Durante los últimos meses, la violencia y criminalidad ha aumentado en la zona metropolitana de Monterrey. La crisis de seguridad que parece irse gestando viene a sumarse a la tensa situación que vive la ciudad por la crisis de agua. Sin embargo, las autoridades (de todos los niveles) parecen no tener respuestas ante la problemática de seguridad que enfrenta la segunda ciudad más grande del país. Las corporaciones de policía en la entidad parecen estar sumergidas en una dinámica reactiva poco efectiva para disminuir la actividad violenta y delictiva en la ciudad. El anunciado relanzamiento de Fuerza Civil está siendo más turbulento y lento de lo que se hubiera esperado. Por su parte, la Fiscalía General del Estado enfrenta una crisis de credibilidad por la serie de errores y omisiones cometidas en la investigación de una serie de feminicidios que tuvieron un impacto significativo en la percepción de seguridad. Sumergida en una actitud defensiva y bajo la narrativa de conflictos entre organizaciones criminales para explicar los constantes homicidios en la ciudad, las investigaciones simplemente no avanzan.
Sin embargo, la tragedia más importante parece estar en el tema de prevención del delito. Tras la desaparición del Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred) en el sexenio de Peña Nieto, las áreas de prevención del delito (estatales y municipales) perdieron el rumbo y fueron incapaces de reinventarse. El programa de trabajo anunciado durante la primera sesión del Consejo Estatal para la Prevención del Delito y las Violencias es un reflejo de la situación que prevalece en el tema en todos los niveles, un montón de pequeños programas dispersos que no tienen teorías del cambio sólidas y reflejan la confusión existente en todos los niveles respecto a las diferencias entre desarrollo social y prevención del delito.
Van algunas consideraciones que pudieran ayudar a corregir el rumbo. Por supuesto, no son mías. Son las conclusiones de las últimas décadas de investigación en criminología y políticas públicas. Lo primero es detener la hemorragia. En otras palabras, el primer paso es frenar la cadena de violencia. Atender las causas socioeconómicas de la violencia es necesario, pero sin detener primero la violencia misma, muchos de los programas sociales estarán destinados al fracaso. Difícilmente servirán las campañas en prevención de adicciones o los talleres en habilidades para el trabajo en un contexto altamente violento. Segundo, entre más focalizados sean los programas de prevención, más probabilidades tendrán de ser exitosos. La violencia y delincuencia tienden a concentrarse en un porcentaje pequeño de personas y lugares. En ese sentido, los programas de prevención enfocados en atender a ese pequeño porcentaje de personas y lugares donde se concentra la violencia y el delito pueden lograr grandes cambios en la seguridad. Tercero, existen estrategias que han demostrado ser exitosas en diferentes contextos y momentos, como la combinación de terapia cognitivo-conductual y apoyos económicos para las personas en mayor riesgo. Concentrar los esfuerzos en estrategias que sabemos tienen mayores posibilidades de funcionar parece ser una visión más inteligente que seguir apostándole a prácticas que no han demostrado ser efectivas.
Es posible detener la creciente crisis de inseguridad que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, pero hacerlo va a requerir una revisión profunda en todos los niveles respecto a la pertinencia y efectividad de lo hecho hasta ahora. Afortunadamente existe evidencia y experiencias en las cuales apoyarse para cambiar el rumbo. ¿Tendrán las autoridades la humildad para admitir que las cosas no están funcionando y es necesario corregir?
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez
El Colegio de la Frontera Norte
