[:es]
El pasado 5 de octubre, el gobernador demócrata Jerry Brown firmó la ley SB54 y California se convirtió oficialmente en el primer “estado santuario” de Estados Unidos (EEUU).
La iniciativa californiana es el acontecimiento más reciente en un debate nacional sobre las “ciudades santuario”, las cuales han demostrado su oposición a la política migratoria del presidente republicano Donald Trump. Estas ciudades han implementado una serie de medidas que buscan limitar la cooperación entre los cuerpos policiacos y autoridades locales y los oficiales de la oficina de inmigración y aduanas federales (ICE, por sus siglas en inglés). Por otra parte, esta iniciativa sucede cinco meses tras la promulgación de una ley contraria en el estado de Texas (SB4) que prohíbe las ciudades santuario e impone rigurosas sanciones a funcionarios públicos que niegan a seguir las consignas de cooperación con las autoridades federales de ICE.
A pesar de las posiciones claramente opuestas que representan estas leyes, ambas son similares en dos aspectos. Por un lado, las dos leyes constituyen incursiones estatales en la política migratoria, que es un campo de jurisdicción exclusiva del gobierno federal. Por lo tanto, es de esperar que estas iniciativas políticas potencialmente inconstitucionales sean condicionadas por decisiones del poder judicial que no tardarán en llegar. Del mismo modo, las amenazas del gobierno de Trump acerca de cortar fondos federales a las ciudades santuario plantean preguntas importantes sobre la constitucionalidad de tales acciones. Al parecer el tema de la migración indocumentada se perfila como el detonante para un reacomodo político y jurídico entre los estados y el gobierno federal en EEUU en los años por venir.
Por otro lado, no hay duda que los migrantes indocumentados, de los cuales la mayoría son mexicanos, serán los más afectados por las leyes en favor o en contra de las prácticas de las ciudades santuario. Sin embargo, es difícil prever exactamente de qué manera la vida cotidiana de estos migrantes mexicanos cambiará. En Texas, existen procesos en contra de SB4 y un juez federal ya ha bloqueado parte de la ley, que aun así entró en vigor el 1 de septiembre de este año. En California, la ley SB54 tendrá un impacto considerable en la creación de espacios seguros para los migrantes; no obstante, esta ley no podrá garantizar la seguridad de estos migrantes ya que la política migratoria no es competencia de los estados. Hace apenas una semana, ICE demostró claramente esta realidad de nuevo con cuatro días de redadas denominadas “Operación Ciudad Segura”. Estas redadas se enfocaron exclusivamente en localidades santuario y lograron detener a casi 500 personas, de los cuales 101 fueron arrestadas en Los Ángeles.
Es un acontecimiento de gran importancia que el estado más grande y con la población mexicana más numerosa de EEUU se haya declarado legalmente un “estado santuario”. Sin embargo, la cuestión de los derechos de los indocumentados continuará siendo un conflicto en plena evolución durante los próximos años. Por lo tanto, es importante reforzar el trabajo de comunicación y difusión de los consulados y asociaciones mexicanas en el extranjero acerca de los cambios en estas leyes y sus implicaciones. Ampliar y fortalecer los programas para mexicanos retornados como “Somos Mexicanos” y los fondos de apoyo a migrantes serán también acciones clave. A pesar de ser una lucha política al interior de Estados Unidos, la incertidumbre jurídica y política en torno a las políticas migratorias en las ciudades santuario tendrán un impacto inevitable para los mexicanos en ambos lados de la frontera.
Dr. Benjamin Bruce
El Colegio de la Frontera Norte[:]
