*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte.
Durante las semanas anteriores, y las próximas, se llevan a cabo en todas las entidades del país eventos asociados al Encuentro Internacional de Movilidad Humana, 2023. Aquí en Nuevo León se realizaron conversatorios sobre el tema con participación de personas de todos los ámbitos, desde las organizaciones de la sociedad civil de ayuda humanitaria y organismos internacionales de apoyo a personas migrantes, hasta personas de la academia, quienes analiza sus diversas problemáticas. También habrá otros eventos culturales y de exposición sobre el fenómeno de las movilidades que pretenden acercar a la comunidad a una realidad cotidiana.
La consigna de este encuentro es “todo lo que soy, va conmigo” porque se busca transmitir el hecho de que su cultura, su comunidad y su país, además de sueños y expectativas, lo que son y lo que quieren ser, viajan junto con las personas migrantes. Pero además hay otro elemento que viaja con ellas, y que por lo general se pasa por alto: sus derechos. Intrínseco a las personas está su derecho a migrar, porque migrar es un derecho humano, así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por el Estado mexicano desde 1948.
Quizá un tanto por la demora en la armonización normativa constitucional mexicana respecto a la declaración universal que reconoce el derecho a migrar –hasta 1992–, o por la aprobación también tardía de la Ley de Migración que incorporó la garantía constitucional de protección de derechos humanos para toda persona que esté en el país –hasta 2011–, es que en muchas ocasiones despojamos de sus derechos a quienes se movilizan en busca de mejores oportunidades o para resguardar su vida. Tanto autoridades como sociedad en general somos responsables de esa carga simbólica estereotipada que acompaña a las personas migrantes y que potencialmente los convierte en víctimas de maltrato y abusos. No hay manera más evidente de esto que la discriminación y violencia padecida por quienes llegan al país o se trasladan rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Despojarles de sus derechos, o no reconocerlos, implica olvidar que las personas migran con todo lo que les constituye. Esta omisión deriva en que 38% de le población nacional opine que nada “justifica que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas”, y que 16% opine que se justifica “poco” (Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2022). Dicho de otra manera, más del 50 por ciento de la población adulta en este país tolera la discriminación contra las prácticas culturales de extranjeros en México, y por tanto no reconoce los derechos de las personas migrantes.
Por otra parte, derecho a migrar significa la garantía de movilizarse con el respeto absoluto de sus derechos humanos y su resguardo por parte del Estado mexicano; algo que se pasa de largo cuando se ignora o malinterpreta el acuerdo del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018), a la hora de diseñar política pública que emplea mecanismos y barreras de control migratorio.
Desdeñar el derecho a migrar y los derechos humanos de quienes migran es no reconocer, por ejemplo, que hubo omisión institucional del Estado mexicano en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo pasado, además de las responsabilidades administrativas de funcionarios públicos. No se trató solo de un incendio “provocado” y mal atendido, sino de una política migratoria que coloca barreras para impedir la movilidad. Aspectos como el hacinamiento, la incomunicación o no garantizar la asistencia con sus consulados, la falta de provisión de elementos de primera necesidad en los centros de detención llamados estaciones, etcétera, estuvieron en el trasfondo de la protesta que terminó con la vida de 27 personas dentro de las instalaciones; y estos últimos elementos son –en la práctica– obstáculos que pretenden disuadir la movilidad.
“Todo lo que soy, va conmigo” es una frase que nos invita a reflexionar desde la posición de quienes se movilizan, y desde su derecho a migrar.
Dra. Blanca Vázquez
El Colegio de la Frontera Norte
