Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que 509 mujeres fueron víctimas del delito de trata de personas en México en 2021, 11.14 por ciento más que en 2020. Nuevo León ha estado en los primeros cinco lugares a nivel nacional durante los últimos años, tanto en el número total de delitos como en la tasa por cada 100 mil mujeres, siendo la mayoría de las víctimas de trata de 17 años o menos. Las cifras no distinguen entre trata con fines de explotación sexual o laboral, y existe una gran cifra negra.
Un estudio de Carolina Guadiana Sánchez, de la UDEM, y Jesús Rubio Campos, de El Colef, encontró que en el estado la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas era letra muerta. El Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas estuvo más de cinco años sin sesionar como lo ordena la ley con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón (2015-2021). Consecuentemente no se diseñó el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas. Las únicas veces que sesionó el Consejo fue durante los primeros años de su creación tras la aprobación de la ley contra la trata con Rodrigo Medina (2009-2015). Gracias a los exhortos de la entonces diputada local Ivonne Bustos Paredes, el Consejo sesionó una vez en noviembre del 2020.
Durante el sexenio de Samuel García (2021-2026), el gobernador nombró al autor como consejero ciudadano del Instituto Estatal de las Mujeres, distinción que se aceptó con la intención de elevar el tema de la trata de mujeres a la agenda pública y dar seguimiento al tema. En las reuniones del Instituto se presentó un diagnóstico de la trata y las acciones a seguir. Además, el autor brindó capacitaciones sobre prevención de la trata de mujeres a las directoras de las instancias municipales de los 51 municipios del estado como parte del programa de capacitación del Instituto.
También se recibió una solicitud para revisar un cambio en la ley contra la trata en el estado por parte de la diputada local Perla Villarreal y una invitación a presentar junto a ella en el Congreso un nuevo exhorto para que se reinstalara el Consejo con el gobierno actual, por lo que la diputada y el autor asistieron en el 2022 a la oficialía de partes del Congreso a entregar los cambios a la ley y el exhorto. Además, la presidenta del Instituto de las Mujeres, Laura Paula López, pidió al autor revisar una nueva propuesta de ley contra la trata, a la que se hicieron observaciones de mejora.
Este mismo año, gracias a las gestiones de la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Laura Paula López, y la secretaria ejecutiva del Instituto, Ana Delia García Garza, se llevó a cabo una reunión en el palacio de gobierno con el subsecretario de gobierno del estado, Víctor Jaime Cabrera, y su equipo, donde se analizaron las cifras sobre trata de personas en el estado, desaparecidas y se destacó la importancia de reinstalar el Consejo como lo estaban solicitando desde el Instituto de las Mujeres y el Congreso del Estado. El subsecretario se comprometió a elaborar el programa y reinstalar el Consejo contra la trata.
A las pocas semanas se convocó al autor para participar como representante de la academia y en la figura de consejero ciudadano del Instituto de las Mujeres en las mesas de trabajo para la conformación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el estado, donde asistieron académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, alcaldes y funcionarios públicos del gobierno estatal.
Un mes después se convocó al autor de nueva cuenta a la primera sesión plenaria del Consejo Interinstitucional y se presentó el borrador del Programa Estatal, que fue resultado de las mesas de trabajo. Lo anterior representa un avance en la atención del tema contra la trata, que había estado olvidado durante el anterior gobierno. Se prevé que el Consejo Interinstitucional se reúna cada tres meses y dé seguimiento al programa, el cual cuenta con estrategias, acciones e indicadores para su monitoreo y evaluación.
Con esta cooperación entre la academia, la sociedad civil, las legisladoras, el Instituto de las Mujeres y la Secretaría General de Gobierno, se materializa el reconocimiento del problema en la agenda pública, el diseño de la política a partir del programa y se reactivan los instrumentos de política que estaban en un impasse de implementación. Ahora sigue verificar que efectivamente el programa se implemente y el Consejo muestre avances en la prevención y combate de la trata de personas, un grave delito que afecta a nuestra sociedad, particularmente las niñas, adolescentes y mujeres.
Dr. Jesus Rubio Campos
El Colegio de la Frontera Norte
