CAnte la obligación de nuestro país de entregar en este año casi seiscientos millones de metros cúbicos de agua a los Estados Unidos, para cumplir con lo establecido en el Tratado de Aguas firmado con ese país en 1944, se han generado conflictos regionales: Los grupos de agricultores y ganaderos de los estados de Chihuahua y Tamaulipas presionan para poder mantener el control sobre el agua que consideran de su propiedad.
El tratado de 1944 delimita los derechos de México y de Estados Unidos sobre las aguas de los ríos que cruzan por sus territorios; Tijuana, Colorado y Bravo/Río Grande. En general, de las aguas del Río Colorado se asigna a México un volumen de poco más de mil ochocientos millones de metros cúbicos cada año. Mientras que de las aguas del río Bravo se asigna a los Estados Unidos, en promedio y en ciclos quinquenales, un volumen redondeado de dos mil millones ciento cincuenta y nueve mil metros cúbicos. En ese mismo tratado se establece que los faltantes que se registren en las entregas de México al final del ciclo se repondrán en el ciclo siguiente.
Un reporte al Congreso de los Estados Unidos, publicado a finales de 2018 (Sharing the Colorado River and the Rio Grande: Cooperation and conflict with Mexico), señala que México no ha cumplido con sus entregas anuales en cuatro ciclos quinquenales; 1992-1997, 1997-2002, 2002-2007 y 2010-2015. Se concluye en ese documento que la falta de predictibilidad y consistencia de las entregas de agua por parte de México constituye un punto de tensión entre los intereses de la cuenca y evidentemente de las relaciones entre ambos países.
Con respecto al presente ciclo, que comenzó el 25 de octubre de 2015 y termina el 24 de octubre de 2020, las entregas contabilizadas a finales de enero de este año son de mil quinientos setenta y un millones de metros cúbicos; restan por entregar a Estados Unidos poco menos de 600 millones de metros cúbicos. La posibilidad de incumplimiento en este ciclo y la vigilancia del Congreso de los Estados Unidos crea un contexto de presión para los responsables de la administración del agua en México.
El 3 de diciembre del año pasado y con el fin de buscar acuerdos que permitieran cumplir con el tratado de aguas, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México varios secretarios de estado, los gobernadores de los estados del norte y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Oficialmente se reportan dos acuerdos que reflejan prioridades discrepantes: “1) Atender por parte de Conagua las solicitudes de los distritos de riego con relación a sus concesiones (sic), de la cuenca del Río Bravo, en términos de su ciclo agrícola pendiente de los estados presentes (sic). 2) El cumplimiento estricto y obligado del Tratado de 1944 y que se hace en el reconocimiento de todos, de qué obligaciones de carácter internacional (sic), firmadas y suscritas por México, deben ser cumplimentadas a cabalidad” (SEGOB, Comunicado No. 79/2019)
Al inicio de este año la Conagua anunció que para cumplir con el tratado se extraerían mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla y 100 millones de metros cúbicos de la presa conocida como El Granero- ubicadas ambas en Chihuahua. Casi el doble del volumen comprometido para cumplir con las entregas del tratado. Para evitar la extracción de agua, el 10 de enero agricultores de Chihuahua cerraron el acceso a la presa El Granero. La Conagua pidió el 4 de febrero la intervención del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para evitar que la presa La Boquilla fuera tomada. El 5 de febrero agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo hicieron retirarse a la Guardia Nacional y tomaron la presa. El gobernador del estado de Chihuahua apoyó a los usuarios de los distritos de riego de su estado y pidió que se respeten y garanticen sus derechos de agua.
En esta semana, los dirigentes de los módulos de usuarios 005 y 113 y el presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua publicaron un comunicado en el que exigen mil millones de metros cúbicos para irrigación de sus cultivos. Mientras que, el Secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, declaró que 200 mil hectáreas del distrito de riego 025, requieren agua “antes de los próximos 20 días”, además de que eso evitaría las pérdidas por evaporación, por lo que exhortó a no aplazar más allá de febrero el envío de agua de la presa La Boquilla.
Además de la interrogante sobre cómo se llegará finalmente a un acuerdo entre usuarios y gobierno para resolver el cumplimiento del Tratado en este ciclo, una cuestión importante que surge es ¿De quién es realmente el agua en México? El precepto constitucional de que el agua es propiedad de la Nación no parece ser útil cuando se trata de apropiarse de su uso. ¿Bajo el actual marco legal, se puede considerar que alguien que obtenga una concesión para aprovechamiento hace de su “propiedad” el agua de cierta fuente? Aunque esta concepción puede considerarse errónea es la causa de conflictos hídricos.
