Durante estos primeros meses caóticos de la presidencia de Donald Trump, la deportación de millones de “bad hombres” mexicanos sigue siendo una prioridad de la nueva administración. Aunque en enero y febrero de 2017, el gobierno de Trump deportó un número igual o menor de mexicanos que el presidente Obama el año anterior, no debe descartarse que esta cifra comience a aumentar en los meses a venir.
Por otro lado, el tema de las deportaciones representa un conflicto latente entre el gobierno federal y las llamadas “ciudades santuario”, en las cuales las autoridades locales han declarado su inconformidad con las medidas migratorias federales aplicadas por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Si bien es cierto que la mayoría de las ciudades santuario se encuentran en estados demócratas como California, según un informe de ICE de febrero de este año, es un condado de nuestro vecino estado republicano de Texas , que ha tenido el nivel más alto de incumplimiento con las peticiones federales.
Entre el 28 de enero y el 3 de febrero, el condado de Travis, cuya sede es la capital estatal de Austin, no cumplió con 142 órdenes de detención de ICE para entregar a posibles indocumentados que estaban bajo su custodia. ICE puede enviar una orden de detención a autoridades municipales, estatales, o federales, que tienen bajo su custodia un individuo indocumentado (“removable alien”), pidiendo que estos últimos les notifiquen cuando será liberado para poder detenerlo y deportarlo luego. Sin embargo, en el condado de Travis el año pasado fue elegida la demócrata Sally Hernández como nueva alguacil. Durante su campaña, Hernández declaró que no cooperará con las autoridades federales en el caso de inmigrantes indocumentados arrestados por infracciones menores, y desde el 1 de febrero esta política ha entrado oficialmente en vigor.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, ha criticado severamente la decisión de Hernández, añadiendo que es “peligrosa” y hasta criminal. Es más, ha señalado que cortará 1.5 millones de dólares en financiamiento estatal al condado de Travis como consecuencia. Por su parte, el senado estatal ha elaborado una nueva propuesta de ley que obligará a las autoridades policiacas a cumplir con las órdenes de detención de ICE. Asimismo, en lo que parece una réplica a la política de Hernández, ICE llevó a cabo una serie de redadas en el condado de Travis en las últimas semanas, arrestando a 51 personas indocumentadas en febrero de los cuales 28 no tenían antecedentes penales.
Los acontecimientos en el condado de Travis parecen reflejar las consecuencias de la nueva política migratoria estadounidense y el conflicto político que la acompaña. Al nivel federal, la orden ejecutiva de Trump relativa a las ciudades santuario busca castigar a ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles con las mismas políticas empleadas en el condado de Travis: cortar fondos federales para poner presión política y fiscal sobre las autoridades locales, y utilizar ICE para realizar redadas en lugares supuestamente seguros.
Dado esta situación de incertidumbre, es menester que las autoridades consulares mexicanas estén bien informadas de la situación política en sus jurisdicciones. Sólo así podrán asegurar la eficacia y el alcance de los nuevos centros de defensoría consulares, así como orientar a los mexicanos y mejorar la coordinación con las asociaciones de la sociedad civil. A pesar de la coyuntura actual, es importante acordarse que los mexicanos todavía tienen muchos aliados en Estados Unidos, aun en el corazón de Texas.
Benjamin Bruce
Investigador y Catedrático CONACYT
El Colef – Monterrey
