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Un aspecto que distinguió en sus inicios a la presente administración gubernamental fue la reforma laboral anunciada, mediante el concepto de nueva justicia laboral, en donde se privilegiaría la libertad sindical, la legitimación de contratos colectivos y la eficientización de la impartición de justicia laboral; es decir, la agilización de procesos de registro sindical y resolución de conflictos. Eventos como la firma del T-MEC, que incluía una cláusula laboral: la movilización de más de 50 mil obreros en Matamoros en enero de 2019 y la promulgación de una nueva ley laboral el 1 de mayo de 2019, parecían indicar que este sería el sexenio de los trabajadores, o como algunos activistas a sugerir se anunciaba una primavera laboral.
Empero, a poco más de cuatro años de iniciado el nuevo sistema laboral, el balance es desalentador: algunas decenas de sindicatos independientes registrados; desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje en donde se quedaron miles de expedientes sin revisar, y que los nuevos centros de registro y conciliación laboral se negaban a recibir para darle seguimiento; 12% de contratos colectivos legitimados, 88% no legitimados, que de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desaparecerían, dejando a los trabajadores sin contrato colectivo, y solo 0.7% de incremento en la tasa de sindicalización; es decir, pasar del 12% que existían anteriormente al 12.7%, a pesar de ello, la STPS declaró que la sindicalización había crecido de manera asombrosa (Se registran las tasas de sindicalización más altas en los últimos siete años).
En pocas palabras, la reforma laboral prevista no se ha cumplido y resulta muy difícil que llegue a implementarse en este Gobierno de transformación, ¿qué falto para que se hubiese alcanzado la reforma prevista? Primero, la ley que sustenta esta reforma laboral, no tuvo un sustento real porque busca la democracia desde arriba, la democracia laboral, no se da por decreto, debe surgir desde abajo, para ello, los trabajadores deben estar informados, capacitados y preparados para los cambios que se avecinan, y la STPS no hizo el trabajo necesario para esta preparación y capacitación. El resultado fue la incertidumbre al realizar los procesos solicitados por esta nueva legislación; la mayor parte de ellos, de forma digital y con decenas de requerimientos que los hicieron muy difíciles y tardados, contrario a la eficiencia y rapidez que se previa, particularmente esto se evidenció durante la legitimación de contratos colectivos. Segundo, se desmanteló un esquema de registro y resolución de conflictos, a través de las juntas locales, sin tener la infraestructura y el personal debidamente preparados, por lo que se acentuó el rezago en la atención de los asuntos laborales, especialmente en el norte de México en donde la infraestructura necesaria quedó terminada hasta octubre de 2022; es decir, ¡3 años después de anunciada la ley! Tercero, se partió de un supuesto de la existencia de casi medio millón de contratos colectivos de protección; es decir, sin conocimiento por parte de los trabajadores, por lo que había que erradicarlos (Contratos de protección, el gran desafío para la reforma laboral y el T-MEC). Sin embargo, después, quizá por el escaso avance que se veía en el proceso de legitimación, se expresó que el número de los contratos de protección era menor a los previstos, y ni aun así mejoró el número de contratos legitimados, algunos analistas señalan que incluso estos contratos colectivos no desaparecerán (Empresarios retrasan legitimación de 544 mil contratos colectivos).
Por otro lado, otros factores que muestran el fracaso de este nuevo esquema laboral fue su alta concentración en sectores enlazados a la exportación, particularmente en la industria automotriz, olvidando a los 88% de la fuerza laboral que no está sindicalizada, y entre los que la informalidad, la precariedad siguen siendo las características principales, sin que estos beneficios de la nueva ley laboral, los haya alcanzado. Finalmente aun los avances que ha logrado la reforma laboral, como sería el registro y reconocimiento de sindicatos independientes, deberán ser analizados más profundamente y con detenimiento, para ver si realmente estos nuevos sindicatos plantean avances en sus objetivos; sus demandas y sobre todo constatar si existe una participación real de la base trabajadora o continúan con las viejas prácticas de verticalidad, imposición y alejamiento de las bases, y lo único que tendría de independiente sería el nombre. Algo por demás preocupante.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
