Esta semana es un recordatorio de los excesos del Estado en México y de la relevancia de que la información pública realmente lo sea. El pasado lunes 26 de septiembre se cumplieron ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el próximo domingo 2 de octubre se cumplirán 54 años de la matanza de Tlatelolco. Dos sucesos dolorosos cuya conmemoración nos hace tener presente que, en este país, particularmente nuestras autoridades gubernamentales, aún tienen acciones que reflexionar y mucho trabajo por hacer en la prevención y la reparación del daño.
La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido enfática en señalar que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo”. Sin duda, los sucesos de Ayotzinapa y Tlatelolco son ejemplos paradigmáticos de los excesos cometidos por el Estado mexicano, en las últimas décadas, y ponen en tela de juicio que el ejercicio a los derechos humanos esté garantizado en este país.
Entre ambos dolorosos recordatorios, esta semana también se ha conmemorado el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, como cada 28 de septiembre, desde 2015 que así fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
De acuerdo con la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), la edición 2022 del Día Internacional del Acceso Universal a la Información se ha enfocado en debatir “las herramientas y mejores prácticas, especialmente con vistas a la presentación de las directrices políticas para la información del sector público”.
Los excesos del Estado y la ausencia de la información pública se entrecruzan en las conmemoraciones de esta semana y han traído a mi mente la revisión que hacía, hace unos días, del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, una base de datos pública que, por un lado, alimenta la información del indicador 10.7.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 “Reducción de las desigualdades” y, por otro lado, recolecta, desde 2014, la información sobre la muerte y desaparición de migrantes en el mundo.
Los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos vinieron a mi mente con las conmemoraciones de esta semana porque dicho proyecto incluye las fuentes de información que sustentan la recolección de los datos y mi sorpresa ha sido que, en el caso de la Región Norteamérica y la ruta migratoria frontera México-Estados Unidos, el gobierno mexicano es el gran ausente en proveer información.
Esto es, al revisar los poco más de 2 mil 200 incidentes que recogen la información de las muertes y las desapariciones de migrantes de la región Norteamérica, de 2014 a 2021, llamó mi atención que esa información fue recabada de ciento 85 fuentes, pero casi el 60% de la información proviene de la Pima County Office of the Medical Examiner, la US Border Patrol o la US Customs and Border Protection. Solo seis incidentes fueron reportados por el Consulado de México: tres corresponden al Consulado de Calexico, uno al de San Diego, otro al de Eagle Pass y dos más que no especifican el Consulado que proveyó la información.
La ausencia de información de un país expulsor y de tránsito de migrantes que cruzan, o intentan diariamente cruzar la frontera con Estados Unidos, solo deja en evidencia que el gobierno mexicano aún requiere de mejores prácticas para brindar información generada o en poder del sector público y para que las autoridades mexicanas, en su ámbito de competencia, cumplan con su obligación de promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho de acceso a la información pública.
Ojalá el año entrante, las conmemoraciones de esta semana no solo nos recuerden que el Estado ha cometido graves excesos que ponen en evidencia la violación de derechos humanos; ojalá también sea el año en que, el 28 de septiembre, se celebre que el Estado mexicano ha dejado de ser el gran ausente en proveer y promover el acceso a la información pública.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
