de prolongar indefinidamente su aplicación, por lo que ahora no se sabe cuándo terminará. Por supuesto, no hay que perder de vista que estos dimes y diretes en torno al desgastado Título, tienen lugar en la antesala de elecciones legislativas en noviembre próximo, donde los republicanos aspiran a reconquistar la mayoría en el Congreso. Esta no sería la primera vez que en EU se manipula el tema migratorio para influir en el voto de una ciudadanía dividida, por lo que posiblemente el Título 42 permanezca en vigor hasta pasadas dichas elecciones.
De cualquier modo, el derecho al asilo se ha venido restringiendo desde la administración Trump. La puesta en marcha de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y la modalidad de muro normativo denominada “deportación acelerada” (Título 8) forman parte, junto con el Título 42, de una política de restricción al asilo en el país vecino basada en criterios racistas. Las señales contradictorias del gobierno de Biden en torno a este asunto impiden pronosticar una mejora en la receptividad de solicitantes, porque a pesar de haber incrementado el número máximo de personas a admitir mediante el refugio a 125 mil en el año fiscal 2022 (cuando Trump lo topó a 18 mil antes de la pandemia), la infraestructura física y humana para procesar en tiempo y forma todas las solicitudes de asilo acumuladas y las futuras, no ha crecido. Sin embargo, sí se habla de la construcción de más centros de detención para inmigrantes y de continuar las deportaciones aceleradas a las personas que, de acuerdo con decisiones discrecionales de los agentes migratorios, no aprueben la entrevista de miedo creíble.
La historia nos ha enseñado que los instrumentos de control migratorio en Estados Unidos se reinventan, se recrean, se adaptan a las nuevas circunstancias y su diseño conlleva una dosis alta de creatividad y presupuesto que brillan por su ausencia cuando se trata de hacer funcionar el sistema de asilo.
Dra. Yetzi Rosales
El Colegio de la Frontera Norte
