El pasado 2 de mayo el gobernador del estado presentó ante la ciudadanía la llamada Estrategia para la Calidad del Aire de Nuevo León, un proyecto que busca abordar los problemas de contaminación del aire que han afectado crecientemente al estado, y particularmente a esta metrópoli.
El abordaje integral y sistemático al problema de la contaminación del aire en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) ha sido por mucho tiempo una asignatura pendiente, a pesar de la documentación ya existente sobre los altos niveles de emisiones de diferente tipo. El hecho de que Monterrey está catalogada como una de las ciudades latinoamericanas más contaminadas en relación a las partículas PM10, como un resultado histórico de las actividades de la industria y las pedreras primordialmente, ha opacado por así decirlo al seguimiento que se ha hecho de otros elementos contaminantes de igual importancia y cuya presencia va en aumento. Tal es el caso de las emisiones generadas por el parque vehicular del estado, principalmente el automóvil particular.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2015 había en Nuevo León poco más de 1.8 millones de vehículos automotores registrados, de los cuales alrededor de 91% eran automóviles, con 93% de esa cantidad localizados solamente en el AMM, con Monterrey concentrando un tercio de los mismos. En un estudio reciente desarrollado en 22 ciudades latinoamericanas por el Clean Air Institute, una institución creada bajo los auspicios del Banco Mundial, Monterrey fue clasificado en los lugares 6º, 5º y 4º en niveles de contaminación de partículas PM2.5, ozono y dióxido de sulfuro (SO2) respectivamente.
El proyecto propuesto por el gobierno estatal es sin duda ambicioso, y enfrenta la limitante del tiempo por parte de la administración estatal actual. En el caso de las fuentes móviles se prevén tareas de regulación, mantenimiento y modernización de la flota vehicular. De concretarse estos objetivos y metas sin embargo, significaría sólo una parte de la solución, pues no afectaría las preferencias de la población por el uso del automóvil. Hasta el momento, todos los esfuerzos desarrollados por los gobiernos estatales anteriores para desincentivar el uso del automóvil no han pasado de formar parte de un discurso de buenas intenciones, ante la presencia de otros factores como la ineficiencia operativa del transporte público y la inseguridad en algunas de sus rutas.
Es importante señalar que ciudades como Los Angeles en la Unión Americana han conseguido reducir sus niveles de ozono y otros componentes generados por el automóvil no únicamente a través de programas enfocados específicamente a reducir las emisiones, como la verificación obligatoria de convertidores catalíticos en todos los modelos o la observación de normas cada vez más estrictas, sino en buena medida con acciones como la promoción de viajes compartidos (carpool) utilizando carriles especiales, o el desarrollo de áreas de estacionamiento cercanas a estaciones de transporte público.
Independientemente a la propuesta del gobierno estatal, se antoja necesario la búsqueda de acciones y programas de más corto plazo que no sólo busquen complementar las soluciones planeadas para enfrentar los niveles de contaminación que genera el parque vehicular en el AMM, sino que regulen su crecimiento en concordancia con la expansión urbana de la misma. En tanto no se apliquen medidas en este sentido, el efecto de los enfoques de reducción de emisiones por sí solos se prevén más lentos y costosos.
José Luis Castro
Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte en Monterrey
