*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte.*
Para los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, los procesos de detención y deportación migratoria generalmente involucran las autoridades migratorias federales (ICE, por sus siglas en inglés) y la patrulla fronteriza (para los que viven dentro de 100 millas de la frontera), en conjunto con el sistema de cortes de inmigración del país.
Sin embargo, existe otra categoría de actor en Estados Unidos mucho menos conocida por su papel en estos procesos, pero que ha estado realizando deportaciones por su propia cuenta desde hace décadas: los hospitales. Se tratan de hospitales que han decidido, organizado y pagado la deportación de sus pacientes indocumentados, ellos mismos sin el involucramiento de las autoridades migratorias del país. Además no existen datos o registros para tener una idea exacta de cuántas personas han sido deportadas por esta vía inusual, aunque un informe reciente del Free Migration Project habla de “miles” de personas durante los últimos años. Tampoco parece estar concentrado en un lugar o región en particular, más bien puede ocurrir en cualquier localidad donde las autoridades hospitalarias deciden optar por este camino sorprendente.
Cuando un migrante indocumentado acude a un hospital con necesidad de atención urgente en Estados Unidos, por ejemplo, tras un accidente o en condición de salud grave, no se le puede negar la atención médica, en caso de carecer de recursos económicos o aseguranza médica. Sin embargo, el tema se complica si esta persona sigue hospitalizada después de su ingreso, aún más si no es posible realizar su alta debido a una discapacidad importante o estado de salud delicado. Asimismo, puede ser que el paciente o sus familiares no tengan los recursos necesarios para pagar su traslado a un centro de atención o rehabilitación especializado, o puede ser que el paciente simplemente no tenga parientes o conocidos que lo pueden apoyar.
En estos casos, por más altruista que sea el hospital, es el argumento financiero que se impone y motiva a los administradores de la institución a recurrir a una empresa de transporte médica particular para realizar la deportación del paciente. El traslado puede representar un gasto importante (un mínimo de $50,000.00 USD, según el informe antes mencionado); sin embargo, desde la perspectiva del hospital puede ser preferible absorber este pago único que seguir con la situación de cubrir de manera indefinida los gastos médicos del paciente. A la par existe un mercado en pleno crecimiento de empresas de transporte aéreo médico, cuyo interés principal es participar en estas operaciones de deportación médica.
Es entendible que estos casos representan un dilema complejo para los hospitales en cuestión. Sin embargo, las deportaciones médicas representan un riesgo insólito para la población indocumentada que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema. Aparte de las dificultades que experimentan por su estatus migratorio, el desconocimiento del sistema y el idioma, así como sus carencias socioeconómicas, puede ser justamente por sus problemas de salud que estos pacientes no tengan la capacidad de entender las consecuencias de un traslado internacional. Por otro lado, a pesar de que los hospitales argumentan que son “repatriaciones médicas” y que reflejan el deseo del paciente de regresar a su país de origen, existen numerosos casos documentados que demuestran no solo que la deportación fue sin el consentimiento informado del paciente, sino que representó un factor que contribuyó al empeoramiento del estado de salud del paciente.
Las deportaciones médicas de los migrantes indocumentados en Estados Unidos demuestran un riesgo latente que se debe a una vulnerabilidad extrema a múltiples niveles. Como otras poblaciones que sufren de precariedad socioeconómica, no solo carecen de los recursos económicos como tal, sino también de recursos complementarios como los planes de aseguranza o créditos bancarios para afrontar situaciones complicadas y costosas como son las de salud. Peor aún, su estatus migratorio precario les excluye de programas de asistencia social públicos y hasta de protección de derechos básicos por parte de las autoridades del Estado, lo que presenta al hospital la posibilidad inédita de deportar al paciente sin supervisión o intervención de cualquier otra instancia. La falta de atención y protección básica acordadas a las personas deportadas, de esta manera demuestra aún más el papel imprescindible de los medios, las organizaciones de la sociedad civil y los Consulados de México, para acompañar y llamar al respecto de los derechos humanos básicos de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.
Benjamin Bruce
Investigador por México – CONAHCYT
El Colegio de la Frontera Norte
