Cuando vemos los datos de la CNDH sobre secuestros y otras violaciones de derechos humanos de los inmigrantes, dando cuenta de más de 9 mil víctimas, sin que se haya procesado y sentenciado a más de cinco servidores públicos (policías o militares) implicados en esas violaciones de derechos humanos por testigos presenciales o por otras evidencias, podemos apreciar el grado hasta el cual los mexicanos hemos tolerado la impunidad con la que se violan las leyes en nuestro país y la impunidad con la que el Estado mexicano incumple las obligaciones que le imponen nuestras leyes -particularmente lo concerniente a la reforma de 2011 que hizo nuevo el artículo 1o. de la Constitución- además de los acuerdos internacionales firmados y ratificados por nuestro gobierno.
Lo saco a colación por el contraste con un caso de lo opuesto a la impunidad que ocurrió en Estados Unidos. Se trata del caso de Juana Villegas. Una mexicana de 28 años con un hijo de 3, con nueve meses de embarazo, quien fue detenida en 2008 por los alguaciles del condado de Davidson, que incluye a la ciudad de Nashville, capital del estado de Tennessee, por haber cometido una infracción menor de tránsito. A pesar de las súplicas de Juana a los alguaciles alegando el avanzado estado de su embarazo, fue llevada a una cama de hospital a la que fue esposada, horas antes de dar a luz. Juana buscó la ayuda de una ONG de la comunidad latina de Nashville, cuyas lideresas no tardaron en organizar una marcha de protesta ante el edificio de la Suprema Corte del estado, usando en sus pancartas el caso de Juana como ejemplo de la manera injusta en la que se pone en práctica el «programa 287g» que consiste en acuerdos de las autoridades de inmigración (ICE Immigration and Customs Enforcement) con las policías estatales y municipales para arrestar a quienes cometan delitos graves para ponerlos en manos de ICE para su deportación. Los manifestantes ejemplificaron en sus pancartas el caso de Juana como una violación a sus derechos humanos al ser arrestada por una infracción menor, en contravención a lo dispuesto por el programa 287g diseñado para arrestar solo a los delincuentes mayores y como un caso de discriminación por lo que en Estados Unidos se entiende como «police profiling» -ser arrestado ilegalmente por apariencias raciales, tales como el color de la piel-. El caso es que los abogados de esa comunidad latina no solo organizaron la marcha sino que demandaron a la oficina del alguacil del condado y ganaron. El año pasado, un jurado determinó otorgarle a Juana la cantidad de 200 mil dólares que debería pagarle la oficina del alguacil del condado como indemnización por las violaciones a sus derechos cometidas por sus policías. Además, el caso de Juana generó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de Tennessee en la que se cuestiona la legalidad del acuerdo entre la oficina del alguacil del condado y las autoridades de inmigración (ICE) para poner en práctica un programa tipo 287g en el estado. Esa demanda dio lugar para que el jefe de esa oficina estatal, Daron Hall, anunciara a principios de agosto que no renovará el convenio con ICE, mismo que desde 2007 había puesto en proceso de deportación a más de 10 mil indocumentados, la gran mayoría mexicanos, lo que la comunidad latina de Nashville celebró como una victoria a partir del apoyo que le dieron al caso de Juana Villegas que ilustró cómo se violan los derechos de los que fueron arrestados, básicamente por el color de su piel, como fue en el caso de Juana. Este caso culminó en que un juez de Tennessee le concediera a Juana una «visa U» -visa humanitaria- que le permitirá a ella y a su hijo permanecer legalmente en Estados Unidos. Véase: La Opinión y Agencia EFE. Al leer sobre el caso de Juana no pude evitar un sentimiento de algo así como «envidia de la buena». Cómo me gustaría que en mi país se dieran las condiciones que permitieran casos como el de Juana, que contrasta con las evidencias de la CNDH acerca de militares que han violado a jóvenes centroamericanas sin que pase nada o de funcionarios del INM que fueron acusados de estar involucrados en casos de trata de niñas guatemaltecas para su explotación sexual.
