*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte.*
La desaparición de personas es una dolorosa problemática en México; hoy en día es difícil imaginar una persona que no tenga al menos un conocido que ha buscado a un ser querido del que no sabe su paradero.
Esta semana, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) cuenta más de ciento diez mil personas desaparecidas o que no han sido localizadas. Lamentablemente, el treinta por ciento de esas personas se contabiliza en la frontera norte, siendo Tamaulipas el estado que más desaparecidos reporta (38%) y el segundo con más desapariciones en el país.
De 2010 a la fecha, en Tamaulipas hay casi once mil desaparecidos, lo que representa el ochenta y cinco por ciento de las personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, en toda la historia del registro, lo que evidencia una grave problemática que, cabe señalar, ha sido fundamental para que se hayan gestado al menos una decena de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas y otros tantos colectivos, con cierta regularidad, realicen brigadas de búsqueda en vida y en campos de exterminio tamaulipecos.
En días pasados, Tamaulipas estuvo en el foco de interés nacional porque Delia Icela Quiroa Flores Valdez, a nombre del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, a través de un comunicado difundido en redes sociales, se dirigió a los principales líderes de los cárteles mexicanos para proponerles el “Pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz”, argumentando que los cárteles y los colectivos de búsqueda de personas, por igual, eran abusados por el Gobierno.
Ese pacto fue retomado por Adriana Esthela Flores, de IMER Noticias, durante su intervención en la conferencia mañanera del 30 de mayo, pero la reportera no aclaró que los cárteles fueron el interlocutor del pacto ni mencionó la opinión de los colectivos firmantes sobre el Gobierno.
De buena fe, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respondió a la reportera diciendo que estaba de acuerdo con un pacto de paz porque todos deseamos el logro de dicha paz. Dos días después, en la mañanera que tuvo lugar en Tampico, Tamaulipas, y aprovechando la pregunta de una reportera sobre la seguridad en esa entidad, el Presidente de México –indudablemente ya informado del contexto de la propuesta del pacto y sus destinatarios– aclaró que estaba a favor de las medidas que permitieran vivir en paz, pero que eso no significaba firmar acuerdos con el crimen organizado porque el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad y no se puede renunciar a eso; una clara alusión a la definición de Estado de Weber pues, para ese autor, el Estado es el único que puede tener el monopolio legítimo de la violencia.
Más allá de la politización que ha generado la propuesta de pacto y la manera tendenciosa –o falta de información precisa– con que la reportera cuestionó al Presidente de México sobre el tema, es importante que reflexionemos sobre encontrar estrategias que permitan frenar el incremento de desaparecidos, pues en todo lugar, momento y bajo cualquier circunstancia debemos estar en posibilidades de ejercer nuestro derecho al libre tránsito y contar con la certeza de que nuestra seguridad está garantizada en cualquier rincón del país.
Dra. Artemisa López León
El Colegio de la Frontera Norte
