En las últimas semanas tuvo lugar una fuerte discusión pública en torno a diferentes dictámenes aprobados en las comisiones de Reforma del Estado y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California. Si bien, dichos dictámenes van desde la creación de nuevos órganos como la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, pasando por hacer concurrentes las elecciones federales y estatales a partir de 2018, la cancelación de las prerrogativas a los partidos políticos, la creación de la figura del síndico social, la obligación del registro de compromisos de campaña para los candidatos, así como pruebas antidoping; el tema que centró la atención y generó polémica fue el del posible aumento en el número de diputados.
Como sabemos, el tema del tamaño del Congreso, a nivel federal como local, siempre ha sido sumamente polémico. Para la sociedad mexicana, tanto diputados como senadores ocupan los últimos lugares en la escala de valoración positiva respecto al resto de las instituciones públicas. Para la inmensa mayoría de los mexicanos los diputados son flojos, ineficientes, mal preparados y reciben demasiado dinero: al final, lo que más parece importar es que resultan muy caros. Por lo tanto, el consenso es que se deben de reducir el número de diputados. Pero todavía más; se piensa que los de representación proporcional ni siquiera son elegidos, con lo cual se agrava la percepción.
Por eso resulta tan impopular la propuesta de aumento en su número. Me parece que estamos ante un debate equivocado, por varias razones. En primer lugar, la representación proporcional cumple un cometido democrático: darle voz a las minorías. Dicha figura se aprobó en 1996. Si no existieran, una parte importante de la sociedad no tendría ningún tipo de representación en el Congreso. Si sumamos los votos de esas minorías, podríamos concluir que juntos llegan a alcanzar más votos que quien obtiene el segundo lugar.
Hay países que han optado por una composición total de los congresos basada en la representación proporcional; se trata de países de democracia consolidada que han decidido que en el Poder Legislativo tiene que ser incluida la representación de toda la sociedad: esto sucede en Alemania, Noruega, Suiza y España, así como en Brasil y Argentina. Un total 99 países han adoptado ese sistema de inclusión. Mientras que en otros 17, incluido México, han apostado por un sistema mixto y en otros 58 se sigue el sistema de mayoría relativa.
En segundo lugar, considero que la ineficiencia de los congresos se puede resolver a través de la mayor especialidad y de la profesionalización del trabajo en las comisiones. No es un problema de número, sino de capacidades. En tercer lugar, los diputados de mayoría relativa son electos en distritos uninominales; es decir, hay un proceso de distritación que responde al número de habitantes. Entre más crece la población, aumenta el número de distritos y con ellos de sus diputados. Para resolver el desafío que representa dicho incremento de la población, tendríamos que optar por un sistema distinto; por ejemplo el de la totalidad de la conformación por la vía de la representación proporcional: se fija un número total de diputados, pero acceden al Congreso según el número total de votos obtenidos por el partido, fijando un porcentaje mínimo para su inclusión.
El tema del costo también tiene solución: reduciendo sustancialmente los ingresos de los representantes. Ahora bien, habría que analizar la reelección legislativa como una medida para evaluar a los diputados cada tres años. En todo caso, si aumenta el número de diputados de mayoría y disminuyen los de representación proporcional, propongo que los dos partidos mayoritarios no obtengan diputaciones de representación: que estas sean para los partidos pequeños. El objetivo es que el Congreso sea incluyente y se busque que se encuentre representada toda la sociedad.
