La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez ha sentado un precedente fundamental para el futuro de la impartición de justicia en nuestro país. Se trata de un fuerte cuestionamiento al sistema penal mexicano y pone en entredicho la actuación de los principales funcionarios relacionados con el caso. A pesar de ello, la conclusión del proceso ha polarizado a la opinión pública nacional. Según las encuestas, la mayoría de los mexicanos está en desacuerdo con la liberación de Florence Cassez. La impartición de justicia no puede ser una cuestión de popularidad.
No podemos hacer tabla rasa de lo sucedido; la justicia debe prevalecer sobre las filias y fobias de quienes analizan esta experiencia. Insisto, las opiniones de los mexicanos se han dividido. Hay quien está a favor de la libertad de Florence Cassez y hay quien quisiera lincharla.
Ese es el punto: una franja importante de mexicanos no clama justicia, quiere venganza. “Asesina” le gritaban al salir del reclusorio en el sur de la Ciudad de México. Hasta donde sabemos no se le acuso de asesinato, sino de plagio. Pero da lo mismo, se exigía castigo ejemplar; era la coartada perfecta para azuzar los sentimientos xenofóbicos: se trataba de una delincuente extranjera.
La primera condición de una democracia de calidad es la vigencia del Estado de Derecho; es decir, la plena vigencia y respeto de derechos y obligaciones. De manera central es condición imprescindible el respeto de los derechos humanos. A quien se le violan y de ello resulta una sentencia condenatoria debe ser absuelto, independientemente de los cargos imputados. El hecho es que en el caso de la ciudadana francesa, no fue uno sino varios de sus derechos que no se respetaron: iniciando por la presunción de inocencia, el debido proceso, la asistencia consular, la puesta a disposición inmediata del ministerio público, entre otros.
El montaje burdo que se hizo para la televisión un día después de su captura debió haber sido suficiente para ser absuelta hace 7 años. No fue así. Ahora, en una decisión apegada a derecho, 3 de los 5 ministros conceden el «amparo liso y llano» que significó la libertad absoluta. Desde luego que ello ha indignado a buena parte de la sociedad. Pero cuando uno escucha el testimonio sobre el montaje o la fabricación de pruebas, no puede más que saludar la decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Quienes ordenaron el montaje deben ser llevados a un juicio (justo). Es el momento de dejar atrás el “haiga sido como haiga sido”, que ha destruido el sistema de impartición de justicia mexicano y ha vulnerado la vida pública nacional.
Como el sistema judicial ha sido el territorio de la corrupción y la injusticia, muchos mexicanos defienden la idea de que por la apariencia algunos como la francesa Cassez deben ser encarcelados de por vida. No importa la ley, lo importante es que alguien pague por nuestras desgracias y frustraciones. Linchamiento, espectáculo, juicio sumario: eso se exige.
El caso debe ser un parteaguas en la historia judicial mexicana; pero también debemos iniciar una discusión sobre la impunidad de los monopolios televisivos y la responsabilidad de los medios de comunicación. Si gran parte de la decisión de la Suprema Corte de Justicia se basó en el montaje, quien lo ordenó y lo llevó a cabo deben ser llevados a juicio. Porque ahora rasgarse las vestiduras y exigir venganza es la peor vía para impartir justicia. Los derechos humanos deben ser respetados a todo mundo; incluyendo a los delincuentes; si queremos juicios sumarios sin ley, olvidémonos de la democracia. Pero de ahí a reivindicar el Estado totalitario sólo hay un pasito.
Sé que este artículo será cuestionado por quienes hubieran deseado que Cassez se quedara 60 años recluida. Las cárceles están llenas de personas inocentes a quienes se les violaron sus derechos y aun así se les condenó. Espero que este caso sirva para impedir que ello siga sucediendo y que finalmente la ley impere sobre las filias y fobias de los supuestos impartidores de justicia. Miles de casos deben ser revisados. Debemos exigir que las leyes no se apliquen de manera discrecional.
